Alcalde asegura que jerarcas del Gobierno buscaron reuniones privadas con él sobre su proceso y acusa al Ejecutivo de bloquear proyectos de San José.
El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, respondió este jueves a la presidenta Laura Fernández Delgado, rechazando que pretenda presionarla por un procedimiento que ella tiene bajo conocimiento y la retó a aceptar una reunión que pueda grabarse íntegramente. El jerarca municipal también aseguró que ministros y otras autoridades del Gobierno buscaron coordinar encuentros privados con él para conversar sobre el caso y preguntó a Fernández si estaría dispuesta a sancionarlos en caso de que le entregue pruebas.
La respuesta ocurre un día después de que Fernández rechazara reunirse personalmente con Miranda bajo el argumento de que debe resolver una recusación presentada por el alcalde contra 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes del Concejo Municipal de San José. La mandataria sostuvo que un encuentro podría someterla a una “presión indebida” y acusó a Miranda de construir una narrativa para cuestionar posteriormente cualquier resolución que resulte contraria a sus intereses.
Fernández no tiene bajo conocimiento una sanción contra Miranda ni le corresponde decidir si el alcalde debe recibirla. Su intervención se limita a determinar si los 17 regidores recusados pueden participar en un procedimiento disciplinario contra el alcalde, pues el cuestionamiento contra esa cantidad de integrantes dejó al Concejo Municipal sin el cuórum requerido para resolver por sí mismo las recusaciones.
El artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública establece que, cuando una recusación impide completar el cuórum de un órgano colegiado que carece de superior jerárquico, la Presidencia de la República debe resolverla. Si Fernández rechaza el planteamiento de Miranda, los regidores podrán continuar conociendo el procedimiento; si lo acepta, deberán incorporarse suplentes o integrantes ad hoc para tramitar específicamente ese asunto.
El procedimiento que originó la recusación surgió de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que cuestionó a Miranda por presuntamente utilizar a dos abogados de la Municipalidad de San José para atender una defensa personal dentro de otra investigación. Según la PEP, ambos funcionarios participaron durante su jornada laboral en una audiencia virtual relacionada con un asunto en el que el alcalde debía responder a título personal.
La Procuraduría también denunció penalmente los hechos por un presunto delito de peculado de servicios, pero la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó posteriormente el sobreseimiento definitivo al concluir que no constituían delito. Esa conclusión en la vía penal no cerró el procedimiento administrativo que tramita el Concejo Municipal, abierto en febrero anterior luego de que el informe de la PEP permaneciera aproximadamente 14 meses sin conocimiento del pleno.
Miranda recusó inicialmente a los cuatro integrantes del órgano encargado de investigar el caso y posteriormente a 17 regidores propietarios y suplentes. Entre sus argumentos alegó que varios de ellos ya participaron en otro procedimiento que terminó con una suspensión de 15 días sin goce salarial contra él, que algunos realizaron manifestaciones públicas en su contra y que determinados suplentes carecían de imparcialidad por su alineamiento político con los propietarios.
Esa sanción anterior, a la que Miranda volvió a referirse este jueves, corresponde a otro procedimiento relacionado con una licitación por $830.000 para adquirir 16 vehículos eléctricos. El Concejo acordó suspenderlo tras concluir que violentó el principio de legalidad y el deber de probidad al intervenir para que la Administración declarara desierta la contratación; Miranda, por su parte, ha sostenido que buscó impedir la compra de “vehículos de lujo” y que el órgano municipal carecía de competencia para sancionarlo. Un tribunal suspendió cautelarmente la ejecución de esa medida en abril mientras resuelve el proceso contencioso administrativo.
En su respuesta de este jueves, Miranda retomó ese episodio al cuestionar la interpretación de Fernández sobre el asunto que ahora debe resolver y sostuvo que se encuentra tranquilo por las decisiones que tomó como alcalde.
Usted tendrá que decidir si apoya la postura de una mayoría de regidores que decidieron sancionarme sin tener la posibilidad jurídica de hacerlo, solo por haber detenido la compra de 16 vehículos de lujo que no beneficiaban a la población en nada".
Miranda también rechazó que sus intentos por conseguir una audiencia con Fernández comenzaran a raíz de los procedimientos en su contra. El alcalde afirmó que solicitó reuniones desde el 3 de febrero y cuestionó que la mandataria leyera públicamente solo una parte de los mensajes privados que intercambiaron. Según su versión, Fernández no le concedió una audiencia y fue hasta junio que el vicepresidente, Francisco Gamboa Soto, lo recibió después de que planteara su preocupación por la atención de personas en situación de calle.
Yo he sido respetuoso en mi tono desde el principio. No quise ventilar las conversaciones tenidas con usted porque mi objetivo siempre ha sido mantener una buena relación por el bienestar de los habitantes de nuestra capital".
Fernández había señalado el miércoles que evita reunirse directamente con Miranda porque no quiere exponerse a una presión mientras tenga pendiente resolver la recusación. El alcalde contestó que ese argumento carece de fundamento y ofreció que cualquier conversación entre ambos quede grabada.
Parece risible, señora presidente, que usted diga que un alcalde puede torcerle el brazo a una presidente. Pero se la pongo fácil: le autorizo a que cualquier reunión que hagamos la pueda grabar y la invito públicamente a demostrar que ese principio de transparencia que usted menciona también aplica para su gabinete".
El alcalde introdujo entonces un señalamiento que no había formado parte del intercambio público previo: aseguró que ministros y otras autoridades gubernamentales intentaron coordinar reuniones privadas con él para conversar sobre el proceso. Miranda no identificó a esas personas ni presentó públicamente las pruebas que dijo poseer.
¿Qué pensaría usted si algunos de sus ministros y autoridades más prominentes quisieron coordinar conmigo reuniones privadas para ver el tema de esta sanción que usted menciona? ¿Estaría dispuesta a usted a reprobar públicamente y sancionar a esas autoridades si yo le hago llegar esas pruebas?".
Bloqueo del Ejecutivo a proyectos de la Municipalidad de San José
Miranda dedicó posteriormente buena parte de su respuesta a sostener que la disputa trasciende su situación personal y que diferentes dependencias del Ejecutivo obstaculizan proyectos o coordinaciones con la Municipalidad. Entre otros casos, mencionó las cancelaciones del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, al Consejo de Seguridad de San José y pidió que el Ministerio de Seguridad mantenga la coordinación que, según dijo, existía durante la gestión del exministro Mario Zamora Cordero.
También señaló dificultades con el Ministerio de Cultura y Juventud para utilizar la Plaza de las Garantías Sociales, donde aseguró que la Municipalidad pretende invertir más de ₡900 millones, y pidió colaboración para intervenir Avenida Segunda mediante un proyecto para el que, según afirmó, el gobierno local dispone de más de ₡2.000 millones.
El alcalde agregó a la lista las solicitudes que recibe para mejorar centros educativos, el uso de La Sabana mediante un convenio con el Icoder y dos proyectos que requieren terrenos de instituciones públicas. En Rincón Grande de Pavas señaló al presidente ejecutivo del Infocoop y secretario general del partido Pueblo Soberano, Freddy González, mientras que en Cristo Rey mencionó a la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleni León Marchena. Miranda aseguró que la Municipalidad cuenta con ₡150 millones para cada uno de esos proyectos.
El jerarca municipal pidió finalmente crear mesas de trabajo sobre tratamiento de residuos sólidos, abastecimiento de agua y atención de personas en situación de calle, y volvió a invitar a Fernández a recorrer conjuntamente sitios de la capital para conocer las necesidades y proyectos del gobierno local.
Doña Laura, le insisto, el tono confrontativo no ayuda a establecer canales de diálogo en un país que necesita de la coordinación, la colaboración y el diálogo desinteresado. Dinamitar puentes no debe ser la práctica repetida todas las semanas en sus conferencias de prensa".
Fernández rechazó el miércoles las acusaciones de bloqueo formuladas por Miranda y sostuvo que el Gobierno sí mantiene coordinación con la Municipalidad de San José. Como ejemplo citó la reunión del alcalde con Gamboa y el vicepresidente afirmó que la estrategia gubernamental para atender a las personas en situación de calle incorporó parte de una propuesta presentada por Miranda.