Hay preguntas que parecen absurdas hasta que dejan de serlo: ¿a las celebraciones patrias estamos invitados todos, incluso quienes disienten del Gobierno de turno? ¿Manifestarse en un acto cívico es, por definición, un acto incívico?
El 14 de setiembre pasado, en Cartago, dejó esas preguntas flotando entre faroles, banderas, discursos y cordones policiales.
Conviene empezar por una distinción. El acto municipal de recepción de la Antorcha no es equivalente al acto cívico de una escuela. La propia Municipalidad de Cartago describe la jornada como una actividad en la que participan la Presidencia de la República, el alcalde y autoridades locales y nacionales; luego, se realiza una sesión del Consejo de Gobierno Ampliado, con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, por último, se recibe la Antorcha. No estamos, por tanto, ante una actividad educativa ni ante una ceremonia reservada a estudiantes. Es un acto público, institucional y nacional. Y cuando el Estado se representa a sí mismo en una plaza pública, con autoridades que pronuncian discursos y formulan posiciones políticas, resulta difícil sostener que el espacio sea apolítico. La política ya estaba allí. Lo novedoso de este 14 de setiembre fue que otros ciudadanos decidieron llevar también su propio ejercicio político.
La llamada Faroleada por la Democracia fue convocada como una movilización ciudadana. Más de 40 organizaciones participaron en la convocatoria, con actividades en numerosos puntos del país. La propuesta tomó un símbolo tradicional, el farol, para asociarlo con la defensa de la democracia, la institucionalidad y la separación de poderes.
Y una parte fundamental de esta historia es que los símbolos patrios no tienen dueño. La Antorcha no es de un funcionario público. El farol no es de una municipalidad. La bandera no pertenece a un partido. El Himno Nacional no es propiedad de nadie. La Plaza Mayor de Cartago tampoco. Son símbolos y espacios de todos. Justo por ello pueden adquirir significados distintos. Una misma bandera puede acompañar un discurso oficial o una protesta ciudadana. Un farol puede iluminar una tradición cívica o convertirse en una metáfora de la democracia.
La Constitución Política reconoce el derecho de los ciudadanos a reunirse de forma pacífica para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. También protege la manifestación de opiniones. Eso no significa que todo esté permitido. Una cosa es apropiarse democráticamente de un espacio público y otra, muy distinta, agredir, intimidar, destruir bienes o impedir que otros participen. La Sala Constitucional ha señalado que la protesta pacífica está protegida, mientras que los actos violentos o las afectaciones graves a derechos de terceros pueden justificar restricciones proporcionales.
En Cartago, además, hubo dos apropiaciones políticas del mismo escenario. Mientras el Ejecutivo celebraba su Consejo de Gobierno en la Plaza Mayor, ciudadanos convocados por la Faroleada intentaban hacerse presentes con sus faroles y consignas. La cobertura periodística registró un fuerte operativo policial, restricciones de acceso y el retiro de algunos manifestantes por “agitadores” o por representar “agrupaciones contrarias al Gobierno”. Un accionar no muy democrático, por cierto.
La pregunta relevante no es quién tenía derecho a sentirse dueño de la celebración, sino por qué alguien tendría que sentirse dueño de ella. Una democracia madura debería poder soportar que, mientras unos cantan el Himno Nacional, otros sostengan un cartel. Que unos aplaudan al Gobierno y otros lo cuestionen. Que unos lleguen con banderas y otros con pancartas. Siempre que unos y otros respeten la integridad y los derechos de los demás.
Celebrar la Independencia debería implicar que se reconozca que la patria es de todos, ya se trate de partidarios o de opositores. La patria somos también quienes aplaudimos, quienes cuestionamos, quienes marchamos, quienes discrepamos y hasta quienes, en medio de la algarabía, preferimos mirar el asunto con un poco de distancia. A fin de cuentas, si para festejar la democracia hay que estar de acuerdo con todos en todo, quizá no estemos conmemorando la democracia. Tal vez solo estemos celebrando que todos pensamos igual. Y esa sí sería una celebración poco costarricense.