El domingo 25 de octubre, Brasil resumió en una sola elección hacia dónde van las democracias latinoamericanas. Lula da Silva ganó la segunda vuelta con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, una diferencia de 3,52 puntos. Esta es la primera vez, desde el regreso de las elecciones directas, que un candidato remonta un balotaje en Brasil. En los siete balotajes anteriores, desde 1989, siempre había ganado quien lideró la primera vuelta. En esta ocasión, la primera vuelta ya había tenido una concurrencia récord. Solo 1,87 puntos separaron a los dos primeros candidatos y entre ambos concentraron el 92,2% de los votos. Horas después del balotaje, Flávio Bolsonaro dijo que no reconocía el resultado y anunció que pediría anular la elección, sin aportar pruebas. Finalmente, no lo hizo.
El sistema de segunda vuelta fue diseñado para que los presidentes llegaran con mayoría y legitimidad. Hoy hace otras tres cosas: dejó de ser una excepción para ser la regla, fabrica mayorías y premia el rechazo, y muda la disputa al día después de la elección.
El balotaje se volvió la norma
En los países que tienen segunda vuelta, el balotaje dejó de ser excepcional. En la década de 1990, el 52% de las elecciones se definía en segunda vuelta; en los 2000, el 54%; en los 2010, el 71%, y en lo que va de esta década, el 80% (16 de 20). En varios países ya es la norma: Guatemala fue a balotaje en todas sus elecciones desde 1995, Perú en todas desde 2000 y Chile desde 1999. Brasil suma siete consecutivas desde 2002, Colombia cinco desde 2010 y Ecuador cuatro desde 2017.
El motor es la fragmentación. En las elecciones que fueron a balotaje, las dos candidaturas más votadas reunían el 71,3% de los votos en la primera vuelta realizada en la década de 1990 y en los 2020, apenas el 57,1%. Quien gana la primera vuelta, en esas elecciones, obtiene hoy una mediana de apenas el 32,7% de los votos. Detrás de esa fragmentación está la crisis de representación. Según el Latinobarómetro 2026, solo el 15% de la ciudadanía confía en los partidos políticos y el 76% no se siente representado por su Congreso. Cuando los partidos no agregan preferencias, la segunda vuelta termina haciendo el trabajo que ellos dejaron de hacer: construir una mayoría donde no la hay.
Mayorías fabricadas, elecciones de rechazo
El balotaje produce una mayoría presidencial, pero no una mayoría legislativa. Quienes ganaron una segunda vuelta en esta década obtuvieron en promedio el 25,8% de los votos en la primera ronda: la mitad llegó a la presidencia con el respaldo inicial de uno de cada cuatro votantes o menos. Los casos más extremos son el de Alejandro Giammattei, que pasó a la segunda vuelta con el 13,96%, el de Bernardo Arévalo, con el 15,51%; Rodrigo Chaves, con el 16,78%, y Keiko Fujimori, con el 17,19%.
La segunda vuelta, además, ya no ratifica la primera. Las remontadas volvieron a crecer: tras dos de 13 balotajes en los 2000, fueron seis de 20 en los 2010 y, en los 2020, contando Brasil, la mitad (ocho de 16). Cuanto más estrecha y fragmentada es la primera vuelta, más probable es la remontada. Con primeras vueltas fragmentadas y electorados polarizados, muchas personas votan en la segunda ronda por el candidato que menos rechazan, no por el que prefieren.
Eso tiene dos consecuencias. La primera es que la legitimidad del ganador es, en parte, prestada: buena parte de sus votos no son base propia. La segunda es que el balotaje castiga a quien gobierna: el oficialismo gana el 58% de las elecciones que se resuelven en primera vuelta, pero solo el 30% de las que van a segunda. En esta década, el castigo se agudizó y el viejo argumento de que la segunda vuelta modera la competencia tampoco resiste los datos: Bolsonaro, Castillo, Milei, Kast y De la Espriella ganaron balotajes polarizados.
La disputa se muda al día después
Los balotajes son cada vez más ajustados. En esta década, antes de Brasil, la diferencia entre los dos finalistas fue, en promedio, de 4,8 puntos, frente a 8,1 en toda la serie, y los siete balotajes más reñidos de la región ocurrieron desde 2014. Con márgenes así, cualquier incidente puede convertirse en un argumento para desconocer el resultado. Ahí aparece una paradoja. Según el Latinobarómetro 2026, el 74% de la ciudadanía cree que sin elecciones no hay democracia, pero solo el 34% confía en su autoridad electoral. Creemos en las elecciones, pero no en quienes las organizan.
Brasil deja una lección fina. El conflicto no nació del árbitro electoral: un juez del Supremo Tribunal Federal amplió dos horas el horario de votación, solo en las secciones que seguían abiertas, cuando miles de urnas ya habían cerrado, y el presidente del Tribunal Superior Electoral reconoció que nunca había ocurrido una prórroga así. El Presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, sostuvo que miles de urnas ya estaban cerradas cuando llegó la decisión, y el tribunal suspendió temporalmente la recepción de resultados hasta pasadas las 19:00. Esa decisión le entregó al perdedor el argumento que buscaba. Un buen árbitro no basta: la integridad electoral depende de todo el ecosistema, también de que otros actores respeten sus competencias.
¿Hacia dónde vamos?
La ciudadanía mantiene una reserva democrática, pero con fisuras. Según el Latinobarómetro (2026), el apoyo a la democracia se sostiene en el 52% pero solo el 30% está satisfecho con su funcionamiento y, de hecho, el 63% acepta «un poco de mano dura». Brasil, con un 41% de apoyo a la democracia, tiene el segundo nivel más bajo de la región, solo por encima de Guatemala.
La propuesta no tiene que ver necesariamente con eliminar la segunda vuelta, que resuelve bien el problema de la legitimidad de origen. Se trata de cuidar lo que la rodea, el ecosistema de integridad electoral, como insiste en sus recientes informes IDEA Internacional. De ahí que las propuestas sean: en primer lugar reformar el entorno del balotaje y elecciones legislativas concurrentes con la segunda vuelta, para que el presidente o presidenta no llegue sin apoyo en el Congreso; en segundo lugar blindar a los organismos electorales y respetar su competencia exclusiva sobre la gestión del proceso, también frente a los tribunales, y en tercer lugar comprometer a los partidos a que se obliguen, en público y por escrito y antes de votar, a reconocer los resultados.
La segunda vuelta se diseñó para elegir presidentes con mayoría. Hoy su prueba es otra: que perder por tres puntos también sea aceptable. El reconocimiento de los resultados en contextos excesivamente competitivos y polarizados se convierten en el centro de la atención. Y eso no lo decide solo el árbitro, sino todos quienes participamos en el juego.