La investigación de Coffee Watch señala jornadas de hasta 12 horas, bajos ingresos, viviendas precarias, trabajo infantil y barreras para acceder a protección social.
La organización Coffee Watch publicó este 5 de agosto una investigación que denuncia condiciones de explotación entre las personas trabajadoras migrantes que participan en la cosecha de café de Costa Rica, principalmente familias indígenas Ngäbe-Buglé procedentes de Panamá.
El informe se basa en un trabajo de campo que la organización realizó en diciembre de 2025 en las regiones cafetaleras de Coto Brus y Tarrazú. Coffee Watch señaló que entrevistó a personas trabajadoras, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones locales, aunque tuvo que terminar anticipadamente las visitas por razones de seguridad y realizó consultas adicionales antes de publicar el documento.
Según el estudio, cerca del 70% del trabajo en el sector cafetalero costarricense recae en mano de obra extranjera procedente principalmente de Nicaragua y Panamá. El documento cita estimaciones según las cuales entre 10.000 y 20.000 personas Ngäbe-Buglé cruzan cada año la frontera para participar en la cosecha.
Coffee Watch indicó que las personas recolectoras suelen recibir el pago por cajuela cosechada, por lo que sus ingresos dependen de la productividad, el terreno y los acuerdos informales con las fincas. El informe estima que la mayoría obtiene entre $16 y $40 diarios, lo cual señala es menor a los ₡483.674 mensuales que la Coalición Mundial por un Salario Digno (GLWC, por sus siglas en inglés) recomienda como salario digno para una persona trabajadora rural en Costa Rica.
El documento destaca:
La investigación realizada en 2025 por Coffee Watch sobre las fincas de la región de Coto Brus reveló que el espíritu de la «pura vida» no llega a todas las personas que cosechan el café, en particular a los(as) miles de trabajadores(as) migrantes indígenas ngäbe-buglé de Panamá que cosechan la mayor parte de la producción cafetera de Costa Rica y que sufren condiciones laborales agotadoras y de vida brutales como consecuencia de la discriminación sistémica".
La investigación señala que muchas personas trabajan de 5 a.m. a 5 p.m., seis días por semana, durante la temporada de cosecha y cumplen estas jornadas extenuantes bajo lluvia o altas temperaturas, en terrenos montañosos, mientras cargan sacos de café por largas distancias. El informe añade:
Estas jornadas laborales de 12 horas constituyen una violación flagrante, rutinaria y habitual de la legislación local: la ley costarricense establece una jornada laboral máxima de ocho horas, y una semana laboral máxima de 48 horas. Rara vez se respetan los límites legales durante la temporada de cosecha".
El documento denuncia que numerosas familias viven en construcciones conocidas como baches, algunas de ellas con paredes de madera, pisos de tierra o cemento y techos metálicos. Coffee Watch afirmó que encontró hacinamiento, ausencia de colchones, acceso limitado al agua, falta de electricidad y fogones abiertos cerca de las áreas donde duermen las familias.
Foto de Michele Zousmer para la investigación de Coffee Watch
El informe añade:
El Ministerio de Salud es responsable de inspeccionar los baches. Sin embargo, Coto Brus cuenta con más de 3.000 fincas cafetaleras, y el Ministerio parece no tener la capacidad para visitarlas todas, ni siquiera un historial demostrable de realizar un número significativo de visitas sin previo aviso a un número razonable de fincas".
Adicionalmente, el informe reconoce que la participación de niños y niñas en prácticas agrícolas tradicionales de las comunidades Ngäbe-Buglé es parte de la transmisión de conocimientos culturales fundamental para mantener su identidad cultural, sin embargo, identificó trabajo infantil dentro de la producción comercial de café.
La organización señaló que observó a personas menores de edad recolectando café y documentó casos de niñas que permanecían durante largas jornadas al cuidado de bebés y hermanos menores mientras las personas adultas trabajaban en los cafetales, el informe añade:
La preocupación no es la participación de los niños(as) en las tradiciones culturales, sino el fracaso de los Gobiernos, los(as) empleadores(as) y la industria a la hora de proteger los derechos de los(as) niños(as) indígenas, mediante la prevención del trabajo explotador, la garantía del acceso a la educación, la atención médica y condiciones de vida adecuadas, y el apoyo a una infancia que sea a la vez culturalmente afirmativa y libre de explotación económica".
Coffee Watch sostuvo que la verdadera magnitud del trabajo infantil en el sector cafetalero de Costa Rica sigue sin conocerse, aunque considera probable sea considerablemente mayor en las regiones productoras donde las familias Ngäbe-Buglé enfrentan niveles desproporcionados de pobreza y empleo informal.
Foto de Michele Zousmer para la investigación de Coffee Watch
Coffee Watch también identificó barreras para inscribirse en el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (Sitlam), un mecanismo que registra e identifica temporalmente a las personas trabajadoras migrantes y facilita la coordinación vinculada con el acceso a servicios de salud y la cobertura por riesgos del trabajo. Según el documento, el ingreso por pasos informales, la falta de gestión de algunos patronos, la pérdida de documentos y las diferencias entre los sistemas de nombres indígenas y los registros oficiales dejan a parte de la población sin esos beneficios.
La investigación reconoce que las condiciones varían entre regiones y destaca el modelo centralizado de las Casas de la Alegría en la zona de Los Santos, que administra CoopeTarrazú con apoyo de la Unión Europea, como un ejemplo de mayor coordinación y cobertura. Sin embargo, señala que el programa depende de la participación de las fincas y no atiende a las personas menores de edad de entre 12 y 15 años.
Sobre este modelo, el informe destaca:
Varias fincas envían a los(as) niños(as) a los mismos centros, lo que mejora el acceso. El financiamiento por niño(a) es mayor, y los centros reciben más apoyo para infraestructura. El éxito de esta iniciativa en esta zona es alentador, y ofrece lecciones para crear mejores condiciones para los(as) migrantes en otras partes del país".
Foto de Michele Zousmer para la investigación de Coffee Watch
Coffee Watch pidió al Gobierno, al Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), a las fincas, a las empresas compradoras y a las entidades certificadoras garantizar salarios dignos, viviendas adecuadas, acceso a documentación y servicios de salud, inspecciones laborales, libertad de asociación y una mayor cobertura de los programas de cuido.
El informe advierte que “para eliminar estos abusos, será necesario que la industria cafetera vaya más allá de los compromisos voluntarios, y adopte medidas concretas en terreno para erradicar la explotación mediante una diligencia debida rigurosa, una supervisión efectiva, una participación significativa de los pueblos indígenas y los(as) trabajadores(as), y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de suministro”, y añade:
En Costa Rica, es especialmente urgente que la industria cafetera trabaje en colaboración con las comunidades Ngäbe-Buglé para elaborar reformas que verdaderamente respeten a los(as) trabajadores(as) y a sus comunidades".
Alertas y medidas recientes sobre la población Ngäbe-Buglé
A inicios de este año, el jefe a. i. de la Unidad Regional Los Santos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randy Ramírez Coto, alertó sobre las condiciones en que viven personas indígenas Ngäbe-Buglé procedentes de Panamá que ingresan a Costa Rica durante la temporada de cosecha de café en la zona de Los Santos.
Ramírez remitió el documento a la Oficina de Prensa del OIJ y explicó que buscaba visibilizar lo que describió como una situación de “deshumanización” de esa población en Los Santos. El documento registró 19 muertes de personas menores de edad Ngäbe-Buglé procedentes de Panamá en esa zona entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de febrero de 2026.
Semanas después, 512 personas y organizaciones respaldaron un pronunciamiento público que exige al Estado costarricense garantizar condiciones dignas de vida, trabajo y protección social para las personas indígenas Ngäbe-Buglé que cada año participan en las cosechas de café. La lista incluyó a representantes de comunidades de distintas regiones del país, alrededor de un centenar de organizaciones indígenas, sindicales, comunitarias, feministas, costeras, ambientales y sociales de Costa Rica y Panamá, personas académicas, artistas, profesionales y tres expresidentes.
Por su parte, el gerente del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé), Rodolfo Víquez, destacó públicamente los esfuerzos que el sector impulsa desde hace más de 15 años para facilitar la seguridad social y el acceso a servicios de salud de las familias de las personas recolectoras. Víquez reconoció que todavía existen albergues que deben mejorar sus condiciones, y señaló que "las puertas del sector y la institucionalidad están siempre abiertas en marco del respecto, la cordialidad y acción en positivo para construir un mejor sector y sociedad".
El presidente de la Junta Directiva del Icafé, Fernando Naranjo Retana, también llamó públicamente a los productores de café del país a implementar adecuadamente el Protocolo de Ingreso de Mano de Obra Migrante, solicitar oportunamente la revisión de los albergues temporales y sus condiciones, y procurar que el Sitlam registre a toda la mano de obra recolectora para habilitar su acceso a los programas de aseguramiento.
Además, a mediados de julio los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación binacional mediante la implementación del Carné Sanitario Binacional, dirigido a las personas trabajadoras Ngäbe-Buglé que realizan labores agrícolas temporales entre ambos países.