Consejo Universitario de la UCR ya se había pronunciado en contra del proyecto en sus versiones anteriores.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto actualizado del proyecto de ley de apertura del mercado eléctrico (expediente 23.414), al considerar que la iniciativa debilita el modelo eléctrico público costarricense y plantea una transformación estructural del sector sin ofrecer garantías suficientes para proteger el interés público. El pronunciamiento reafirma la oposición al proyecto expresada por el Consejo Universitario en 2023 y 2024 frente a versiones anteriores de la iniciativa.
El pronunciamiento se da luego de que el Consejo Universitario recibiera el criterio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y la Facultad de Ciencias Sociales sobre la versión actualizada del texto, el cual concluye que el proyecto propone una reconfiguración profunda del sistema eléctrico nacional, y desplaza un modelo basado en la planificación pública, la solidaridad y el acceso universal hacia otro sustentado en la competencia y la lógica de mercado.
El criterio alerta que, aunque el proyecto formalmente mantiene la rectoría estatal, la propuesta amplía la participación de agentes privados en funciones estratégicas y modifica el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Asimismo, se advierte que la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) traslada funciones estratégicas del ICE a una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lo que "introduce riesgos de conflictos de interés por la participación de agentes empresariales", en su lugar recomienda que el ente encargado de la planificación y operación del sistema debe ser un ente "técnico independiente, de carácter neutral y apolítico" y debería contar con "personas representantes de los sectores público, privado, académico y energético, así como con talento humano altamente calificado en ingeniería".
Además, se indica que la autorización para que entes generadores privados exporten energía al mercado regional "redefine la distribución de beneficios, al trasladar ingresos que antes reducían tarifas a la esfera del lucro privado".
Adicionalmente, se advierte que experiencias internacionales de liberalización eléctrica han evidenciado aumentos tarifarios, deterioro en la calidad del servicio y una mayor vulnerabilidad operativa. El criterio añade:
La apertura del mercado eléctrico en ausencia de un marco regulatorio sólido conlleva riesgos significativos, entre ellos la eventual privatización de los beneficios y la socialización de los costos".
El criterio reconoce que el modelo actual requiere una modernización, pero destaca que "su transformación debe realizarse de manera cuidadosa y técnicamente fundamentada", y recomienda que mientras se avanza en "la formulación de una ley de armonización más robusta", se considere aumentar el límite permitido al ICE para la compra de energía de generación privada.
El expediente 23.414 fue aprobado en primer debate el 26 de mayo anterior (con 27 votos a favor y 24 en contra), sin embargo, desde entonces ha estado fuera de la agenda de sesiones extraordinarias, debido a que no cuenta con los 38 votos requeridos para ser aprobado en segundo debate.