La iniciativa de Joselyn Sáenz impediría nombrar en el Consejo Directivo o como asesores a personas con determinados vínculos recientes con empresas privadas relacionadas con las funciones del órgano.
La diputada del Frente Amplio (FA), Joselyn Sáenz Núñez, presentó un proyecto de ley (expediente 25.820) que propone establecer un periodo de tres años para restringir determinados nombramientos en el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con el objetivo de prevenir las denominadas “puertas giratorias” y conflictos de interés.
El articulado establece que no podría nombrarse como integrante del Consejo Directivo ni como asesor de alguno de sus miembros a una persona que, durante los tres años anteriores a su juramentación, haya ocupado puestos, desempeñado funciones o realizado actividades en empresas privadas cuyo negocio esté directamente relacionado con las funciones y responsabilidades del Consejo o represente un conflicto de interés.
La prohibición también se aplicaría cuando esos vínculos correspondan a parientes de la persona hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
Además, quienes integren el Consejo Directivo tendrían que declarar ante la Procuraduría de la Ética Pública, dentro del mes siguiente a asumir el cargo, las actividades profesionales ejercidas durante los tres años anteriores.
La declaración tendría que incluir los puestos, funciones y actividades desarrolladas en empresas relacionadas con las funciones del cargo público, así como los contratos suscritos con la Administración Pública por la persona o por sociedades y estructuras jurídicas en las que ella o sus familiares hasta tercer grado participen como accionistas o beneficiarios finales.
La Procuraduría tendría que verificar la información y emitir un informe público escrito.
Proyecto cuestiona decisiones de anteriores jerarquías
La exposición de motivos sostiene que el ICE enfrenta problemas de gobernanza y plantea:
Resulta urgente despolitizar la toma de decisiones en el Consejo Directivo pues a pesar de la enorme capacidad técnica y especializada de la institución, y de sus logros históricos, actualmente las altas jerarquías del ICE toman decisiones carentes de fundamento técnico que atentan contra la seguridad energética del país y contra la propia sostenibilidad de la institución”.
Como sustento, el proyecto cita dos informes de la Contraloría General de la República (CGR) relacionados con compras de electricidad a generadores privados.
En el informe DFOE-AE-IF-00009-2019, la Contraloría determinó que en 19 renovaciones, 11 contratos nuevos bajo la modalidad Construir y Operar y dos contratos bajo la modalidad Construir, Operar y Transferir, suscritos entre 2010 y 2018, no constaba evidencia documental sobre la fundamentación técnica, económica y de oportunidad utilizada por el ICE para decidir las contrataciones. La CGR estimó el valor de esos contratos en $2.049 millones.
Posteriormente, en el informe DFOE-SOS-IAD-00011-2023, la Contraloría determinó que el ICE contrató durante 2023 electricidad de cinco plantas privadas —cuatro hidroeléctricas y una eólica— sin estudios técnicos previos de orden financiero, económico, ambiental, social y de oportunidad que demostraran su necesidad y conveniencia para el Sistema Eléctrico Nacional.
El valor total estimado de esos cinco contratos alcanzó los $41,8 millones durante sus respectivos plazos contractuales.
La exposición también cuestiona la intención anunciada en 2022 por el entonces presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, de retirar de operación el 47% de la capacidad de generación térmica de la institución para reducir aproximadamente ₡30.000 millones anuales en costos.
El proyecto sostiene que la decisión habría reducido la capacidad de respaldo del sistema y señala que no se concretó ante la oposición de equipos técnicos de la institución. Estas últimas valoraciones corresponden a la exposición de motivos de la iniciativa.
Señalamientos por vínculos anteriores con empresa energética
El proyecto también utiliza como ejemplo la trayectoria profesional de Acuña antes de ingresar al ICE. Según la exposición de motivos, entre enero de 2017 y enero de 2019 trabajó como gerente de ingeniería de Corporación Multi Inversiones (CMI), compañía con negocios de generación eléctrica.
Previamente, entre octubre de 2008 y enero de 2017, trabajó como gerente de proyectos de Globeleq Mesoamerica Energy (GME), cuyos activos adquirió CMI en 2016. En febrero de 2019 ingresó al ICE como director corporativo de electricidad.
La iniciativa cuestiona que no existiera un periodo de separación de tres años entre ambos puestos y señala:
Esto es, por definición, una puerta giratoria y resulta inevitable cuestionarse si la decisión de compra de energía del ICE a esta empresa procedía de razones técnicas o de un evidente conflicto de interés”.
En 2023, cuando Semanario Universidad consultó a Acuña por cuestionamientos similares relacionados con CMI, el entonces presidente ejecutivo negó que existiera un conflicto de interés. Señaló que el decreto citado en los cuestionamientos provenía del Poder Ejecutivo y que las decisiones de compra de electricidad correspondían a la Gerencia de Electricidad, no a la Presidencia Ejecutiva.
OCDE recomendó regular las “puertas giratorias”
La iniciativa cita el Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica, publicado en 2022, en el cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó fortalecer las reglas para prevenir y gestionar conflictos de interés antes y después del ejercicio de cargos públicos.
El informe señaló:
Actualmente Costa Rica carece de las estipulaciones legales adecuadas para regular la interacción con el sector privado en situaciones antes y después de obtener empleo en el sector público. Además del vacío legal, lo más preocupante es que Costa Rica carece de políticas o procedimientos para detectar y enfrentar oportunamente tales situaciones”.
La OCDE recomendó definir mediante legislación qué personas y actividades quedarían sujetas a estas restricciones, cuánto durarían los periodos de enfriamiento y qué mecanismos de supervisión se aplicarían.
El proyecto fue presentado el 1 de octubre con las firmas de las seis diputaciones del Frente Amplio y permanece pendiente de que se le asigne una comisión legislativa para iniciar su trámite.