El legislador del Frente Amplio solicita investigar la designación de Pablo Martínez Bertozzi, quien, según reconoció Casa Presidencial, carece del grado policial que la ley exige para dirigir un cuerpo de policía.
El diputado del Frente Amplio Antonio Trejos Mazariegos presentó una denuncia penal dirigida al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, para solicitar que se investigue la participación de la presidenta Laura Fernández Delgado y del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, en el nombramiento de Pablo Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
La denuncia, fechada este jueves 15 de octubre, solicita determinar si el nombramiento, que entró en vigor el 1.º de junio de 2026, incumplió los requisitos de la Ley General de Policía y si las autoridades que participaron en la designación conocían que Martínez Bertozzi carecía del grado policial mínimo exigido para ocupar ese puesto.
El artículo 65 de la Ley General de Policía establece que los directores de los cuerpos policiales deben ostentar, como mínimo, el grado de comisionado de policía, mientras que los subdirectores requieren al menos el grado de comandante. La misma disposición señala que estos cargos son de libre nombramiento y remoción por parte del ministro correspondiente.
En una declaración sobre la denuncia, Trejos sostuvo que esa facultad de nombramiento no permite a las autoridades prescindir de los requisitos legales y afirmó que la persona designada por el Gobierno no reúne las condiciones exigidas.
Y si bien se trata de un nombramiento de libre disposición de la Presidencia, esa libre disposición está sujeta a las leyes de nuestro país".
La gestión se fundamenta en el artículo 344 del Código Penal, que tipifica el delito de "nombramientos ilegales" y establece una sanción de entre 30 y 90 días multa para el funcionario público que proponga o nombre a una persona que no reúna los requisitos legales de un puesto. Se trata de una pena económica cuyo monto depende de las condiciones de la persona condenada.
Casa Presidencial reconoció ausencia de rango policial
Uno de los principales elementos de la denuncia es una respuesta que Casa Presidencial remitió al medio CRHoy el 14 de agosto de 2026, ante consultas sobre los requisitos del director de Inteligencia. En esa comunicación, la oficina de prensa de la Presidencia reconoció expresamente: "El señor Pablo Bertozzi Martínez no ostenta rango policial".
En la misma respuesta, el Ejecutivo defendió la legalidad del nombramiento con fundamento en el artículo 62 de la Ley General de Policía y el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS. Esta última disposición permite que la Dirección General sea ocupada por un profesional en un área relacionada con el cargo o por una persona cuya experiencia e idoneidad técnica en seguridad la hagan apta para ejercerlo, a juicio del presidente o del ministro de la Presidencia.
Trejos cuestionó esa justificación porque considera que un reglamento del Poder Ejecutivo no puede eliminar ni sustituir un requisito establecido directamente mediante una ley.
El legislador también citó una respuesta del Ministerio de Seguridad Pública, emitida el 4 de septiembre mediante el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-11494-2026. Según la denuncia, la institución entregó un listado de las personas que, de acuerdo con sus registros, ostentan los grados policiales de comisionado o comandante, en el cual no figura Martínez Bertozzi.
Procuraduría había advertido sobre el requisito desde 2020
Otro elemento de la denuncia es el dictamen C-114-2020 de la Procuraduría General de la República, emitido el 31 de marzo de 2020 en respuesta a una consulta del propio Ministerio de la Presidencia sobre la naturaleza jurídica del cargo de director de la DIS.
En ese pronunciamiento, la Procuraduría señaló que la DIS integra los cuerpos policiales contemplados por la Ley General de Policía y que, por esa razón, sus máximas autoridades deben cumplir los requisitos de grado correspondientes: comisionado para el director y comandante para el subdirector.
El criterio también reconoció que se trata de puestos de confianza y libre nombramiento, pero sin excluir la obligación de cumplir las condiciones legales. La denuncia menciona otros cuatro pronunciamientos de la Procuraduría que, según Trejos, mantienen esa interpretación.
Para el diputado, la existencia de un criterio jurídico que el Ministerio de la Presidencia recibió seis años antes del nombramiento justifica investigar qué conocimiento tenían las personas funcionarias que participaron en la designación de Martínez Bertozzi y si verificaron el cumplimiento de los requisitos legales.
También pide revisar si se otorgó un grado policial posteriormente
La denuncia introduce otro elemento relacionado con el Decreto Ejecutivo 44637-MP, firmado el 11 de julio de 2024 por Rodrigo Chaves, cuando era presidente de la República, y Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia.
Esa normativa modificó disposiciones sobre el otorgamiento de grados policiales en la DIS y la Unidad Especial de Intervención (UEI). Entre otros aspectos, estableció que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia pueden otorgar discrecionalmente grados policiales mediante acuerdos ejecutivos, atendiendo a circunstancias de urgencia y necesidad institucional para garantizar la continuidad del servicio público.
Trejos también cuestionó públicamente las modificaciones reglamentarias relacionadas con el nombramiento de autoridades policiales y sostuvo que estas no pueden utilizarse para desconocer las disposiciones de la Ley General de Policía.
A partir de esos antecedentes, la denuncia solicita investigar si las autoridades utilizaron el mecanismo establecido en 2024 para otorgar o reconocer algún grado policial a Martínez Bertozzi, antes o después de su nombramiento, y cuáles habrían sido los fundamentos jurídicos de esa decisión.
En concreto, el diputado pide a la Fiscalía obtener el expediente administrativo completo del nombramiento, incluidos los estudios de idoneidad, informes jurídicos, recomendaciones y documentos utilizados para acreditar los requisitos del cargo. También solicita certificaciones sobre la existencia de algún grado policial, la fecha de su eventual otorgamiento y la autoridad que lo hubiera conferido.
La gestión incluye una solicitud para recibir declaraciones de las personas funcionarias que participaron en el procedimiento y determinar quién verificó los requisitos legales, qué análisis realizó la asesoría jurídica del Ministerio de la Presidencia y cuál fue la intervención de Fernández y Chaves.
Diputado también cuestiona labores de seguridad de la DIS
En sus declaraciones, Trejos vinculó su cuestionamiento al nombramiento con las labores de seguridad de la DIS y mencionó la controversia por la presencia de un ciudadano chino-costarricense detenido con fines de extradición a Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, en la celebración del triunfo electoral de Fernández.
El legislador cuestionó las precauciones adoptadas por la institución para proteger a la mandataria y evitar que apareciera en fotografías con personas vinculadas a investigaciones criminales.
La presidenta Fernández negó el pasado 5 de octubre conocer al ciudadano requerido por Estados Unidos, afirmó que nunca se reunió con él y puso en duda la autenticidad de algunas fotografías difundidas públicamente.
Trejos insistió en que la actuación de los organismos de inteligencia debe mantenerse dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
Creemos que la DIS tiene que ser una policía bajo el mandato de la ley y no por encima de esta".
Finalmente, el legislador solicitó que, una vez esclarecidos los hechos, el Ministerio Público determine si corresponde ejercer acciones penales contra alguna de las personas involucradas.