La iniciativa de Nogui Acosta fijaría un máximo general de cinco armas y permitiría hasta 10 para deportistas que justifiquen técnicamente su necesidad, pero no establece un límite equivalente para las destinadas a cacería.
El diputado y jefe de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén, presentó un proyecto de ley (expediente 25.836) que busca limitar a cinco la cantidad de armas inscritas para uso deportivo y permitir, de manera excepcional, hasta 10 cuando la persona acredite una necesidad técnica vinculada con su práctica competitiva.
La iniciativa señala que el artículo 62 de la Ley de Armas y Explosivos (Ley 7530) permite actualmente que una persona física inscriba más de tres armas destinadas a la cacería, al tiro al blanco o al plato, incluso si son del mismo calibre, sin establecer un máximo.
Según la exposición de motivos, esa ausencia de límite permite acumular cantidades elevadas de armas bajo la modalidad deportiva sin que la Administración cuente con parámetros legales suficientes para valorar la razonabilidad de nuevas adquisiciones.
Los datos remitidos por el Departamento de Control de Armas y Explosivos indican que existen 14.759 armas con matrícula deportiva activa en manos de 6.863 personas. Una sola persona registra 67 armas activas; 595 personas poseen cinco o más y concentran 5.861 unidades, mientras 188 tienen 10 o más y concentran 3.263 armas.
La propuesta exigiría, desde la inscripción de una segunda arma deportiva, demostrar actividad real y reciente compatible con el arma solicitada. Para superar el límite general de cinco, la persona tendría que acreditar, entre otros requisitos, participación en entrenamientos o competencias, justificar técnicamente cada arma adicional y demostrar medidas reforzadas de almacenamiento y seguridad.
Además, el Departamento de Control de Armas y Explosivos tendría que someter a fiscalización reforzada solicitudes con patrones considerados inusuales, como la adquisición de varias armas sustancialmente idénticas, reportes reiterados de pérdidas o sustracciones, nuevas solicitudes sin evidencia de utilización de las armas ya inscritas o transferencias frecuentes.
La reforma también obligaría a polígonos y campos de tiro a registrar cada práctica con datos como el tipo de arma, marca, modelo, calibre, número de serie y cantidad de munición utilizada.
Proyecto busca mejorar trazabilidad entre instituciones
La iniciativa propone conectar los registros del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público mediante mecanismos de consulta, interoperabilidad y alertas que permitan seguir el recorrido de cada arma por medio de su número de serie.
La exposición de motivos señala:
El contexto de violencia armada exige, por tanto, una respuesta preventiva y focalizada. La regulación debe reducir las oportunidades de desvío, mejorar la calidad de los registros y permitir que las autoridades detecten operaciones inusuales antes de que se pierda la trazabilidad”.
El texto indica además que autoridades del MSP, el OIJ y el Ministerio Público han advertido sobre el ingreso de fusiles y otras armas por rutas relacionadas con México, Colombia y el corredor centroamericano, así como modalidades de intercambio de armas por drogas, ingreso de componentes y un posible mercado ilegal interno.
Según información de la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) citada en el proyecto, Costa Rica contabilizaba más de 280.000 armas registradas hasta 2024. Entre 2017 y 2024 se realizaron 46.548 nuevas inscripciones y el 45,7% se concentró entre 2022 y 2024.
Armas sustraídas y decomisadas
La base de datos oficial también contiene armas deportivas registradas como sustraídas, extraviadas o decomisadas. Entre 2022 y 2026 aparecen 53 registros de armas sustraídas, uno de extravío, 23 decomisos generales, 19 decomisos administrativos, 129 decomisos judiciales y 14 decomisos vinculados con violencia doméstica.
El propio proyecto aclara que esos registros no demuestran que las armas hayan sido utilizadas para cometer delitos. La iniciativa sostiene que deben servir para generar alertas y valorar nuevas solicitudes.
El OIJ comparó 3.161 armas analizadas por su Sección de Balística y Trazas entre abril de 2023 y agosto de 2026 con el módulo de denuncias del Expediente Criminal Único y encontró 322 coincidencias.
Sin embargo, el proyecto señala:
El OIJ no puede determinar directamente cuáles estaban inscritas como deportivas porque la información registral es administrada por el Ministerio de Seguridad Pública y el organismo no tiene acceso directo a ControlPAS”.
Según la iniciativa, esa fragmentación dificulta reconstruir el recorrido de un arma desde su importación y venta hasta una eventual pérdida, transferencia, decomiso o análisis balístico.
Las personas que ya posean más armas que los nuevos máximos podrían conservarlas, pero no aumentar su inventario deportivo mientras permanezcan por encima del límite, salvo los casos de reposición contemplados por la propuesta.
A pesar de establecer máximos para las armas de uso deportivo, el proyecto no crea un límite equivalente para las armas destinadas a cacería.
La iniciativa se presentó el 13 de octubre y permanece pendiente de asignación a una comisión legislativa para iniciar su trámite.