Cada mañana, miles de costarricenses toman una decisión que, vista desde su realidad cotidiana, tiene mucho sentido. Frente a presas interminables, trayectos que consumen horas y un transporte público que no siempre permite llegar adonde se necesita, cuando se necesita, la motocicleta ofrece algo muy valioso: tiempo. También cuesta menos que un automóvil, ocupa poco espacio y permite desplazamientos que, de otra manera, serían mucho más lentos. Por eso conviene mirar con atención lo que está ocurriendo. La expansión de la motocicleta no puede entenderse únicamente como una preferencia del consumidor ni como una moda. También es una respuesta individual a dificultades de movilidad que el país no ha logrado resolver de manera colectiva.
El problema aparece cuando esa solución práctica se confronta con las cifras. Hasta agosto de este año, 247 de las 425 personas fallecidas en el sitio de un siniestro vial viajaban en motocicleta, un 58% del total. La proporción es demasiado grande para tratarla como una sucesión de casos aislados. Tampoco basta con concluir que existen demasiados motociclistas imprudentes. Los hay, por supuesto, como también existen conductores imprudentes en cualquier otro tipo de vehículo. La pregunta más incómoda va mucho más allá. ¿Qué está pasando con nuestra movilidad para que cada vez más personas terminen escogiendo una forma de desplazamiento en la que, si algo sale mal, no habrá una carrocería que reciba primero el golpe y será la fragilidad del propio cuerpo la que soporte el impacto?
Ahí la discusión deja de ser únicamente vial y pasa a ser una discusión sobre cómo nos estamos moviendo. Durante años hemos convivido con congestionamientos cada vez mayores, desplazamientos interminables y soluciones que casi siempre llegan detrás del crecimiento de la demanda. Cualquiera que deba atravesar la Gran Área Metropolitana en horas pico conoce el resultado. En ese escenario, la motocicleta funciona como un atajo individual frente a una dificultad colectiva. Cada persona resuelve como puede. Unos compran una moto; otros salen una hora antes, modifican sus horarios o simplemente aceptan que una parte considerable del día se perderá entre automóviles, autobuses y semáforos. Mientras tanto, seguimos dejando de lado una pregunta elemental sobre cuánto tiempo, productividad y calidad de vida estamos dispuestos a perder únicamente para trasladarnos.
La paradoja aparece cuando aquella solución individual produce consecuencias que rápidamente dejan de serlo. Detrás de una muerte o una lesión grave quedan familias, incapacidades, empleos en riesgo, atención de emergencias, hospitalizaciones, rehabilitación y costos que terminamos compartiendo como sociedad. No se trata de convertir al motociclista en víctima automática de un sistema ni de relevarlo de la responsabilidad que implica conducir. Se trata de reconocer algo más incómodo. Para resolver un problema cotidiano de movilidad, muchas personas aceptan una exposición al riesgo considerablemente mayor. Ganan tiempo, reducen gastos y encuentran una manera de avanzar entre la congestión, pero lo hacen sobre un vehículo en el que cualquier error propio o ajeno puede cobrar un precio desproporcionadamente alto.
Por eso, quizás hemos estado formulando mal la conversación. Habitualmente preguntamos qué hacen mal quienes conducen motocicletas, cuando también deberíamos preguntarnos por qué tantas personas consideran que necesitan una para desplazarse razonablemente. Tal vez incluso haya llegado el momento de revisar la arquitectura institucional con la que administramos el transporte público.
El CTP tiene entre sus funciones planificar, regular, fiscalizar y coordinar los servicios de transporte público terrestre, mientras que el ferrocarril se gestiona desde otra institución; al mismo tiempo, el propio sector reconoce que la integración entre autobús y tren exige trabajo conjunto. ¿Tiene sentido mantener esa fragmentación cuando el usuario no necesita instituciones separadas, sino un viaje completo, integrado y previsible? Al menos merece discutirse si Costa Rica necesita una verdadera autoridad de movilidad pública que reúna, bajo una misma visión, la planificación del autobús y del tren, incluso mediante una eventual integración del CTP y el INCOFER. El pasajero no viaja en instituciones; viaja de un origen a un destino.
Costa Rica lleva demasiado tiempo observando la congestión y la mortalidad vial como si pertenecieran a conversaciones distintas. Tal vez sea momento de reconocer que están mucho más relacionadas de lo que queremos admitir. Cuando miles de personas encuentran conveniente cambiar protección por tiempo, estabilidad por agilidad y seguridad física por la posibilidad de llegar antes, el problema ya no puede explicarse únicamente desde la conducta de quien conduce. La motocicleta puede resolver de manera extraordinaria el problema de movilidad de una persona. Que para tantos costarricenses sea la mejor salida disponible dice mucho más sobre la forma en que nos estamos moviendo como país que sobre la motocicleta misma.