La iniciativa encabezada por Sigrid Segura reformaría la Constitución Política para garantizar el acceso universal, continuo, seguro y asequible a la electricidad.
Diez diputaciones de oposición, lideradas por la diputada del Frente Amplio (FA) Sigrid Segura Artavia, presentaron un proyecto de reforma constitucional (expediente 25.819) que reconocería el derecho humano al acceso universal, continuo, seguro y asequible a la energía eléctrica.
Actualmente, la Constitución Política no reconoce de forma expresa el acceso a la electricidad como un derecho humano. Sin embargo, la exposición de motivos recuerda que la Sala Constitucional mantiene una línea jurisprudencial que considera el suministro eléctrico un servicio fundamental vinculado con los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana.
La iniciativa adicionaría dos párrafos finales al artículo 50 de la Constitución Política que indicarían:
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso universal, continuo, seguro y asequible a la electricidad, como servicio esencial para la vida digna y para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. El Estado garantizará, protegerá y preservará este derecho conforme a los principios de igualdad, solidaridad, universalidad, continuidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.
La planificación, dirección, generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad deberán organizarse en función del interés general, la soberanía energética, la solidaridad territorial y la seguridad del sistema eléctrico nacional. La responsabilidad del Estado de garantizar este derecho y de conservar la dirección y el control del sistema eléctrico nacional es indelegable”.
El articulado establecería como indelegable la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho y conservar la dirección y el control del sistema eléctrico nacional.
La exposición de motivos aclara, sin embargo, que la reforma no pretende inmovilizar el modelo vigente ni impedir de forma general la participación de otros actores. El texto señala que futuras leyes podrían incorporar tecnologías, promover la generación distribuida o regular formas complementarias de participación, siempre que mantengan la conducción pública y la responsabilidad estatal.
Soberanía energética
La exposición de motivos define la soberanía energética como la capacidad pública para decidir cómo se planifica, genera, transmite, distribuye y garantiza la energía necesaria para el desarrollo nacional.
El texto aclara que este concepto no implica aislamiento ni autosuficiencia absoluta, pues Costa Rica podría continuar intercambiando electricidad con otros países, adquiriendo tecnología y participando en procesos de integración regional.
Según la propuesta, la soberanía energética requiere capacidad para planificar el sistema a largo plazo, coordinar las redes de transmisión, diversificar las fuentes de generación y mantener reservas y mecanismos de respaldo.
La exposición también menciona como elementos necesarios una inversión sostenida en infraestructura, la protección de las personas usuarias, la cobertura de zonas cuya atención no resulte comercialmente atractiva y la capacidad institucional para responder a sequías, emergencias, variaciones de la demanda y crisis regionales.
Electricidad y dignidad humana
La exposición de motivos argumenta que la electricidad constituye un soporte material indispensable para la dignidad humana y para el ejercicio de derechos como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda digna.
El proyecto recuerda que la Sala Constitucional considera desde 1996 el agua, la electricidad y el teléfono servicios básicos derivados de los derechos a la salud y la vida. Resoluciones posteriores aplicaron específicamente ese criterio al suministro eléctrico y lo vincularon también con la dignidad humana.
La iniciativa sostiene que, pese a esa jurisprudencia, la Constitución carece de una disposición que reconozca expresamente el acceso a la electricidad como derecho humano, por lo que propone otorgarle un fundamento constitucional directo.
La exposición también analiza experiencias internacionales de privatización y liberalización de mercados eléctricos. El proyecto cita estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y otras investigaciones para señalar que esos procesos no produjeron de forma automática reducciones tarifarias ni resultados uniformes y que sus efectos dependieron, entre otros factores, de la regulación, la infraestructura y la estructura de cada mercado.
El propio texto reconoce que esa evidencia tampoco permite afirmar que toda participación privada provoque mayores tarifas o problemas de suministro.
La reforma fue presentada con las firmas de seis diputaciones del Frente Amplio: Segura, José María Villalta Flórez-Estrada, Antonio Trejos Mazariegos, Vianey Mora Vega, Joselyn Sáenz Núñez y María Eugenia Román Mora.
También la respaldaron Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Karen Alfaro Jiménez y Janice Sandi Morales, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Trámite de una reforma constitucional
Las reformas constitucionales deben seguir un procedimiento especial. La propuesta debe presentarse con la firma de al menos diez diputaciones y durante un periodo de sesiones ordinarias. Posteriormente, debe leerse tres veces, con intervalos de seis días, antes de que el plenario decida si la admite a discusión.
Si el plenario la admite, la Asamblea debe nombrar por mayoría absoluta una comisión especial para analizarla, la cual tendrá hasta 20 días hábiles para rendir su dictamen. Una vez presentado el dictamen, el proyecto debe ser discutido y aprobado, con mayoría absoluta, en primer debate de primera legislatura.
Después de su aprobación en primer debate de la primera legislatura, el proyecto debe enviarse a consulta ante la Sala Constitucional, y si supera esa revisión puede ser discutido y aprobado, con mayoría calificada de 38 votos, en segundo debate de primera legislatura. Posteriormente, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo, que debe devolverlo a la Asamblea junto con el mensaje presidencial al inicio de la siguiente legislatura ordinaria.
Finalmente, la Asamblea debe discutir la reforma en tres debates de segunda legislatura, con por lo menos 38 votos.