Las personas investigadas por presunta administración fraudulenta no podrán administrar, representar, fiscalizar ni disponer del patrimonio de la asociación durante ese período.
El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó separar durante un año a diez personas vinculadas con la Junta Directiva, el órgano fiscalizador y la Gerencia General de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), investigadas por el presunto delito de administración fraudulenta.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Adjunta de Fraudes, dictada el 15 de octubre y comenzó a regir este viernes 16, cuando fue notificada a la representación fiscal.
Además de la separación de sus funciones, el juzgado les prohibió ejercer directa o indirectamente actos de administración, representación, fiscalización o disposición patrimonial en nombre de Asosejud.
Las medidas también incluyen el impedimento de ingresar a oficinas, bodegas o instalaciones de la asociación y la prohibición de comunicarse, directa o indirectamente y por cualquier medio, con funcionarios, exfuncionarios o testigos relacionados con los hechos investigados.
El Ministerio Público identificó a las diez personas imputadas únicamente por sus apellidos: Quesada, Ovares, Loría, Conejo, Calvo, Montes, Ocampo, Fallas, Rojas y Villalta.
Investigación por créditos, edificio y adquisición de bienes y servicios
La investigación se tramita bajo el expediente 25-000014-0621-PE y busca esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con créditos preferenciales, la construcción de un edificio y la adquisición de bienes y servicios en perjuicio de la propia asociación.
Delfino.cr informó en setiembre que la Fiscalía Adjunta de Fraudes y la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron tres allanamientos como parte de esta misma causa.
Las diligencias se efectuaron en la sede central de Asosejud, una bodega ubicada en Tibás y el Departamento de Tecnología de Información del Poder Judicial.
La investigación adquirió una nueva dimensión en octubre, después de que trascendiera que Asosejud desembolsó $2,32 millones para financiar un concierto de Snoop Dogg y Ryan Castro previsto para diciembre.
La documentación sobre esa operación fue localizada durante los allanamientos de setiembre. Posteriormente, la asociación informó que decidió rescindir el contrato y acudir a los tribunales para recuperar los recursos desembolsados.
Delfino.cr documentó además que Asosejud acumula desde 2022 antecedentes de disputas con sus propios asociados por el acceso a información financiera y administrativa.
La organización reformó sus estatutos en 2025 y posteriormente aprobó reglas que restringen la consulta y reproducción de determinados documentos internos.
Corte Plena también pidió información
Esta semana, la Corte Plena solicitó a Asosejud un informe detallado sobre sus inversiones, proyectos en desarrollo y estados financieros, en consideración a los recursos que administra por concepto de cesantía del personal judicial.
El órgano concedió a la asociación un plazo de ocho días hábiles para entregar esa información e hizo un llamado a fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y facilitar a sus asociados el acceso a información sobre gestión, actas, balances y estados financieros.
La solicitud se formuló expresamente sin perjuicio de la investigación penal que desarrolla el Ministerio Público.
Afiliados podrían convocar una nueva asamblea
La Fiscalía reconoció que la separación de las personas integrantes de los órganos de administración y fiscalización tendrá efectos sobre el funcionamiento de Asosejud.
Por esa razón, y con el objetivo de informar a las personas afiliadas que figuran como víctimas dentro del proceso, recordó que la Ley de Asociaciones Solidaristas permite que un grupo equivalente a por lo menos una cuarta parte de los afiliados solicite la convocatoria de una asamblea.
En este caso, esa vía podría utilizarse para elegir una nueva Junta Directiva ante la separación de quienes actualmente la integran.
La legislación establece que, recibida una solicitud de este tipo, la Junta Directiva debe efectuar la convocatoria dentro de los siguientes 15 días. En caso de omisión, la petición puede presentarse ante el juez civil competente.