El tribunal dio al MOPT y a Conavi un plazo máximo de un año para solucionar los problemas de infraestructura vial y demarcación denunciados desde 2024.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por Luis Diego Torres Paniagua, vecino de Moravia, y condenó al Estado por la falta de atención a problemas de infraestructura peatonal y seguridad vial en tres puntos de la ruta nacional 102, entre ellos el cruce entre Tibás y Moravia frente a Automercado.
En la resolución 2026-032917, del pasado 27 de agosto, el tribunal ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) responder, en un plazo máximo de un mes, la denuncia que el recurrente presentó el 30 de abril de 2024.
Además, la Sala ordenó a las autoridades coordinar y ejecutar las acciones y obras necesarias para que, en un plazo máximo de un año, solucionen los problemas de infraestructura vial y demarcación denunciados y adopten medidas para garantizar la seguridad vial en ese sector.
Denuncia esperaba respuesta desde 2024
En su recurso, el vecino de Moravia reclamó que las condiciones de la ruta nacional 102 ponían en riesgo su vida y limitaban su derecho a la movilidad.
Torres había denunciado desde abril de 2024 problemas en tres puntos. El primero se encuentra frente al Parque Recreativo del Norte, donde señaló que la acera se interrumpe y obliga a los peatones a caminar sobre la vía vehicular.
El segundo punto se ubica unos 400 metros al oeste, cerca de la gasolinera Delta, donde denunció otra interrupción de la acera que obliga a caminar durante casi 50 metros sobre la calzada, además de la ausencia de un cruce peatonal seguro.
El tercer sitio corresponde a la intersección frente a Automercado, en el cruce entre Tibás y Moravia. El recurrente señaló que allí existen varios movimientos vehiculares regulados por semáforos, pero únicamente un paso peatonal y sin tiempos específicamente definidos para el cruce de peatones.
La Sala tuvo por probado que el MOPT recibió la denuncia el 30 de abril de 2024 y que posteriormente distintas dependencias comenzaron a tramitarla. Sin embargo, para cuando se presentó el recurso de amparo, en marzo de 2026, habían transcurrido casi dos años sin que la institución resolviera la situación.
El tribunal señaló:
Se constata que la autoridad recurrida no ha atendido de forma adecuada la denuncia interpuesta por el recurrente, pues a la fecha el caso continúa en análisis a la espera de varios criterios técnicos".
La sentencia también destacó que “prácticamente todas las actuaciones” de las diferentes dependencias del MOPT ocurrieron después de la interposición del recurso de amparo.
Sobre los motivos para presentar el amparo, Torres indicó a Delfino.cr:
Mi motivación es sobre todo poder devolver la atención sobre el peatón, que es el usuario más vulnerable y que menos espacio requiere, pero irónicamente es el más discriminado y marginado en las obras de infraestructura. Es inadmisible que mientras una carretera tiene tres carriles amplios, el peatón tiene que caminar sobre la calzada vehicular".
Adicionalmente, Torres recordó que desde la promulgación de la Ley de Movilidad Peatonal (Ley 9976), en 2021, han sido "casi nulos los esfuerzos que se han realizado por parte de las autoridades y tampoco se ha cumplido con exigencias mínimas de esta ley".
Torres concluyó:
Creo que es importante que más ciudadanos puedan aprovechar herramientas de denuncia para garantizar sus derechos".
MOPT detectó posible invasión del derecho de vía
Durante la tramitación del amparo, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito realizó en abril una inspección de campo y detectó una posible invasión del derecho de vía en el sitio donde se interrumpe la continuidad de la acera.
Posteriormente, el Departamento de Previsión Vial indicó que coordinaría un levantamiento topográfico para confirmar o descartar esa situación. Sin embargo, en el expediente no consta el resultado de esa gestión.
Conavi también comunicó a la Sala que esperaba distintos criterios técnicos para determinar la procedencia y las características de una eventual intervención, mientras que su Gerencia de Conservación de Vías y Puentes indicó que no contaba con una contratación vigente para ejecutar labores de topografía con recursos propios.
La Sala concluyó que esas gestiones no justificaban la demora acumulada y determinó que la falta de atención adecuada lesionó los derechos fundamentales del recurrente.
La sentencia ordena al director de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, al jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT y al director ejecutivo de Conavi —o a quienes ocupen esos cargos— cumplir las medidas dentro de sus respectivas competencias.
Por este caso, tramitado bajo el expediente 26-008717-0007-CO, la Sala condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. La fase de ejecución de la sentencia se tramitará ante la jurisdicción contencioso-administrativa, donde también se determinarán los montos correspondientes.