La marcha del 20 de octubre de 2026 abrió una discusión sobre el lugar del estudiantado en la democracia. Al referirse a ella en el plenario, Nogui Acosta afirmó que los participantes «ni siquiera tenían idea» de cómo se financia el FEES y sostuvo que los rectores los impulsaban a manifestarse sin saber por qué luchaban. Más allá del desacuerdo presupuestario, esas palabras plantean un problema educativo: si se considera que los jóvenes todavía no comprenden los asuntos públicos, ¿cuándo y mediante cuáles experiencias se espera que aprendan a intervenir en ellos?
La pregunta importa porque Acosta no se limitó a señalar un error en una consigna. Atribuyó desconocimiento a los manifestantes y explicó su participación como resultado de la influencia rectoral, sin mostrar cómo había establecido lo que sabían. Así, las razones estudiantiles quedaron desplazadas por un juicio sobre su capacidad para producirlas. Cuestionar una afirmación concreta habría permitido discutirla; presumir que quienes marchan no entienden aquello que defienden dificulta reconocerlos como interlocutores.
En esa relación se expresa el adultocentrismo. Como permite comprender el trabajo de Claudio Duarte Quapper, no se trata simplemente de una diferencia de edades, sino de una distribución desigual de autoridad: unas personas aparecen capacitadas para decidir y otras quedan subordinadas a su orientación. En el discurso de Acosta, esa subordinación se refuerza al presentar al estudiantado como conducido por los rectores. Se desconoce así la posibilidad de que sus organizaciones construyan demandas propias o coincidan con las autoridades universitarias sin renunciar a cuestionarlas.
Reconocer esa autonomía tampoco exige suponer que todos los participantes dominan el presupuesto universitario. Una estudiante puede conocer las dificultades de sostenerse con una beca; otro puede comprender lo que significaría perder oportunidades en su sede. Ese conocimiento de las condiciones de su educación no sustituye la información técnica, pero aporta razones que merecen escucharse. El derecho a defenderlas existe antes de dominar cada clasificación contable y puede ejercerse mientras se aprende a comprender mejor sus implicaciones.
Precisamente ahí reside una posibilidad pedagógica de la marcha. Preparar una movilización puede llevar a buscar información, contrastar explicaciones y discutir prioridades con personas cuyas necesidades son diferentes. Participar permite observar cómo una decisión legislativa afecta vidas concretas y cómo las instituciones responden cuando se les solicita revisarla. El aprendizaje continúa después, al valorar los argumentos empleados y los resultados alcanzados. La experiencia necesita reflexión para volverse formativa, pero ofrece una relación entre conocimiento y responsabilidad pública que difícilmente se reproduce solo mediante una explicación en clase.
Resulta significativo, por ello, que Acosta saludara a colegiales presentes en la Asamblea y les ofreciera la visita como una oportunidad de comprender la democracia. Visitar el Congreso y participar en una marcha son experiencias distintas que pueden contribuir a esa comprensión. La dificultad aparece cuando se reconoce valor educativo a observar el funcionamiento institucional, mientras se desautoriza la intervención de quienes cuestionan sus decisiones. La formación democrática queda incompleta si prepara para conocer las instituciones, pero desalienta el ejercicio de derechos frente a ellas.
Esta dimensión también debe considerarse ante la propuesta atribuida a Nayuribe Guadamuz de investigar las lecciones suspendidas y los recursos utilizados. La fiscalización es legítima y debe examinar la finalidad del gasto y su proporcionalidad. Sin embargo, contar horas fuera del aula no basta para determinar qué se aprendió o dejó de aprenderse. Si la universidad tiene responsabilidades de formación ciudadana, corresponde evaluar cómo una actividad contribuye a ellas, con participación voluntaria y respeto por quienes deciden no asistir.
La defensa de esa participación tiene, además, un contexto documentado. Los informes del Estado de la Educación de 2021 y 2023 advirtieron sobre el deterioro de los aprendizajes; el informe de 2025 registró una pérdida real del FEES del 4,73% entre 2019 y 2024. También mostró avances universitarios: la participación de jóvenes de 18 a 24 años de los dos quintiles de menores ingresos en la población universitaria pública pasó del 17% al 38% entre 2005 y 2024. Estos datos no vuelven acertada cualquier demanda, pero permiten comprender que defender el financiamiento implica discutir oportunidades efectivas de educación.
Quienes marchan pueden, al mismo tiempo, exigir una mejor administración y oponerse a decisiones que consideran perjudiciales. No hay contradicción en ello: la fiscalización responsable y la defensa del derecho a estudiar pueden formar parte de una misma posición. Las irregularidades deben investigarse con pruebas y responsabilidades identificables. Su existencia no demuestra que las demandas estudiantiles carezcan de fundamento ni convierte a quienes las plantean en personas manipuladas.
La historia ayuda a comprender esa relación entre participación y derechos. El sufragio femenino costarricense fue precedido por décadas de organización y demandas frente a resistencias institucionales. Las movilizaciones contra Alcoa en 1970, aunque el contrato fue aprobado, ampliaron la presencia política juvenil y dejaron aprendizajes organizativos. Esos procesos no justifican automáticamente cada protesta actual; muestran que la democracia se ha transformado también por la intervención de personas cuya capacidad política fue cuestionada.
Como docente, encuentro ahí una responsabilidad de la universidad: acompañar la construcción de argumentos y la disposición a revisar las propias posiciones, sin exigir obediencia como condición de reconocimiento. La marcha del 20 de octubre merece discutirse por sus demandas y por sus prácticas. Descalificar de antemano a sus participantes impide ese examen y desperdicia una oportunidad de diálogo. Aprender a ejercer la ciudadanía requiere poder intervenir, equivocarse y responder con razones, también cuando esas razones incomodan a quienes gobiernan.