Los gremios proponen planes de trabajo públicos, preguntas ciudadanas y moderación independiente antes de la votación de Corte Plena.
Diez organizaciones de personas funcionarias del Poder Judicial solicitaron a Corte Plena aplicar y ampliar el debate público previsto para la próxima elección de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante un proceso que permita conocer con antelación las candidaturas, sus planes de trabajo y sus propuestas para conducir la institución.
La gestión fue presentada el pasado 1.º de septiembre y parte de una precisión importante: el debate público no es una figura nueva. La Circular 88-2017, que regula la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte, establece que tras abrirse el periodo de inscripción de candidaturas debe fijarse un debate público para que las personas postulantes expongan sus ideas y propuestas.
Los firmantes piden que ese mecanismo se fortalezca con reglas adicionales de publicidad, participación y comparación entre las candidaturas.
El proceso adquiere relevancia ante el próximo vencimiento del nombramiento del actual presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, quien fue electo para un periodo de cuatro años el 26 de septiembre de 2022. Aguirre comunicó a Corte Plena el pasado 1.º de septiembre que no presentará nuevamente su nombre para ocupar la Presidencia cuando concluya su periodo.
Planes públicos y preguntas de ciudadanía
La solicitud plantea que las magistradas y magistrados interesados en el cargo formalicen públicamente su candidatura y presenten un plan de trabajo. Los gremios también solicitan que esos documentos, las hojas de vida y demás información autorizada sean publicados con suficiente antelación en el sitio del Poder Judicial.
Para el debate proponen una mesa de diálogo conducida por personas periodistas independientes, seleccionadas con criterios de trayectoria, imparcialidad y experiencia en asuntos institucionales.
La actividad tendría que ser transmitida íntegramente por los canales del Poder Judicial y mantenerse disponible posteriormente como archivo público.
La propuesta contempla además igualdad de tiempos, las mismas preguntas generales para todas las candidaturas, orden de intervención sorteado, derecho de réplica, ausencia de manifestaciones de apoyo dentro del recinto y prohibición de ataques personales.
El esquema sugerido divide la actividad en cinco fases. Primero, cada candidatura tendría diez minutos para explicar su concepción de la Presidencia, sus tres prioridades principales, su diagnóstico sobre los problemas urgentes del Poder Judicial y las medidas que impulsaría durante su primer año.
Posteriormente se realizarían preguntas comunes y una ronda en la que podrían participar sectores de la judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y ámbito administrativo.
Los gremios también plantean habilitar un mecanismo para recibir preguntas de la ciudadanía, de las cuales se seleccionarían aquellas relacionadas con las competencias de la Presidencia y que cumplan criterios de pertinencia y respeto.
La última fase estaría destinada a compromisos concretos de cada candidatura, incluidos la manera en que rendiría cuentas, los mecanismos que utilizaría para mantener diálogo con el personal judicial y cómo preservaría su independencia frente a presiones políticas o económicas.
Doce criterios para valorar las candidaturas
Además del formato del debate, las organizaciones propusieron una matriz con 12 criterios orientadores de idoneidad para que Corte Plena valore a quienes aspiren al puesto.
El documento incluye aspectos como integridad y conducta ética, independencia frente a intereses políticos o económicos, defensa de la independencia judicial, capacidad de gestión, propuestas de reforma institucional, capacidad de diálogo y construcción de acuerdos, transparencia y rendición de cuentas, legitimidad pública, carrera judicial y mérito, derechos humanos y acceso a la justicia, comunicación institucional y ausencia de conflictos de interés.
Los firmantes recalcan que la propuesta no pretende crear un baremo, concurso, veto ni requisitos adicionales de elegibilidad, ni obligar a las magistradas y magistrados a justificar su voto respecto de cada criterio.
Reconocemos plenamente que la atribución de nombrar a la persona titular de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia corresponde a Corte Plena. No solicitamos participar en la votación, co-decidir, vetar ni promover candidaturas, asignar puntajes vinculantes ni crear requisitos de elegibilidad”.
La elección corresponde exclusivamente a Corte Plena. Además, desde 2022 la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la designación de la Presidencia y Vicepresidencia debe hacerse mediante votación pública. En diciembre de 2024, la Sala Constitucional también anuló por inconstitucional la referencia a la votación secreta que todavía permanecía en la Circular 88-2017.
Diez organizaciones suscribieron la gestión
El documento remitido a Corte Plena aparece firmado por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), la Asociación Costarricense de Juezas, la Asociación Costarricense de Juezas y Jueces de Familia de Costa Rica, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUD), la Asociación Nacional de Investigadores Judiciales (ANIC), el Sindicato de la Defensa Pública, la Asociación Nacional de Profesionales en Derecho del Poder Judicial, la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial y la Asociación Costarricense de Profesionales en Psicología del Poder Judicial.
Entre las peticiones finales, las organizaciones solicitaron a Corte Plena conocer formalmente la gestión antes de definir las reglas y efectuar la elección, resolver expresamente sus solicitudes antes de la votación y comunicarles la decisión adoptada.