El magistrado Jorge Araya García quedó reelecto este miércoles para un segundo periodo de ocho años como integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Asamblea Legislativa no alcanzara la mayoría calificada necesaria para impedir su continuidad en el cargo. Su nuevo nombramiento se extenderá hasta octubre de 2034.
La votación del expediente 25.801 registró 29 votos en contra de la reelección, 24 a favor y cuatro ausencias. Los 29 votos negativos provinieron de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los 24 votos favorables correspondieron a las diputaciones de oposición presentes.
El resultado permitió la continuidad de Araya García a pesar de que hubo más votos contrarios que favorables. Esto se debe a que el artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por ocho años y se consideran reelectos automáticamente por periodos iguales, salvo que al menos dos terceras partes de la totalidad de integrantes del Congreso acuerden lo contrario. Para impedir la reelección se necesitaban 38 votos, nueve más de los obtenidos por el oficialismo.
Las cuatro ausencias correspondieron a los oficialistas Gerarld Bogantes Rivera y Kathia Calvo Cruz, así como a los liberacionistas Víctor Manuel Hidalgo Solís e Iztarú Alfaro Guerrero.
Araya García fue electo magistrado propietario de la Sala Constitucional el 31 de octubre de 2018, y su primer nombramiento vencía el próximo 31 de octubre. Anteriormente se había desempeñado como magistrado suplente de ese tribunal desde 2005.
Oficialismo cuestionó trayectoria política y desempeño
La votación estuvo precedida por un extenso debate en el que las fracciones parlamentarias expusieron sus argumentos sobre el desempeño del magistrado, sus antecedentes profesionales y la independencia del Poder Judicial.
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos había recomendado el 9 de octubre no reelegirlo, mediante un informe de mayoría respaldado por los cuatro diputados oficialistas que integran ese órgano. Los tres representantes de oposición suscribieron un informe de minoría favorable a la continuidad de Araya García.
Durante la discusión, la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, del PPSO, defendió la recomendación negativa y cuestionó los atrasos en la resolución de acciones de inconstitucionalidad, la trayectoria del magistrado en cargos políticos vinculados con anteriores gobiernos del Partido Liberación Nacional y lo que consideró un manejo discrecional en la atención de determinados expedientes judiciales.
Esquivel sostuvo que la Asamblea Legislativa no debía limitarse a renovar automáticamente los nombramientos, sino ejercer una evaluación efectiva del desempeño y la independencia de las magistraturas. También argumentó que la continuidad de Araya García hasta 2034 extendería a casi tres décadas su vinculación con la Sala Constitucional, si se toma en cuenta el periodo en que ejerció como suplente.
El diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña centró buena parte de su intervención en las circunstancias que rodearon la elección de Araya García en 2018. Para ello reprodujo fragmentos de una comparecencia del magistrado ante la Comisión de Nombramientos, en los que lo interrogó sobre sus antiguos cargos políticos y sobre cómo obtuvo los 38 votos que permitieron su elección hace ocho años.
Villalobos cuestionó la credibilidad de las respuestas del magistrado y lo acusó de ocultar vínculos con Liberación Nacional. Además, defendió la conveniencia de renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia mediante acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias, aunque reconoció que el oficialismo no dispone por sí solo de los 38 votos necesarios para designar a una persona sustituta.
Oposición defendió desempeño e independencia judicial
Los diputados de oposición que participaron en el debate rechazaron que los antecedentes políticos del magistrado constituyeran, por sí mismos, una demostración de parcialidad en el ejercicio de sus funciones.
La liberacionista Janice Sandí Morales defendió que la decisión debía fundamentarse en criterios objetivos sobre experiencia, productividad, protección de los derechos fundamentales e independencia judicial. Recordó que Araya García se encontraba concluyendo su primer periodo como magistrado propietario y destacó distintas resoluciones relacionadas con derechos constitucionales, entre ellas las referidas a la contaminación del agua por clorotalonil, el caso de la UPAD y la libertad de prensa en el caso Parque Viva.
Su compañero de bancada, Salvador Padilla Villanueva, sostuvo que el régimen constitucional de reelección busca proteger a los integrantes del Poder Judicial frente a presiones políticas indebidas. También defendió los resultados del despacho del magistrado y afirmó que no encontraba razones suficientes relacionadas con su conducta ética o su desempeño para impedir la continuidad.
Por su parte, el frenteamplista Antonio Trejos Mazariegos cuestionó los fundamentos del informe de mayoría y señaló que sus argumentos no acreditaban faltas que justificaran la no reelección. Según los datos expuestos por el legislador, entre noviembre de 2018 y agosto de 2026 el despacho de Araya García resolvió 31.460 de los 31.656 asuntos recibidos, equivalentes al 99,4%. Trejos señaló que los atrasos en expedientes que requieren decisiones colegiadas debían distinguirse de la responsabilidad individual de cada magistrado.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, reconoció que en 2018 se opuso a la elección de Araya García y que mantenía cuestionamientos sobre aquel proceso. Sin embargo, sostuvo que la decisión actual debía centrarse en la gestión desarrollada durante los últimos ocho años y no únicamente en las circunstancias de su nombramiento original.
Villalta también expresó su preocupación por lo que describió como intentos del oficialismo de concentrar poder y debilitar la independencia judicial. Argumentó que la oposición debía valorar el riesgo de generar vacantes en la Corte Suprema de Justicia cuando la bancada oficialista, por su tamaño, tiene capacidad para bloquear nuevos nombramientos que requieren mayoría calificada.
El frenteamplista citó como antecedente las dificultades que ha enfrentado la Asamblea Legislativa para elegir magistraturas suplentes de la Sala Constitucional y advirtió sobre la posibilidad de reproducir ese escenario con las magistraturas propietarias. Asimismo, sostuvo que no encontraba en el desempeño de Araya García durante su primer periodo elementos suficientemente graves que justificaran impedir su continuidad.
Breves
Este miércoles no se votaron proyectos de ley o reformas constitucionales.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 25646 "Adición de un inciso 140 al artículo 2, adición de un artículo 121 bis y adición del inciso ee) al artículo 145 a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.°9078 del 4 de octubre de 2012. Ley para regular el transporte seguro de animales domésticos en vehículos automotores" y el expediente 25.504 "Reforma parcial y adición de transitorios a la Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Nº 15 del 29 de octubre de 1941".
— La mayoría oficialista en la Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente 24.971 "Reforma del Artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley No. 7558 del 3 de noviembre de 1995. Ley para modificar el objetivo central del BCCR y subsidiario". También se rechazó por unanimidad el expediente 25.106 "Penas adecuadas en delitos y contravenciones contra la salud".
— La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación rechazó el expediente 25.481 "Declaratoria de interés público para la enseñanza del idioma portugués en el Sistema Educativo Costarricense" y el expediente 25.512 "Ley de Autonomía Institucional del Liceo de Costa Rica".
Leyes publicadas
Este miércoles no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.