El 8 de mayo ocurrió el traspaso de poderes. Como sucede cada cuatro años, los analistas políticos han empezado a especular sobre el futuro. Dentro de esa discusión destaca la idea de que la pasada elección fue producto de una promesa de cambio: purgar al país del sistema que, a ojos de una parte de la población, causó su miseria. Muchos se han apresurado a sugerir que el éxito del Gobierno dependerá de sus acciones a favor o en contra de las poblaciones que le dieron el triunfo. También aseveran que podría existir una posibilidad de capitalizar el desgaste político del oficialismo e invertir el rumbo del país.
Este cuestionamiento, sin embargo, llega tarde. La continuidad electoral del proyecto oficialista, con márgenes sustancialmente superiores en la periferia, muestra que posiblemente el costarricense ya hace tiempo se olvidó de cómo es vivir bien, y que la política hoy se piensa más por el hígado que por cualquier otro lugar.
En muchas ocasiones, las visiones infantiles y simplistas terminan siendo las más precisas para describir una sociedad. En este caso, el sentimiento de venganza, generalizado en la ciudadanía por medio del discurso público de la clase política, ha hecho poco más que degenerar la política y provocar que pierda su significado tradicional. El aumento en la participación cívica deja claro que la ciudadanía costarricense efectivamente actúa como fiscal del Gobierno. Sin embargo, eso no significa que su labor fiscalizadora tenga calidad.
La comprensión de la presidencia chavista no puede darse únicamente mediante sus logros. Son las ideas que la rodean las que ameritan mayor interés. Para entenderlas, es necesario emprender un viaje a la Costa Rica de finales de siglo, cuando una facción disidente de Liberación Nacional protagonizó una nueva forma de entender la política, no basada en la evaluación de los resultados, sino en la retórica.
El país tuvo que esperar un cuarto de siglo para encontrarse frente a un sucesor legítimo de ese legado de “antipolítica”. Sin embargo, eso no impidió que esta visión se propagara. Citando a Richard Sennett en The Fall of Public Man, el costarricense se ha convertido en espectador de personajes políticos que ya no rinden cuentas por sus actos, sino que ofrecen sus sentimientos e intenciones.
Esto resulta problemático en la práctica porque, a diferencia de las acciones, los discursos resisten cualquier narrativa. No sorprende, entonces, el conformismo que ha permeado la vida costarricense, desde las más altas esferas de la gestión pública hasta las vivencias del día a día. Producto de ese conformismo surge la idea de que, por encima de la falta de visión y la ineptitud, la corrupción era el mayor problema que carcomía a nuestra patria.
Con respecto a esto último, el oficialismo fundamenta su pensamiento en la idea de que ciertos grupos de poder controlan el país. Su visión de desarrollo depende enteramente de la eliminación de esos grupos. Esa premisa es errónea. A través de fenómenos como la erosión de los partidos políticos, el país perdió no solamente su rumbo, sino también sus liderazgos consolidados. Coloquialmente, podríamos afirmar que Costa Rica es “tierra de nadie”, y gran parte de la crisis institucional sufrida se debe a esto.
Resulta incómodo recordarlo para el partido de gobierno: cuando Rodrigo Chaves “salvó” al país en 2022, fue precedido por un presidente que había rechazado la asesoría de la política tradicional meses atrás. Esto ocurrió al amparo de un texto cuyo título fácilmente podría iniciar una conferencia de los miércoles: El bipartidismo trasnochado no merece un nuevo aire. Está de más decir que este hecho no ha impedido que los ideólogos de Zapote sigan posicionando la narrativa de que las élites están confabuladas para abusar del hombre común.
El rol del Gobierno, de manera contraintuitiva, ya no consiste en gobernar, sino en despertar al “pueblo”, nótese la distinción con respecto a “ciudadanía”. Despertar, en este contexto, significa otorgar una conciencia de clase que permita reinterpretar los hechos a favor de cierto grupo de políticos.
Hace unos meses, una amistad celebró la cancelación de un proyecto de obra pública en su comunidad. Curioso, le pregunté la razón. Indicó que también beneficiaba a una de las “familias enemigas del pueblo”. La antipolítica costarricense ignora activamente principios como el bien común, usuales en nuestra historia política.
La Segunda República fue definida por la política propositiva, plasmada en sus logros. Es lógico que su sucesora se rija por criterios distintos. Quedó en el olvido la era de las discusiones de ideas, la cohesión entre los distintos estratos sociales y el mejoramiento de Costa Rica. Quizás por esa precisa razón la Segunda República resulta una institución arcaica para la Costa Rica del mañana, como lo ha hecho saber la presidenta.
Reconocer el impacto y los peligros de la antipolítica constituye el precedente indispensable para sanar la raíz de nuestras divisiones. Sin embargo, la solución no es sencilla; involucra mucho más que meras reformas institucionales: exige un cambio de cultura. La tarea consiste en rescatar la política verdadera.
Si la promesa de una “Tercera República” ha de cumplirse, no debe nacer del rencor, sino heredar la grandeza de su predecesora sin las contradicciones que motivaron su declive. El paso siguiente está rodeado de incertidumbre y las fracturas en la sociedad son demasiado profundas para sanarlas en el corto plazo. Pero si algo queda claro en este nuevo horizonte es que resulta imposible volver al estado anterior.