El viernes pasado, el gobierno que preside Laura Fernández —aunque quien pareciera que verdaderamente lo dirige es Rodrigo Chaves, ahora instalado cómodamente en los ministerios de Hacienda y de la Presidencia— hizo algo que debería quedar marcado en la memoria política de este país: acusó a la Sala Constitucional de dar un golpe de Estado por prorrogar, de manera provisional, el nombramiento de sus magistraturas suplentes. No fue un exabrupto pasajero. Fue una declaración deliberada, respaldada por veinticuatro diputados oficialistas, con la presidenta a la cabeza calificando a los magistrados de “usurpadores” y presentando, apenas días después, una querella penal contra cuatro de ellos.
Digámoslo sin eufemismos: esto es exactamente al revés de lo que ocurrió. Un golpe de Estado implica la ruptura del orden constitucional, la sustitución violenta o ilegítima de los poderes públicos. Eso no lo hizo la Sala IV, cuya resolución respondió a un recurso de amparo y buscó, precisamente, evitar que el país quedara sin tribunal constitucional funcional mientras la Asamblea Legislativa —controlada por el oficialismo— se negaba a nombrar a los suplentes. El propio presidente de ese tribunal, Fernando Castillo, tuvo que comparecer ante los diputados para recordarles algo que cualquier estudiante de primer año de Derecho Constitucional sabe: la Constitución nunca dejó de regir un solo minuto en Costa Rica. No hay golpe donde no hay ruptura.
Lo que sí hay es un patrón. Y ese patrón tiene nombre: el desmantelamiento sistemático de los controles institucionales que le estorban a un proyecto de poder personalista. Rodrigo Chaves lleva años llamando al Poder Judicial “Poder Perjudicial”. No es casualidad retórica; es doctrina de gobierno. El Poder Judicial —a través del Organismo de Investigación Judicial y de una Fiscalía General que ha golpeado con una contundencia inédita al crimen organizado— se convirtió en el actor institucional más incómodo para un oficialismo que necesita debilitarlo antes de que termine de investigar lo que le incumbe directamente. No hablamos de sospechas etéreas: el propio Chaves enfrenta una acusación fiscal por concusión en el caso conocido como BCIE-Cariñitos, vinculado a un contrato pagado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras tanto, ha usado la inmunidad y el poder del cargo, primero como presidente y ahora como ministro en Zapote, para blindarse de cualquier consecuencia.
La secuencia de los últimos días no deja lugar a la ambigüedad. Primero, el bloqueo legislativo al nombramiento de magistrados suplentes, una maniobra calculada para inclinar la correlación de fuerzas dentro del tribunal constitucional a favor del oficialismo. Cuando la Sala IV impidió que esa maniobra dejara al país sin garantías constitucionales, el gobierno respondió no con argumentos jurídicos, sino con una ofensiva política: la etiqueta de “golpe de Estado”, la querella penal contra los magistrados, el anuncio de que no acatará el fallo —un hecho sin precedentes en la historia democrática costarricense— y, para completar el cerco, recortes presupuestarios al Poder Judicial justo cuando el fiscal general y el director del OIJ denunciaban que se les quitan recursos en medio de operativos clave contra el narcotráfico. Y, por si hiciera falta subrayar la intención, una reforma constitucional en danza para arrebatarle al Poder Judicial cualquier papel en el nombramiento de sus propios jueces.
Nada de esto se sostiene en la defensa de la “voluntad popular” que el oficialismo invoca cada vez que un tribunal le pone un límite. Una república constitucional no funciona por mayoría simple ni por plebiscito permanente. La Sala Constitucional existe exactamente para eso: para determinar si quienes gobiernan, por más votos que hayan sacado, actúan dentro de los márgenes que la Constitución permite. Cuando el poder de turno decide que la única resolución legítima es la que le conviene, ya no estamos ante un desacuerdo institucional. Estamos ante el diseño, pieza por pieza, de una arquitectura sin separación de poderes, donde el Ejecutivo manda, la Asamblea obedece y el Poder Judicial calla o es sometido a juicio.
Frente a esto, algo se movió en el país que ningún operador político planificó desde un despacho. Este jueves, de manera casi orgánica, miles de costarricenses salieron a las calles bajo la consigna de los “Plantones por la Justicia Democrática”: en la Plaza de la Democracia, en San José, pero también en Liberia, Nicoya, Palmares y San Carlos. No fue una marcha partidaria ni una convocatoria con maquinaria detrás. Fue sindicatos, colectivos ciudadanos, gente común y hasta expresidentes convocándose a sí mismos para decir, sin gritos destemplados, que la independencia judicial no se negocia y que la democracia tampoco. Esa reacción pacífica y multitudinaria es, hoy por hoy, el signo más alentador de que Costa Rica todavía no se resigna al guion que Chaves y Fernández parecen haber escrito para el país.
La pregunta que debería quitarnos el sueño no es si hubo o no un golpe de Estado el viernes pasado —no lo hubo, y decir lo contrario es una operación de propaganda burda—. La pregunta es cuánto más está dispuesto este gobierno a erosionar antes de que la ciudadanía entienda que la amenaza real no viene del tribunal que aplica la Constitución, sino de quienes, desde el poder, se niegan a aceptar que existan límites para ellos.