El Gobierno de Laura Fernández Delgado convocó 112 expedientes legislativos para el período de sesiones extraordinarias que comenzará el próximo 1.º de noviembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027. La lista incluye reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial consecutiva y modificar las reglas sobre propaganda electoral religiosa, proyectos para autorizar la minería metálica en Crucitas, regular las plataformas de transporte, colocar eurobonos en el mercado internacional y reformar distintas disposiciones penales y tributarias.
Sin embargo, la amplitud de la convocatoria contrasta con el estado de tramitación de los proyectos. Un cotejo de los 112 expedientes convocados hecho por Delfino.cr revela que solamente 48 figuraban en la agenda de Plenario, mientras que otros 64 todavía no habían ingresado a ella o permanecían sujetos a trámites que impedían su conocimiento inmediato.
De esos 64 expedientes, 58 permanecían en comisión sin dictamen, es decir, sin que el órgano legislativo encargado de estudiarlos hubiera emitido una recomendación formal para su discusión en el plenario. Otros cuatro ya contaban con dictamen, uno tenía pendiente el conocimiento de un informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y otro, presentado recientemente, todavía no tenía comisión asignada.
Durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo decide cuáles expedientes pueden tramitarse en la Asamblea Legislativa, pero su avance depende del estado en que se encuentren, las prioridades establecidas por el Reglamento legislativo, las mociones que se presenten y las decisiones que adopte el Congreso. Una agenda de proyectos mal elaborada, como ha ocurrido previamente, puede causar que en un día no llegue a votarse ningún proyecto o, inclusive, que se levante la sesión porque las iniciativas en agenda no están listas para que el plenario tome control de ellas.
Una convocatoria sin las prioridades de la oposición
La selección de proyectos también refleja el criterio político con el que el Ejecutivo pretende administrar el nuevo período extraordinario. La revisión de los proponentes muestra una concentración de iniciativas presentadas por el Gobierno, tanto durante la actual administración como durante la anterior, y por diputados de Pueblo Soberano o legisladores que mantuvieron posiciones de cercanía con el chavismo.
La convocatoria no incorpora proyectos impulsados como propios por las actuales fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), las principales bancadas opositoras del Congreso. Aunque aparecen iniciativas presentadas por antiguos diputados de otros partidos o por legisladores independientes, su procedencia partidaria original no necesariamente corresponde con la posición política que mantuvieron durante la legislatura anterior.
Entre los expedientes convocados también figura una iniciativa del exdiputado socialcristiano Carlos Felipe García Molina, relacionada con la promoción de la educación y formación técnica y profesional dual (expediente 24.283), que constituye prácticamente la única excepción a esa concentración de proyectos oficialistas o afines.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, confirmó este jueves que el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en iniciativas de interés del Gobierno y señaló que, hasta ese momento, no habían consultado a las demás bancadas cuáles proyectos deseaban impulsar durante las sesiones extraordinarias.
La decisión se produce, además, en medio de tensiones entre el oficialismo y las fracciones opositoras. Esta semana, diputados del PLN retiraron dos proyectos de la agenda legislativa tras denunciar una supuesta instrucción de Casa Presidencial para que Pueblo Soberano rechazara las iniciativas promovidas por la oposición.
Solo 42 proyectos de ley estaban en la agenda del plenario
De los 48 expedientes convocados que aparecían en el orden del día del jueves, seis corresponden a reformas constitucionales, cuyo conocimiento se ubica en la primera parte de las sesiones legislativas. Los otros 42 son proyectos de ley ordinarios, presupuestarios o de aprobación de tratados que figuran en los distintos apartados de discusión de la segunda parte.
Incluso dentro de ese grupo existen iniciativas cuyo conocimiento está suspendido. Es el caso del proyecto de jornadas laborales excepcionales de 12 horas (expediente 24.290), aprobado en primer debate y sometido a consulta ante la Sala Constitucional, así como la Ley marco de las asociaciones público-privadas, cuyo trámite también enfrenta una consulta constitucional.
Otros proyectos suspendidos son la definición del límite territorial entre Alajuela y Belén (expediente 24.625), una reforma a la Ley de Radio (expediente 24.461) y una iniciativa relacionada con la Ley de Tránsito y otros ajustes tributarios (expediente 24.082), pendiente de trámites de consulta y publicación.
Entre los proyectos que sí pueden avanzar se encuentran propuestas con etapas de discusión muy diferentes. Algunas están listas para votarse en primer debate, mientras otras deben abrir períodos para presentar mociones de fondo al amparo del artículo 137 del Reglamento legislativo o todavía permiten la presentación de mociones de reiteración.
Estas diferencias pueden modificar considerablemente el ritmo de la agenda. Cuando se presentan mociones del artículo 137, el expediente regresa a la comisión dictaminadora y se suspende temporalmente su discusión en primer debate. De igual forma, el anuncio de mociones de reiteración obliga a habilitar el plazo reglamentario para su presentación antes de continuar el trámite.
El presupuesto nacional tendrá prioridad en noviembre
La agenda de noviembre estará condicionada por la discusión del Presupuesto Nacional para 2027, cuyo conocimiento no depende de la convocatoria del Poder Ejecutivo porque la Constitución Política obliga a tramitarlo durante ese mes.
El proyecto, dictaminado favorablemente por la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 20 de octubre, contempla un presupuesto de aproximadamente ₡12,4 billones. El oficialismo consiguió aprobar el dictamen con sus seis votos en la comisión, mientras los cinco legisladores del PLN y el Frente Amplio votaron en contra.
El artículo 205 del Reglamento legislativo dispone que el presupuesto debe comenzar a discutirse en primer debate el 1.º de noviembre o en la siguiente sesión, que este año corresponderá al lunes 2 de noviembre. También establece que tendrá prioridad sobre cualquier otro asunto en trámite.
La misma disposición fija el 27 de noviembre como fecha límite para agotar su primer debate y el 29 de noviembre para concluir el segundo. Si la discusión del primer debate no termina a las 11:55 p. m. del día 27, el Reglamento la da por agotada y considera aprobado el proyecto en esa etapa. Para el segundo debate, el día 29, establece el cierre de la discusión a las 11:30 p. m. y su votación inmediata.
A diferencia de los demás proyectos de ley, el presupuesto ordinario no admite mociones del artículo 137. Para introducir modificaciones durante su conocimiento en el plenario, la Asamblea debe aprobar una moción que permita convertirlo en comisión general, procedimiento que exige una mayoría calificada de 38 votos.
Acosta indicó este jueves, durante la reunión de jefaturas de fracción, que Pueblo Soberano no aportará sus votos para habilitar ese procedimiento y manifestó el interés del oficialismo de concluir la discusión presupuestaria cuanto antes. Con sus 31 diputados, la bancada oficialista cuenta con los votos necesarios para impedir que se alcance la mayoría calificada requerida.
Sin embargo, la rapidez con que pueda concluir el debate también dependerá de la oposición. Cada diputado dispone de tiempo reglamentario para intervenir sobre el fondo del presupuesto, por lo que las bancadas no oficialistas pueden extender su discusión si deciden utilizar íntegramente esos espacios. La ausencia de proyectos propios entre las prioridades de la convocatoria podría influir en esa decisión, aunque todavía no es posible establecer cuánto tiempo destinarán a sus intervenciones.
Además del presupuesto ordinario, el Gobierno convocó el segundo presupuesto extraordinario de 2026, que propone modificaciones a las partidas de gasto vigentes. Este expediente sigue un procedimiento diferente, regulado por el artículo 206 del Reglamento legislativo, que le otorga prioridad para su conocimiento en el plenario a partir de las 6:00 p. m., una vez concluido su trámite en comisión.
El presupuesto extraordinario también podría recibir nuevas mociones del artículo 137 y regresar a la Comisión de Asuntos Hacendarios, circunstancia que suspendería temporalmente su discusión en el plenario. Una vez que llegue al debate sobre el fondo, la oposición también podrá hacer uso de sus tiempos de intervención.
Reelección presidencial y otras reformas constitucionales
Entre las iniciativas incorporadas al decreto destaca la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva (expediente 25.867), presentada el pasado 27 de octubre por diputados de Pueblo Soberano.
La propuesta pretende modificar el artículo 132 de la Constitución Política para permitir que una persona que ocupa la Presidencia de la República pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo. También modificaría las condiciones para que expresidentes puedan volver a postularse después de dejar el cargo.
La reforma tendría efectos sobre las posibilidades de una nueva candidatura presidencial del expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves en 2030. No obstante, su aprobación requiere un procedimiento constitucional que se extiende a dos legislaturas distintas y el respaldo de al menos 38 diputados, siete más de los que tiene Pueblo Soberano.
La convocatoria también incluye una reforma para restringir la prohibición constitucional de propaganda política basada en creencias religiosas (expediente 25.829) y otra para establecer expresamente la protección constitucional de la vida desde la concepción hasta la muerte natural (expediente 25.830).
A esas iniciativas se suman propuestas para modificar las reglas de reelección de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (expediente 25.387), fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado (expediente 25.686) y transformar el modelo de fiscalización de la Contraloría General de la República (expediente 25.692).
Eurobonos, Crucitas y seguridad permanecen entre las prioridades
El Gobierno también incluyó el proyecto de eurobonos, expediente 25.363, que autorizaría la colocación de hasta $13.500 millones en títulos de deuda pública en mercados internacionales durante un período de nueve años. La iniciativa continúa en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde persisten diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el monto, el plazo y las condiciones de las emisiones.
La autorización de este endeudamiento requiere una mayoría calificada de 38 votos, por lo que su aprobación dependerá de acuerdos con diputados de otras fracciones. Acosta señaló este jueves que se trata de una de las prioridades del Ejecutivo para el período extraordinario, pero la oposición desde ya ha advertido que no dará sus votos para una autorización de ese monto, y sin otras condiciones aparejadas.
También fue convocada la propuesta para permitir la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos (expediente 24.717). Aunque aparece en el orden del día del plenario, continúa vinculada al trámite de mociones del artículo 137 en la Comisión de Ambiente, donde presenta un lento avance debido al uso de la palabra por parte de la oposición.
En cambio, otros proyectos de interés gubernamental todavía no han sido dictaminados. Es el caso de la iniciativa para desarrollar el complejo institucional de Ciudad Gobierno (expediente 25.725), la propuesta para eliminar el régimen especial de pensiones de expresidentes (expediente 25.703) y el fortalecimiento del régimen no contributivo de pensiones (expediente 25.721).
En seguridad, el Ejecutivo incorporó un conjunto de proyectos presentados durante la actual legislatura, entre ellos la creación de nuevas herramientas para combatir asociaciones criminales (expediente 25.615), medidas contra la reincidencia delictiva (expediente 25.616) y disposiciones relacionadas con el trabajo de personas privadas de libertad, pistas clandestinas y archivos judiciales.
Los proyectos sobre asociaciones criminales y reincidencia ya cuentan con dictámenes afirmativos de mayoría. El primero fue dictaminado el 15 de octubre y su informe llegó a la Secretaría del Directorio el día 19, mientras que el segundo recibió dictamen el 26 de octubre, aunque todavía no había sido remitido a esa dependencia según la información legislativa recopilada.
La agenda incluye, además, instrumentos internacionales como el tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel (expediente 25.542), tratados de extradición con Uruguay y Corea del Sur, reformas tributarias, iniciativas ambientales y disposiciones sobre contratación pública.
Breves
Este jueves no se votaron proyectos de ley.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Asuntos Municipales rechazó el expediente 25.128 "Desafectación del uso público y autorización para la donación de un bien inmueble propiedad del Ministerio de Educación Pública a la Asociación de Desarrollo Integral de la Hermosa de Pérez Zeledón, San José".
— La Comisión de Asuntos Agropecuarios rechazó el expediente 25.289 "Ley de resiliencia contra desastres naturales y seguro solidario para la atención de emergencias producidas por los desastres vinculados al cambio climático, la variabilidad climática y los riesgos geológicos" , el expediente 25.440 "Ley para el aprovechamiento pesquero sostenible y estratégico del Domo Térmico de Costa Rica" y el expediente 25.457 "Ley de creación de la Ruta del Café".
— La Comisión de Asuntos Económicos rechazó el expediente 25.263 "Ley para lograr la eficiencia en el trámite de registro de medicamentos (Reforma a la Ley N.º 5395, Ley General de Salud)".
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.