La iniciativa de Kattia Ulate sustituiría la actual participación con voto de las organizaciones sociales dentro de la Junta Rectora por un consejo consultivo no vinculante.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia María Ulate Alvarado, presentó un proyecto de ley (expediente 25.817) que trasladaría el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) de la Presidencia de la República al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), manteniendo su condición de órgano de desconcentración máxima y su rectoría técnica especializada en envejecimiento y vejez.
La propuesta plantea una reforma amplia a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935), mediante la modificación de 19 artículos, la incorporación de cuatro artículos nuevos y cuatro disposiciones transitorias.
La iniciativa también busca reorganizar el gobierno del Conapam para que una Junta Rectora de siete representantes del sector público se concentre en la dirección política y estratégica, mientras que la Dirección Ejecutiva asumiría la administración ordinaria, la ejecución presupuestaria, la contratación pública, la gestión del personal y otras funciones administrativas.
Asimismo, pretende reforzar las facultades del Conapam para solicitar información, fiscalizar recursos y distribuir fondos con criterios técnicos. También sustituiría la actual participación con voto de organizaciones sociales dentro de la Junta Rectora por un Consejo Nacional de Participación y Concertación sobre Envejecimiento y Vejez, de carácter consultivo y con recomendaciones no vinculantes.
La nueva Junta Rectora estaría integrada exclusivamente por representantes del MTSS, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Junta de Protección Social (JPS) y una persona representante de las universidades estatales designada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Las personas integrantes no recibirían dietas. Además, el proyecto establece expresamente que la Junta no podría ejercer funciones de administración ordinaria, gestión de personal, contratación pública, ejecución presupuestaria, asignación individual de recursos ni resolución de casos particulares.
La propuesta ubicaría al Conapam dentro del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. La exposición de motivos argumenta que esta adscripción facilitaría su coordinación con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), administrado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), dependencia del MTSS y una de las principales fuentes de financiamiento público del Consejo.
Cambios presupuestarios y distribución de recursos
El proyecto también actualizaría la Ley 7935 para armonizarla con el régimen presupuestario vigente de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, cuyos presupuestos deben incorporarse al Presupuesto Nacional para su discusión y aprobación legislativa.
El texto mantendría la personalidad jurídica instrumental del Conapam y establecería que este continuará administrando y ejecutando los recursos que la ley le asigne, respetando sus destinos específicos.
Además, incorporaría expresamente la obligación de aplicar “criterios técnicos objetivos, transparentes y verificables” para distribuir los recursos destinados a programas y servicios para personas adultas mayores.
Entre los factores que deberían considerarse figuran la demanda efectiva, las necesidades de la población, los costos de atención y las modalidades de servicio. El proyecto menciona programas de atención y cuidado en el domicilio, la comunidad, centros diurnos y establecimientos de atención permanente.
Cambio en la estructura de participación
La exposición de motivos señala que, después de más de 25 años de vigencia de la Ley 7935, el contexto demográfico, jurídico e institucional del Conapam “ha experimentado transformaciones sustanciales”.
Ante el envejecimiento de la población, la propuesta plantea reforzar un enfoque basado en derechos humanos, autonomía, independencia, dignidad, participación e inclusión de las personas adultas mayores.
El proyecto cita además lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores:
Asimismo, exige promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, particularmente de las propias personas mayores, en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas y de la legislación que les concierne”.
El nuevo Consejo Nacional de Participación y Concertación incluiría personas adultas mayores, organizaciones de bienestar social, asociaciones de pensionados y jubilados, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector académico.
Ese órgano podría formular recomendaciones sobre políticas, planes y estrategias relacionadas con envejecimiento y vejez, pero no asumiría funciones de dirección, administración, fiscalización o ejecución propias del Conapam.
El proyecto fue suscrito por 20 diputaciones del PPSO, incluida Ulate. Tras su presentación el 1 de octubre, permanece pendiente de asignación a una comisión legislativa para iniciar su trámite.