El estudio advierte que los hogares más pobres destinan el 44,1% de sus ingresos a productos de la canasta básica, mientras que los de mayores ingresos dedican el 9,9% a esos gastos.
La Universidad Nacional (UNA) divulgó un estudio elaborado por Leiner Vargas Alfaro, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), que advierte que elevar del 1% al 13% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica tributaria afectaría más a los grupos de menores ingresos que a los hogares más adinerados.
La UNA divulgó el análisis luego de las declaraciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, quien la semana pasada señaló que el Gobierno no descarta eliminar la tarifa reducida del IVA para los productos de la canasta básica tributaria que compran los hogares de mayores ingresos.
El informe señala que, aunque el Gobierno ha planteado devolverles el impuesto a las familias de menores ingresos o implementar un mecanismo de identificación para que no paguen la tarifa completa, existen riesgos de que esas medidas no alcancen los objetivos propuestos.
Según la investigación, el aumento produciría un incremento significativo en la recaudación tributaria. Bajo un escenario en el que la tarifa pase del 1% al 13%, el monto recaudado anualmente aumentaría de ₡42.065 millones a ₡546.841 millones, una diferencia cercana al 1% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, Vargas advirtió que la carga social recaería de manera regresiva sobre los hogares:
Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de ₡321.351, el cambio implicaría un 6,7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de ₡604.749 en promedio), el efecto se (sic.) rondaría entre un 4% y un 5%”.
La UNA destacó que el primer quintil destina el 44,1% de sus ingresos mensuales a sufragar gastos relacionados con bienes de la canasta básica, mientras que el segundo quintil utiliza el 28,8%. El informe añade:
Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”.
La investigación encontró que los tres quintiles restantes percibirían efectos menores si el Gobierno aplica el ajuste en el IVA.
Para el tercer quintil, la carga representaría entre el 2,5% y el 3,5% de sus ingresos. El porcentaje bajaría a un rango de entre el 1,5% y el 2% para el cuarto quintil y se ubicaría entre el 0,6% y el 1% para el quinto.
A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para comprar bienes de la canasta básica, el quinto quintil —el de mayores ingresos— percibe un promedio mensual de ₡2.675.743 y destina solamente el 9,9% de ese monto a adquirir esos productos.
Efectos adversos
El análisis de Vargas establece que la medida generaría un aumento directo del 11,9% en el precio final que pagan los consumidores por bienes esenciales como arroz, frijoles, pan y harinas, huevos, carnes de pollo, res y cerdo, lácteos y atún.
La UNA destacó:
Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso”.
El informe advierte que un mecanismo de IVA personalizado, dirigido a compensar a los sectores más vulnerables, puede chocar con la realidad:
Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”.
Entre los riesgos, el estudio menciona que parte de la población vulnerable podría no figurar en sistemas de focalización como el Sinirube. También señala la informalidad del mercado laboral, que afecta a unas 800.000 personas; la población migrante en condición irregular; y las personas adultas mayores que no reciben una pensión contributiva.
Además, el estudio advierte:
La evidencia regional no es alentadora: los esquemas de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”.
Vargas recomendó rechazar la medida en su formulación actual. En caso de que la administración pretenda avanzar por esa ruta, planteó cinco condiciones:
- Verificar previamente —en lugar de ofrecer una promesa posterior— la cobertura efectiva del registro social en el primer y segundo quintil, mediante una auditoría independiente.
- Establecer un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado a un trámite de la persona beneficiaria, con financiamiento protegido presupuestariamente.
- Aplicar gradualidad tarifaria con cláusulas de reversión vinculadas con indicadores observables de pobreza y seguridad alimentaria.
- Evaluar alternativas intermedias de menor costo distributivo, entre ellas depurar la canasta para limitarla a los bienes con mayor peso efectivo en los deciles 1 y 2 de la ENIGH 2024, así como valorar propuestas como la del IICE-UCR, que combinan una tarifa general menor con una base más amplia.
- Realizar una evaluación de impacto independiente y asumir el compromiso de publicar los microdatos y resultados.