Con una ley pionera y mercados dispuestos a pagar por alimentos sanos, la producción orgánica en Costa Rica se reduce; un informe de Mideplan y la UNED advierte fallas en la gestión pública.
En Costa Rica hay más de 3.000 familias que cada día se levantan al amanecer para cumplir una promesa: producir alimentos que no envenenen la tierra, el agua ni a la gente. Han renunciado a los agroquímicos y apostado por la biodiversidad, los abonos naturales y la paciencia. Producir así exige un trabajo intensivo, pero también representa un acto de lealtad con el planeta. Y, sin embargo, hoy esa promesa está en retroceso.
Como parte de la Agenda Nacional de Evaluación, Mideplán y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) documentaron vacíos graves en la implementación de la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley 8591): falta de planificación, presupuesto insuficiente, carencia de recursos humanos capacitados y opacidad en la rendición de cuentas. A nuestro juicio, estos problemas evidencian el abandono institucional del sector orgánico. Mideplán reconoce lo avanzado del diseño conceptual de la legislación, pero evidencia que la gestión pública no ha acompañado su cumplimiento, lo que respalda aquello que las personas productoras llevamos años denunciando.
Las cifras lo confirman: el área certificada como orgánica cayó cerca de un 16% entre 2022 y 2025, según registros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Al mismo tiempo, nuestras exportaciones orgánicas hacia el mercado europeo disminuyeron un 12% en 2025 con respecto a 2024, pese al crecimiento de la demanda global de productos orgánicos, según FiBL.
Las personas productoras destacan que la ley creó espacios de trabajo conjunto entre los sectores público y privado: la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, el Departamento de Agricultura Orgánica y la Unidad Técnica, entre otros. Estos espacios de sinergia fortalecían el crecimiento del sector. Hoy, todas estas instancias están desmanteladas. En 2020 había cuatro personas dedicadas a la agricultura orgánica en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); ahora no hay personal dedicado exclusivamente al tema.
Además de los desafíos macroeconómicos que enfrenta actualmente el sector agrícola exportador, las personas productoras orgánicas soportan una carga adicional. Cumplen regulaciones tributarias y sanitarias, financian certificaciones nacionales e internacionales y se someten a inspecciones constantes en un proceso vigilado por el SFE. Aunque consideran estos controles vitales para garantizar la confianza de las personas consumidoras, los cambios constantes en las regulaciones desmotivan su esfuerzo y compromiso.
Finalmente, cuando una persona productora que cumplió todas las reglas e inspecciones llega al mercado, debe competir con productos que se venden como “orgánicos” sin certificación. El término “orgánico”, protegido por ley, pierde valor debido a su uso indebido en el mercado interno y a la falta de un control articulado entre el MAG y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), problema también señalado por Mideplan. Esta competencia desleal desalienta a las personas productoras y genera confusión entre quienes consumen estos productos.
¿Qué proponen el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) y el informe de Mideplán? Medidas urgentes: reinstaurar la oficina de agricultura orgánica en el MAG con personal capacitado, establecer un sistema efectivo de control del etiquetado entre el MEIC y el MAG, y lanzar campañas educativas dirigidas a las personas consumidoras. En resumen, piden cumplir la Ley 8591. También proponen modificar las regulaciones de control mediante procesos participativos con el sector.
Se trata de una inversión con múltiples retornos: alimentos más sanos, menos químicos en los ríos y suelos, y una oferta exportable que conserva su valor mediante la protección de la integridad del sello orgánico.
Si Costa Rica aspira a proteger su imagen como país que cuida la naturaleza y quiere dejar de figurar entre los países de la OCDE con mayor intensidad de uso de plaguicidas por hectárea, debemos apoyar a quienes buscan cambiar esa realidad mediante la siembra. No es caridad, sino coherencia. Las personas productoras orgánicas están a la vanguardia y, mediante un enorme esfuerzo, buscan e implementan alternativas reales al abuso de agroquímicos. La producción orgánica no es un lujo: es una inversión en salud, resiliencia y futuro.