Hay una pregunta incómoda detrás de toda conversación sobre homicidios, accidentes de tránsito o evasión fiscal: ¿hace cuánto tiempo no mejoramos como sociedad? No se trata de pesimismo, sino de un ejercicio honesto de medición. Costa Rica mejoró durante décadas de forma perceptible —parques nacionales, código sísmico, abolición del ejército— pero cuesta nombrar avances equivalentes en los últimos diez años. Esa dificultad para señalar progreso reciente es, en sí misma, un síntoma de que el país ha dejado de practicar deliberadamente el diseño de políticas públicas.
Partamos de una lección histórica: la sismorresistencia costarricense no nació de un decreto aislado, sino de un proceso que comenzó con Braulio Carrillo, se consolidó tras el terremoto de Cartago de 1910 con don Ricardo Jiménez, y maduró en el código sísmico de 1974. Más de un siglo de ajustes continuos. La diferencia entre un edificio que colapsa y uno que resiste —como ilustra el contraste entre el sismo de Nicoya de 2012, sin víctimas mortales, y el terremoto de Haití de similar intensidad, con decenas de miles de muertos— no es la fuerza de la naturaleza, sino la robustez institucional acumulada con el tiempo.
Esa robustez no depende únicamente de que la ley exista, sino de que esté arraigada en la cultura. El sociólogo Émile Durkheim lo resumió con precisión: cuando los valores son suficientes, las leyes son innecesarias; cuando los valores son insuficientes, las leyes son ineficaces. Las normas de tránsito y las tributarias ilustran esa fragilidad: se cumplen mientras hay un oficial cerca o un fiscalizador atento, no porque la comunidad las haya internalizado. En cambio, la legislación de biodiversidad y la desmilitarización sí calaron en el talante nacional, al punto de que hoy resultan casi inimaginables de revertir.
Ese contraste señala el verdadero desafío de la gobernanza pública: diseñar políticas que no dependan del humor de quien gobierna, sino de un método consistente orientado a la sostenibilidad, la prospectiva, la prevención de crisis y la antifragilidad —es decir, sistemas que se fortalezcan, no que simplemente resistan, con el paso del tiempo. La mejor manera de gestionar una crisis es evitarla, y la mejor manera de evitarla es imaginarla con anticipación y diseñar parámetros que conduzcan a su no ocurrencia.
Hoy, sin embargo, el diseño de políticas en Costa Rica carece de una instancia que vele por esos parámetros básicos. Las iniciativas nacen del criterio de un especialista, atraviesan el proceso legislativo —donde se les quita y se les pone, como en una fábrica de salchichas— y terminan siendo, muchas veces, irreconocibles respecto al proyecto original. No existe una entidad pública ni público-privada, que sistematice ese aprendizaje entre gestiones y generaciones.
Construir esa capacidad institucional —ojalá con participación de sector público, privado y de personas con experiencia en cargos pasados y presentes— es quizás la tarea pendiente más urgente. No para imponer una narrativa, que es la tentación fácil de quien gobierna sin escrúpulos, sino para demostrar obras terminadas, sostenibles, que perduren y se robustezcan con el tiempo. Solo así una comunidad que coexiste dentro de un territorio soberano puede volver a preguntarse, con evidencia y no con nostalgia, cuánto ha mejorado.
Artículo basado en el episodio 323 de Diálogos con Álvaro Cedeño titulado “Saber mejorar”.
Suscríbase y síganos en nuestro canal de YouTube, en LinkedIn y en nuestra página web para recibir actualizaciones y entregas adicionales.