La iniciativa de Gerarld Bogantes busca dar respaldo legal al sistema que funciona actualmente por decreto y definir su gobernanza, servicios, financiamiento y mecanismos de rendición de cuentas.
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Gerarld Bogantes Rivera, presentó un proyecto de ley (expediente 25.843) que busca elevar a rango legal el Sistema Nacional de Empleo (SNE) y reconocer la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano de Costa Rica (Eneth-CR) como su instrumento de planificación.
El SNE ya existe por vía administrativa. El Poder Ejecutivo lo creó mediante el Decreto Ejecutivo 41776, del 10 de junio de 2019.
La propuesta busca consolidar mediante una ley su organización, responsabilidades institucionales y servicios, con el argumento de que su regulación actual depende de decretos, acuerdos, modelos administrativos y convenios que pueden modificarse entre administraciones.
La exposición de motivos señala:
La propuesta no pretende inmovilizar el Sistema en su configuración actual, sino establecer una arquitectura general y estable que pueda adaptarse, con fundamento técnico, a los cambios productivos, tecnológicos, sociales y territoriales”.
El sistema sería de aplicación obligatoria para instituciones de la Administración Pública central y descentralizada que brinden o financien servicios de orientación, formación, certificación de competencias, intermediación laboral, emprendimiento y apoyo a la empleabilidad, sin perjuicio de los regímenes de autonomía correspondientes.
Consejo definiría política del sistema
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ejercería la rectoría del SNE y su jerarca presidiría el Consejo Nacional de Empleo, que funcionaría como órgano superior del sistema.
Con voz y voto participarían también el jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), tres representantes del sector empleador y tres del sector trabajador.
El Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) participarían con voz, pero sin voto.
Los representantes de los sectores empleador y trabajador serían designados por el Consejo Superior de Trabajo por períodos de cuatro años, prorrogables una única vez.
El Consejo celebraría cuatro sesiones ordinarias al año y sus integrantes no recibirían dietas ni remuneraciones adicionales.
El sistema tendría además una Secretaría Técnica presidida por la persona a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS e integrada por representantes de varias instituciones. La Agencia Nacional de Empleo, Conare y Unire participarían en ese órgano con voz, pero sin voto.
Agencia y red de unidades de empleo
La operación del sistema estaría a cargo de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), adscrita al INA, que administraría la plataforma informática del SNE y coordinaría la Red de Unidades de Empleo.
La ANE contaría además con un Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas para brindar atención sin necesidad de acudir presencialmente.
Las unidades de empleo funcionarían como ventanillas únicas para personas y empresas y podrían ser públicas, privadas o público-privadas. Para integrarse a la red tendrían que cumplir los requisitos correspondientes, obtener una habilitación y suscribir un convenio con el INA.
La propuesta contempla unidades con distintos niveles de servicio, desde registro, citas e intermediación laboral hasta orientación, formación, colocación y acompañamiento para la permanencia en el empleo.
Las municipalidades y concejos municipales de distrito podrían incorporarse voluntariamente mediante convenios.
Servicios para buscar empleo serían gratuitos
El proyecto establece que los servicios públicos de información, registro, orientación, referencia e intermediación laboral serían gratuitos para las personas que buscan empleo.
Ninguna institución o unidad integrada al SNE podría cobrar por registrarse, consultar vacantes, recibir orientación, ser postulada a un puesto, participar en un proceso de selección u obtener una colocación.
La prohibición no alcanzaría los costos legalmente autorizados de programas educativos, evaluaciones o certificaciones de competencias, pero el pago de esos servicios no podría imponerse como condición para acceder a una vacante.
La plataforma informática permitiría registrar personas y empresas, publicar oportunidades laborales y generar indicadores para dar seguimiento a los servicios. El tratamiento de los datos tendría que ajustarse a la legislación sobre protección de información personal.
Estrategia tendría vigencia mínima de diez años
La Eneth-CR sería aprobada por el Consejo Nacional de Empleo y oficializada mediante decreto ejecutivo. Cada estrategia tendría una vigencia mínima de diez años y debería actualizarse al menos cada cuatro.
El sistema se financiaría principalmente con los presupuestos ordinarios de las instituciones participantes y podría recibir transferencias autorizadas por ley, recursos provenientes de convenios, cooperación y donaciones. El proyecto no crea una nueva partida presupuestaria específica.
El MTSS tendría que informar cada mayo a la Asamblea Legislativa sobre los resultados del SNE y de la estrategia, incluyendo datos sobre personas y empresas atendidas, colocaciones laborales, cobertura, recursos ejecutados, dificultades e incumplimientos institucionales.
El informe tendría que publicarse en los sitios oficiales dentro de los diez días hábiles posteriores a su presentación.
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendría seis meses para reglamentar la ley. Los órganos del SNE que actualmente funcionan dispondrían de doce meses para ajustar su organización, mientras que las instituciones públicas que brindan servicios de empleo tendrían seis meses para entregar un inventario de sus programas, presupuestos e indicadores.
El proyecto fue presentado el 15 de octubre y ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite.