El pasado 16 de setiembre, el costarricense Julián Valverde fue detenido en el estado de Florida, Estados Unidos, por tener una licencia de conducir vencida desde hacía aproximadamente seis meses. Lo que debió ser una infracción de tránsito rutinaria y común terminó en un caso de custodia bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Durante cinco días, una gran parte de la población nacional estuvo pendiente de nuevas noticias sobre el influencer, pero Julián es solo la punta del iceberg. Es una historia que contó con la suerte de tener visibilidad nacional y un gran alcance.
Según cifras de la Cancillería, hasta la fecha existen 77 costarricenses detenidos por el ICE en el país norteamericano. Esto no es un caso nuevo: el fenómeno se ha mantenido a lo largo de los años, y una base de datos de La Nación registra más de 850 episodios de arresto de costarricenses que nunca llegaron a ser noticia de relevancia en los medios nacionales.
Randall Gamboa es uno de ellos. Oriundo de la zona sur del país, específicamente de Pérez Zeledón, estuvo detenido varios meses en Texas y fue deportado en un vuelo ambulancia en condiciones críticas de salud que su familia denunció públicamente, tratando de generar justicia. Más recientemente está el caso de Oiner, costarricense que lleva más de tres meses en custodia y que desarrolló una fuerte depresión, sumada a una infección derivada de las condiciones del centro de detención. Oiner es también originario del cantón de Pérez Zeledón y su familia es cercana a la de Gamboa: dos historias distintas, nacidas en la misma comunidad. El desgaste, además, no se queda solo en quien está detenido: la madre de Oiner enfermó gravemente por la angustia y tuvo que ser hospitalizada en Costa Rica, mientras su hijo seguía a la espera de una fecha de vuelo que nadie le confirmaba.
Esto tampoco es casualidad: históricamente, Pérez Zeledón ha sido uno de los cantones con mayor índice de migración hacia Estados Unidos. Y, estadísticamente, la mayoría de las personas detenidas o bajo custodia del ICE no tiene ningún antecedente penal, tal como ocurre con los dos hombres de Pérez Zeledón y con el influencer costarricense.
¿Por qué, entonces, la atención mediática y el apoyo nacional no operan de la misma forma en todos los casos? Públicamente conocemos zonas con un alto porcentaje de migración, como Pérez Zeledón o Los Santos; conocemos también las denuncias públicas de familiares de los afectados y las crisis económicas que atraviesan algunas familias, para quienes Estados Unidos parece la única salida. Más allá de los casos particulares, el punto crítico es otro: el caso Valverde funcionó como una ventana de visibilidad nacional para muchos casos más. La observación, entonces, es hacia nosotros mismos como sociedad: una crítica a nuestra capacidad de ampliar la mirada más allá de una pantalla. ¿Cuántos casos que aún no conocemos siguen sin respuesta?
La Cancillería puede proponer, informar y gestionar, pero su margen de acción frente a las leyes y políticas migratorias de otro país es, en la práctica, limitado. El caso Valverde sí abrió una puerta a la visibilidad y a la confrontación pública, mostrando elementos que están en juego en un proceso con el ICE, donde la salud física y mental de una persona detenida también entra en la balanza.
Con ojo crítico, así deberían observarse los casos de migración y custodia bajo el ICE en territorio estadounidense. El reciente auge de estas noticias y la forma en que la ciudadanía costarricense alzó la voz por un compatriota demuestran algo importante: que la protesta y la voz colectiva, por suerte, siguen siendo un acto político vigente en el país. La pregunta que queda es si esa misma voz estará dispuesta a alzarse también por quienes no tienen cámara.