Lo voy a repetir una vez más: la receta que nos vendieron los políticos para enfrentar nuestros problemas es inventar instituciones, trámites, burocracia, regulaciones y un largo y enrevesado etcétera. Esa es una de las razones por las que somos un país tan caro e improductivo. En realidad, no se busca solucionar el problema, sino una forma de administrarlo.
El caso de la educación superior no es la excepción. Para garantizar su calidad tenemos universidades públicas, Conesup, Conare, Sinaes y seguramente se me está olvidando alguna más. Así las cosas, cualquier cristiano que pasa por una institución que, en teoría, debe cumplir con lo estipulado por todo ese archipiélago institucional, estudia cuatro o más años y recibe un título de una universidad reconocida por el Estado, pero resulta que todavía no es suficientemente profesional para trabajar. O eso nos dicen.
Es decir, aún no tiene licencia para ejercer aquello que honradamente estudió: ese trámite se lo dejamos a sus futuros competidores en una oficina burocrática paralela al Estado. Son ellos quienes tienen que darle el permiso o la bendición —como usted lo quiera ver— para ejercer su profesión. El resultado termina siendo el mismo.
Aquí cabe preguntarse: ¿por qué y para qué les dimos ese poder a los colegios profesionales?
La respuesta habitual es que se lo dimos para “proteger a la sociedad”: garantizando la calidad de los profesionales, velando por la ética y sancionando a quienes hacen mal su trabajo.
Empecemos por la primera y dejemos las otras dos para más adelante. ¿Necesitamos un colegio profesional para garantizar la calidad? ¿No sería mejor apuntar las baterías hacia las universidades y hacia todo el sistema que las autoriza, supervisa y acredita la calidad de la formación recibida por los nuevos profesionales? Porque no es posible que, después de varios años en una universidad y de recibir un título universitario, necesitemos que otra institución determine, primero, y garantice, luego, si alguien sabe lo suficiente para ejercer la carrera que estudió.
¿El problema son los graduados o el examen?
El reciente desastre con el examen de incorporación del Colegio de Abogados es un buen ejemplo. De los 1.123 graduados que hicieron la prueba en abril, solo aprobaron 13. Sí, trece. Un 1,15%.
Aunque lo parezca, este dato no es un chiste: es real. Entonces, una de dos opciones: o tenemos un problemón con la formación brindada por las universidades o los encargados de evaluar no saben hacer las respectivas pruebas. En cualquiera de los dos casos, todo apunta a problemas de gestión, modelo y estructura.
Después de semejante resultado y cerca de 14.000 apelaciones, la UCR le ofreció apoyo técnico al Colegio de Abogados para revisar los procesos e instrumentos de evaluación y capacitar a quienes participan en la elaboración de futuras pruebas.
Mas preguntémonos: ¿con qué fundamento les impedimos incorporarse a su colegio profesional y trabajar a 1.110 personas si después tenemos que buscar ayuda técnica para revisar el instrumento con el que se decidió que no estaban capacitadas para hacerlo?
Si hace falta evaluar la calidad de los graduados, hagámoslo. Pero hagámoslo técnicamente. Y aquí aparece el otro problema. ¿Tiene algún sentido que esa decisión recaiga precisamente en los profesionales que ven a los nuevos profesionales como su futura competencia?
Porque, recordemos, los colegios regulan, pero también representan y defienden los intereses de sus miembros. Entonces, ¿cómo garantizamos que el interés gremial no domine sobre el interés público al decidir cuántos profesionales entran al mercado, qué actividades pueden realizar y bajo qué condiciones? Es bastante evidente el conflicto de interés.
Y en cuanto a las tarifas mínimas profesionales, ya escribí sobre ellas hace algún tiempo y lo reitero ahora. Bajo la supuesta protección a la profesión, se impide que dos adultos acuerden libremente cuánto pagar por un servicio.
El resultado de la falta de competencia es evidente: se excluye a la persona que no puede pagar o se premia al profesional que ya tiene su carrera y reputación hechas frente al que apenas empieza. Y no olvidemos los enormes problemas de informalidad e inserción laboral del país.
Pero las tarifas son apenas una parte del problema. Hay actividades reservadas, trámites que obligatoriamente requieren notario, timbres, cuotas, requisitos de incorporación, exámenes y reconocimiento de especialidades. Cada cosa por separado tendrá alguna explicación. Cuando uno las junta, el resultado es muy conveniente para quienes ya están adentro: es menos competencia.
¿Y quién controla a los colegios?
No existe una supervisión permanente e independiente sobre los colegios profesionales ni sobre cómo ejercen las potestades públicas que les hemos entregado. Es cierto que hay controles de la Contraloría General de la República (CGR) y de los tribunales de justicia, pero el problema es que la mayoría de las veces nos enteramos de los entuertos después de ocurridos. Y, como sucede tantas veces en el sector público, al final no pasa nada y a los ciudadanos no nos queda más que la impotencia y la frustración.
La última auditoría de la CGR al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), por ejemplo, concluyó que este no cumplía razonablemente con algunas de las funciones, atribuciones y obligaciones que tenía encomendadas. Encontró, entre otras cosas, problemas en la forma en que seleccionaba las obras que inspeccionaba y en el ejercicio de su función sancionatoria.
¿Y qué pasó? Nada. Y ese, precisamente, es el punto.
Creamos colegios para fiscalizar a los profesionales, les damos potestades públicas y hasta les permitimos decidir quién puede ejercer. Después necesitamos que alguien fiscalice al fiscalizador.
La CGR no puede hacerlo porque está desbordada tratando de mantener bajo control el archipiélago institucional que hemos creado. Y, si tenemos clara la raíz de nuestros problemas, sabemos que crear otro ente para vigilarlos no solucionará nada. Eso sería seguir el camino habitual de añadir capas burocráticas a nuestro laberinto.
Mas aquí hay algo más que deberíamos cuestionarnos seriamente: si existen más profesiones que colegios profesionales, ¿cómo hacen el resto? ¿Será que los ciudadanos somos capaces de definir cuánto cobrar y a quién contratar sin necesidad de que alguien nos diga cómo hacerlo y con quién hacerlo? Solo como ejemplo, el mundo no se ve afectado porque no exista un Colegio de Informáticos que decida quién puede escribir un código o inventar una aplicación.
¿Qué estamos tratando de proteger?
En el último estudio publicado este año por la OCDE sobre la regulación de servicios profesionales en 50 países, se plantea identificar el riesgo que se pretende resolver y luego escoger la regulación menos restrictiva para hacerlo. Sí, leyó bien: dice que no tenemos que hacer enredos y encarecer los procesos.
Y, para los defensores de la regulación y la burocracia, que quede claro que tampoco dice que todo debe quedar por la libre. Hay actividades como las que realiza un médico o un ingeniero que conllevan riesgos para la vida de las personas si algo sale mal. Pero nada bueno sale de los experimentos donde los controles los manejan los mismos regulados.
Ahora bien, de la hipótesis inicial que justificaba la existencia de los colegios profesionales nos quedaban pendientes la ética y las sanciones. Aquí sí hay dos problemas que atender.
En lo referente a la ética, la OCDE reconoce que un consumidor no siempre tiene la información necesaria para evaluar la calidad de un profesional o conocer sus antecedentes. Tiene sentido, entonces, establecer reglas claras de conducta y mecanismos de información que le permitan al usuario tomar una decisión informada. Lo que habría que preguntarse es si para lograrlo necesitamos obligatoriamente un colegio profesional.
Y, finalmente, en cuanto a las sanciones, claro que quien incumple esas reglas debe enfrentar consecuencias y estas deberían ser conocidas. Por eso tiene sentido, por ejemplo, que existan registros públicos de sanciones en firme. Pero, si un profesional se jala una torta que genera un daño, para eso existen también responsabilidades civiles y penales. Que los tribunales funcionen mal o tarden una eternidad para resolver el asunto es otro problema que habrá que arreglar, pero no una justificación para inventar o defender otra capa burocrática.
Regular una profesión no debería traducirse en la obligación de pertenecer a un cartel.
Un colegio puede capacitar, certificar, representar a sus miembros, defender sus intereses y ofrecer servicios. Eso sí, con las cuotas que pagan sus miembros voluntariamente, no con timbres o cargas que se trasladan al resto de la ciudadanía. Si lo hace bien, incluso puede convertirse en un sello de calidad que un profesional quiera exhibir y en una institución hacia la que desarrolle un verdadero sentido de pertenencia. Pero eso ocurrirá por convicción propia, no por obligación o amenaza.
La competencia obliga a demostrar que agregamos valor. Quizá por eso la evitamos tanto.