El reciente debate sobre el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de San José deja una enseñanza que trasciende el tema de bares, restaurantes o actividades culturales. En mi opinión, la verdadera discusión debe ser otra: la importancia de escuchar a las comunidades antes de tomar decisiones que van a transformar su cotidianidad.
Toda ciudad necesita reglas. Resulta indispensable ordenar la convivencia, proteger el descanso de los vecinos, controlar el ruido y fiscalizar a quienes incumplen la ley. Pero también es cierto que las mejores regulaciones no nacen únicamente de un escritorio: surgen del diálogo con quienes conocen la realidad de cada barrio y vivirán las consecuencias de esas decisiones.
Como bien leí en un artículo, no se puede regular de la misma manera un corredor gastronómico como Barrio Escalante, una zona comercial del centro de la capital o un barrio predominantemente residencial. Cada comunidad tiene su propia dinámica, sus propias necesidades y sus propios desafíos. Precisamente por eso, la consulta previa no debería entenderse como un simple requisito administrativo o una formalidad legal que se cumple cuando el reglamento ya está redactado. Debería ser el punto de partida de cualquier política pública.
Escuchar primero permite identificar situaciones que, desde una oficina, resultan muy difíciles de anticipar.
Un ejemplo claro lo encontramos en la experiencia vivida con la implementación de parquímetros en la urbanización La Salle, en Sabana Oeste. La medida pudo haber respondido a una lógica general de ordenamiento vial, pero pasó por alto una realidad muy particular: se trata de una zona eminentemente residencial, donde gran parte de la vecindad está compuesta por personas adultas mayores y, dentro de ese grupo, muchas superan los 80 años.
No hablamos únicamente de personas que reciben la visita ocasional de un familiar. Muchos de estos vecinos dependen de terapias físicas, atención médica domiciliaria, servicios de enfermería, cuidadores y otros profesionales de la salud que deben desplazarse hasta sus hogares con frecuencia. Hoy, cada una de esas visitas implica un costo adicional por concepto de parqueo, lo que encarece servicios que ya representan una carga económica importante para personas adultas mayores y sus familias.
Las consecuencias también alcanzan el ámbito más humano. Las visitas de hijos, nietos y otros familiares se han vuelto menos frecuentes y, en muchos casos, más cortas. El pago del parquímetro puede parecer un monto pequeño cuando se analiza de manera aislada, pero al multiplicarse varias veces por semana termina afectando la economía familiar y modificando las dinámicas de convivencia y acompañamiento de una población que, precisamente por su edad, más necesita del apoyo de sus seres queridos.
¿Habría sido diferente el resultado si se hubiera consultado previamente a los vecinos? Muy probablemente sí. Tal vez se habrían planteado exoneraciones para residentes, permisos especiales para vehículos que brindan atención médica, horarios diferenciados o incluso la exclusión de ciertas calles donde el objetivo de los parquímetros simplemente no respondía a la realidad existente.
Ese es precisamente el valor de la consulta previa: no impedir que las autoridades gobiernen, sino ayudarles a gobernar mejor.
No todas las comunidades enfrentan los mismos problemas ni requieren las mismas soluciones. Gobernar una ciudad tan diversa como San José exige políticas inteligentes, flexibles y construidas junto con la ciudadanía. La uniformidad puede ser sencilla desde el punto de vista administrativo, pero rara vez resulta justa.
Las mejores decisiones públicas son aquellas que logran equilibrar el interés general con las particularidades de cada comunidad. Para lograrlo, no existe mejor herramienta que el diálogo temprano, transparente y participativo.
Ojalá esta discusión sirva para recordar que escuchar antes de decidir nunca retrasa el progreso. Por el contrario, evita errores costosos, fortalece la confianza entre las instituciones y la ciudadanía, y permite construir soluciones que realmente mejoren la calidad de vida de las personas.
Porque cuando se gobierna escuchando, las políticas públicas dejan de ser simples reglamentos para convertirse en respuestas a las verdaderas necesidades de la gente.