La iniciativa de Nayuribe Guadamuz busca desafectar la estructura, declarada patrimonio histórico-arquitectónico en 2011, con el argumento de que su condición actual limita una solución vial de mayor alcance.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Nayuribe Guadamuz Rosales presentó un proyecto de ley (expediente 25.834) para desafectar del régimen de patrimonio histórico-arquitectónico el Puente Real de Liberia, en Guanacaste.
La iniciativa busca eliminar la condición jurídica otorgada a la estructura en 2011 para permitir que posteriormente pueda plantearse una solución de infraestructura de mayor alcance en esa conexión vial. El proyecto no detalla cuál obra se ejecutaría en caso de aprobarse la desafectación.
El texto sostiene que las preocupaciones sobre el estado del puente son anteriores a su declaratoria patrimonial. Un estudio de agosto de 2009 del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y Juventud, documentó deterioro en componentes de madera y acero.
Además, en el expediente administrativo 018-2009, el órgano director recomendó en febrero de 2010 no declarar el puente patrimonio. Esa recomendación se acogió mediante la resolución 022-10 y se ordenó archivar el procedimiento. Posteriormente se abrió el expediente 031-2010, que culminó con la declaratoria patrimonial.
El Puente Real fue construido en 1907 con acero importado de la empresa American Bridge Company, de Nueva York. Según el estudio técnico MOPT-02-10-01-2019 citado en el proyecto, mide aproximadamente 32 metros de largo y 3,82 metros de ancho y cuenta con una estructura metálica y superficie de rodamiento con elementos de madera.
Dos intentos anteriores
La propuesta de Guadamuz constituye al menos el tercer intento legislativo reciente para retirar la condición patrimonial del Puente Real.
En enero de 2019 se presentó el expediente 21.205, que buscaba anular la declaratoria patrimonial para facilitar el tránsito por el sector. La iniciativa recibió un dictamen unánime negativo.
En 2020 se presentó el expediente 21.761, que también pretendía eliminar la declaratoria e incluía una declaratoria de interés público para la Calle Real de Liberia. Ese proyecto fue rechazado posteriormente en la Comisión de Gobierno y Administración.
Durante el análisis de esa iniciativa, la Procuraduría General de la República señaló que la desafectación de un inmueble incorporado al patrimonio histórico-arquitectónico corresponde a la Asamblea Legislativa y requiere estudios técnicos que justifiquen la pérdida de las condiciones que sustentaron originalmente su protección.
La exposición de motivos del nuevo proyecto también cita el voto 3656-2003 de la Sala Constitucional, según el cual la desafectación debe sustentarse en un estudio técnico y objetivo que permita constatar la pérdida del valor cultural que justificó la declaratoria.
Restauraciones y restricciones
El proyecto detalla dos intervenciones realizadas en la estructura. Entre 2012 y 2013 se ejecutaron trabajos por aproximadamente ₡96 millones, que incluyeron intervenciones en los bastiones y elementos metálicos.
En 2022, la Municipalidad de Liberia promovió otra restauración por alrededor de ₡196 millones, que comprendió reforzamientos estructurales y una nueva superficie de rodamiento con tablones de madera.
Ambas inversiones suman cerca de ₡292 millones, aunque la iniciativa aclara que esa cifra no representa una estimación del costo total de conservación del puente.
Tras las obras de 2022, la apertura se vio afectada por una orden sanitaria relacionada con condiciones de seguridad y contaminación sónica, y el paso se habilitó hasta febrero de 2023. En 2026 se reportaron nuevas restricciones de circulación mediante la orden sanitaria N.º MS-DRRSCHDARL-OS-003-2026.
Según la exposición de motivos, el puente comunica el sur de Liberia con el centro de la ciudad y las restricciones obligan a modificar recorridos, con posibles efectos sobre el acceso a centros educativos, comercios y servicios de emergencia.
El texto se apoya también en un informe elaborado por los ciudadanos liberianos Feliciano Betancourth Corea y Rafael Abarca Contreras para el Comité Cívico por el Libre Tránsito sobre Puente Real, fechado el 3 de octubre de 2026.
Sobre la relación entre conservación y movilidad, el proyecto señala:
La declaratoria patrimonial protege los valores históricos de la estructura, pero no resuelve por sí misma las dificultades de operación de esta conexión urbana”.
La iniciativa aclara que la desafectación no autorizaría automáticamente una demolición, sustitución u otra obra, sino que únicamente modificaría la condición jurídica del inmueble. Cualquier intervención posterior tendría que cumplir los procedimientos y permisos correspondientes.
El proyecto se presentó el 13 de octubre y permanece pendiente de asignación a una comisión legislativa para iniciar su trámite.