Cuando era niño, uno de los cuentos más tradicionales que escuchaba era la historia de Pepito y el Lobo, en la que un niño que era pastor de ovejas siempre bromeaba con que el lobo atacaba al rebaño que estaba a su cargo, pero el día que el hecho ocurrió realmente nadie le creyó por sus reiteradas bromas.
Hoy me pregunto si es que el lobo se apoderó de la democracia costarricense y nadie hoy lo cree.
Para evaluar el tema, se hace necesario aclarar que la democracia rara vez desaparece de un día para otro. La historia demuestra que los sistemas democráticos suelen deteriorarse gradualmente mediante una acumulación de decisiones políticas, discursos polarizantes, debilitamiento institucional y concentración de poder. Las dictaduras contemporáneas pocas veces nacen mediante golpes militares tradicionales; más bien emergen a través de procesos paulatinos donde las instituciones continúan existiendo formalmente, pero pierden capacidad real para controlar al poder político.
Bajo esta línea, se hace importante señalar que Costa Rica ha sido históricamente considerada una de las democracias más sólidas de América Latina gracias a la fortaleza de sus instituciones, la independencia judicial, la vigencia de la libertad de prensa y una importante inversión social que permitió durante décadas reducir desigualdades.
Sin embargo, diversos acontecimientos recientes han despertado preocupaciones legítimas sobre el estado de la democracia costarricense y la dirección que podría estar tomando nuestro sistema político.
Como dicen por ahí, dato mata mentiras, entonces analicemos un poco la realidad actual del país con datos recientes:
Los últimos recortes al Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) implican que aproximadamente 2.300 familias dejarían de recibir el bono de vivienda que se había proyectado para el año 2026, según información divulgada por el propio sector vivienda. El recorte de aproximadamente ₡30.000 millones reduce significativamente las metas establecidas originalmente y podría afectar proyectos habitacionales, listas de espera y oportunidades de acceso a vivienda digna para miles de hogares, afectando la seguridad social de las familias más necesitadas.
Igualmente, el recorte anunciado al presupuesto del Poder Judicial para el año 2026, por el actual ministro de Hacienda y expresidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de alrededor de ₡35.330 millones, genera un impacto directo en la seguridad nacional y el combate al crimen organizado.
Esto sin sumar los recortes a otras áreas, como el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, que ronda el 5,9% y afecta a entidades adscritas como el Consejo Nacional de la Persona Joven y el Centro de Producción Artística Cultural.
¿Y qué decir de la deuda acumulada del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual se proyecta para este 2026 en casi un 9% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, ₡4,4 billones, lo que afecta aproximadamente a 2.050.000 trabajadores costarricenses?
Súmele a todo lo anterior el deterioro del diálogo democrático que actualmente existe en el país.
En pocas palabras, los datos son claros: el lobo ya está en Costa Rica y ese lobo viene camuflado de muchas formas, entre las que se encuentran la polarización política extrema, la alianza de sectores religiosos y partidos políticos y la reducción de la libertad de expresión.
La actual relación entre organizaciones religiosas y actores políticos merece una reflexión profunda.
Las iglesias poseen pleno derecho a participar en la discusión pública sobre asuntos éticos y sociales. Sin embargo, cuando estructuras religiosas se convierten en instrumentos de movilización electoral o cuando determinados liderazgos políticos buscan convertir la fe en una herramienta de control político, pueden surgir tensiones con los principios de pluralismo y libertad de conciencia.
Lo anterior ha generado que esté muy de moda en nuestro país que a cualquier persona que piense diferente se le llame zurdo, comunista, desviado, entre otros calificativos, con los que se busca generar una política de miedo y persecución que evita el debate real de los diferentes temas, fundamentado en argumentos razonables y verificables.
El resultado es claro: una estrategia política eficaz para movilizar bases electorales, con el discurso y la necesidad real de poner la casa en orden, utilizando algunas fuerzas políticas para tratar de concentrar el poder en sus manos.
Esto es muy atractivo, ya que no es del todo irreal. Muchos estamos disconformes con decisiones desafortunadas de gobiernos anteriores, pero eso tampoco significa que este gobierno tenga una verdad absoluta.
La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de gobiernos que iniciaron cuestionando tribunales, organismos fiscalizadores o medios de comunicación para posteriormente intentar controlar o reducir su independencia y, con eso, tratar de consolidar el poder.
En la actualidad, ese discurso de que todo lo que hacen los demás es malo, menos lo que hago yo, ya no es válido.
Este gobierno se presenta como la continuidad del anterior, por lo que ya ha estado más de cuatro años en el poder y sus resultados no demuestran que exista gran diferencia con sus antecesores. Veamos cifras:
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica proyecta una reducción de ₡373.390 millones en la recaudación de impuestos para el cierre de 2026 debido a la desaceleración del mercado interno.
Esto se debe a una serie de políticas económicas aplicadas desde el gobierno anterior y a una política cambiaria que ha sido sumamente cuestionada por muchos sectores comerciales del país.
En otro tema, y siendo transparente sobre el hecho de que es difícil afirmar que este año aumentarán o disminuirán los crímenes en el país, sí se puede afirmar con certeza que, en Costa Rica, el crimen evoluciona hacia estructuras más peligrosas, con mayor poder financiero y redes de corrupción. Cada día vemos crímenes más violentos y de mayor complejidad.
Siendo quizás lo más alarmante que, como sociedad, estamos normalizando estas prácticas o acostumbrándonos gradualmente a ellas, cuando antes habrían generado alarma.
Por tanto, ha llegado la hora de hacer una reflexión profunda y cuestionarnos como sociedad quién gana en estos temas y quién pierde.
¿Por qué es tan importante la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial?
¿Y por qué se hace necesario tener presente que la independencia judicial no protege únicamente a jueces y magistrados? Protege a cada ciudadano frente al abuso del poder estatal.
Por esta razón, los intentos de limitar recursos, desacreditar permanentemente resoluciones judiciales o construir una narrativa de confrontación constante contra los tribunales generan preocupación en sectores académicos, jurídicos y democráticos. También debemos preguntarnos quién sale ganando con estos discursos y qué busca realmente.
En una democracia madura, ningún ciudadano debe sentirse intimidado por expresar opiniones contrarias al gobierno de turno. La libertad política implica precisamente el derecho a disentir.
La pregunta central no es si Costa Rica vive actualmente una dictadura. Desde una perspectiva jurídica e institucional, Costa Rica continúa siendo una democracia constitucional con elecciones libres, división formal de poderes y libertades fundamentales.
La interrogante relevante es otra: ¿existen señales de deterioro democrático que deben ser tomadas en serio?
La respuesta exige vigilancia ciudadana permanente. Cuando disminuye la inversión social, se intensifica la polarización, se desacreditan los contrapesos institucionales, se debilita el diálogo político y se concentra el poder alrededor de liderazgos personalistas, la democracia puede comenzar a erosionarse desde dentro.
La defensa de la democracia no corresponde únicamente a los partidos políticos o a los tribunales. Corresponde a una ciudadanía activa, crítica e informada que comprenda que las libertades pueden perderse gradualmente y que la República se protege fortaleciendo instituciones, promoviendo el diálogo y exigiendo rendición de cuentas a cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica.