En Costa Rica hemos descubierto una fórmula extraordinaria para evitar las reformas estructurales: hablar muchísimo de ellas y no hacer nada al respecto. Así da la sensación de que estamos haciendo algo.
Concentremos este artículo en esa idea aplicada al Poder Judicial. Todos estamos de acuerdo en que necesita cambios. Y cuando digo todos, me refiero a todos: los ciudadanos, los políticos cuando están en campaña y hasta los propios magistrados cada vez que estalla una nueva crisis.
El problema aparece cuando llega la hora de hacer los cambios. La reciente reelección de doña Julia Varela es prueba de eso.
No cuestiono aquí si doña Julia es una buena o mala magistrada. La pregunta es mucho más sencilla: ¿nos parece saludable que alguien llegue a completar 32 años en uno de los puestos de mayor poder de la República?
Porque llevamos años diciendo que no.
La urgencia postergada
Después del Cementazo, en 2017, el Poder Judicial entró en una profunda crisis y la propia Corte Plena aprobó un programa de “medidas urgentes y necesarias” para reformarlo. Se crearon grupos de trabajo y se discutieron cambios sobre transparencia, responsabilidad ante la ciudadanía, funcionamiento institucional y acceso a la justicia.
Han pasado casi nueve años. Y aquí estamos otra vez hablando de reformas “urgentes”, como si viviéramos en la Tierra de Nunca Jamás.
Durante el proceso de su reelección, doña Julia Varela defendió su gestión con datos. Explicó, entre otras cosas, que su circulante personal pasó de 991 asuntos en 2021 a 336 en julio de 2026 y que su promedio de asuntos terminados aumentó de 26 mensuales en 2018 a 71,7 en 2025. Esos indicadores fueron utilizados también por diputados para defender su continuidad.
Por supuesto que importa resolver expedientes. Pero resolver mucho no necesariamente significa resolver bien. Y resolver expedientes no significa haber resuelto los problemas estructurales de la institución. La Asamblea Legislativa no estaba evaluando únicamente a una jueza encargada de sacar expedientes. Estaba decidiendo si mantenía otros ocho años en la Corte Plena a una persona que está ahí desde 2002. A sus integrantes se les encarga, nada más y nada menos, la administración de justicia para todo el resto de los mortales.
Eso significa que en ese proceso de reelección faltaron preguntas más importantes. Por ejemplo, de todas aquellas reformas que después del Cementazo se consideraron urgentes: ¿cuáles apoyó la magistrada Varela? ¿Cuáles impulsó? ¿A cuáles se opuso? ¿Qué propuso para cambiar la gobernanza del Poder Judicial? ¿Qué hizo para mejorar la rendición de cuentas? ¿Cuál ha sido su posición ante los privilegios financiados con nuestros impuestos en el sector público?
Porque, casi nueve años después, seguimos hablando de muchos de los mismos problemas, y eso también es gestión. Sobre su posición frente a las reformas necesarias, al menos en lo referente a privilegios para el sector público, sí hay antecedentes: durante su reelección de 2018, el diputado Rodolfo Peña le cuestionó haber votado a favor del llamado “aumentazo” salarial de 2014.
Además, en noviembre de 2019, Varela estuvo entre los nueve magistrados que consideraron que dos proyectos para recortar pensiones altas afectaban la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. En ese momento, calificó aquellas modificaciones de confiscatorias e irracionales. ¿Y cómo olvidar la justificación de su oposición a los recortes para satisfacer sus “gustitos”?
Sin embargo, el caso de la magistrada Varela, utilizado aquí para ilustrar la situación, no es el único. El sector público está lleno de incentivos perversos, totalmente desconectados de la productividad: no puede ser que las decisiones sobre las reformas terminen tomándolas quienes han defendido mantener esos beneficios y hasta los han inventado. Así nunca vamos a lograr eliminar todas esas injusticias ni hacer un uso adecuado de los recursos públicos.
Ahora, si nos concentramos únicamente en el plazo, lo más curioso es que la permanencia indefinida de los magistrados tampoco es un problema que acabemos de descubrir. En 2018, después del Cementazo, Carlos Alvarado propuso que los magistrados fueran nombrados por un único período de entre 10 y 15 años y eliminar la reelección.
En esa misma dirección, hace apenas unos meses el Frente Amplio decía estar dispuesto a terminar con la reelección indefinida. El diputado Edgardo Araya hablaba de permitir que entraran “nuevos pensamientos” a la Corte.
Sonaba bastante reformista, ¿no? Hasta que apareció una magistrada a la que hay que reelegir… Entonces la experiencia pesa, la coyuntura no ayuda, hay puestos vacantes. Y así es como mantenemos otro incentivo incómodo del sistema que deberíamos discutir: en este momento es económicamente mucho más atractivo permanecer en el puesto.
Jubilarse, ciertamente, puede representar para la cúpula judicial una reducción de casi el 50% del ingreso. No estoy afirmando que esa sea la razón por la cual la magistrada Varela decidió continuar en su puesto. No tengo cómo saberlo. Pero pocas personas querrían semejante recorte en sus ingresos, a pesar de que recibirían una pensión de lujo y una liquidación descomunal, precisamente por todos los absurdos privilegios que nadie se ha atrevido a eliminar.
Si queremos cambios reales, las reglas importan y quienes las dictan también.
Ahora bien, hablemos del plantón en defensa del Poder Judicial. Muchos lo vieron como un respaldo a los magistrados y al funcionamiento de la institución. En ese sentido, la más reciente encuesta del CIEP permite poner las cosas en perspectiva. El Poder Judicial obtiene una calificación de apenas 5,8 sobre 10; o sea, se quedó.
Podemos defender la independencia judicial sin estar satisfechos con la forma en que se administra la justicia. Impedir que un presidente controle a los jueces no significa aceptar una Corte que desoye las necesidades del pueblo ni que los mismos personajes se enquisten durante décadas en los cargos sin evaluar su desempeño.
Queremos un Poder Judicial fuerte. Cierto. Pero fuerte no significa inmune a la crítica, exento de rendir cuentas ni con licencia para despilfarrar recursos públicos en beneficio propio. La mora judicial, los cuestionamientos sobre nombramientos, los privilegios injustificados y desproporcionados y los problemas de gestión están ahí. Una calificación de 5,8 no parece precisamente un cheque en blanco.
Un autogol político
Una de las razones utilizadas por la oposición para respaldar la continuidad de Varela fue el riesgo de generar una nueva vacante mientras existía un conflicto por el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
El argumento era comprensible: podemos estar en contra de que los magistrados se perpetúen, pero no vamos a crear otra vacante si pensamos que los nombramientos no van a avanzar y podemos causar un caos.
En la sentencia 29344-2026, la Sala estableció que la Asamblea no podía simplemente devolver la nómina de candidatos a suplentes porque no alcanzara los 38 votos. Ordenó que la lista fuera conocida nuevamente y recordó que los votos en blanco deben sumarse a quien obtuvo más votos, en la proporción correspondiente. Si aun así nadie resulta electo, el propio Reglamento establece cómo destrabar el proceso: primero, la votación debe repetirse entre quienes hayan obtenido diez o más votos y, si todavía no hay elección, entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos.
Además, prorrogó provisionalmente los nombramientos vencidos para atender los casos más urgentes e indispensables mientras se eligen las nuevas magistraturas suplentes.
A Julia Varela ya la reeligieron. Pero el bloqueo de las suplencias no puede seguir utilizándose para justificar todas las reelecciones que vienen. La Sala señaló las reglas que deben aplicarse para superar ese bloqueo. La oposición no puede seguir invocándolo como si nada hubiera cambiado.
¿O vamos a encontrar siempre una buena razón para que los mismos de siempre se perpetúen en el poder?
En su afán por llevarle la contraria al Gobierno, la oposición está reforzando el discurso del oficialismo que insiste en que necesita 38 diputados para poder hacer los cambios que el sistema político tradicional impide.
La oposición advierte sobre el peligro de semejante concentración de poder.
Pero luego aparece una oportunidad concreta para demostrar que las instituciones pueden renovarse dentro de las reglas democráticas y ¿qué hacen?
Reeligen por otros ocho años a una magistrada que terminará acumulando 32 años en el cargo.
Quienes apoyan al Gobierno no necesariamente van a interpretar esta votación como una defensa de la independencia judicial. Algunos pueden verla como la confirmación de exactamente lo que el Gobierno les viene diciendo: sin 38 diputados no se puede cambiar nada.
La mejor forma de desmontar ese discurso no era defender el statu quo de la aristocracia burocrática. Era demostrar que las instituciones democráticas sí son capaces de reformarse sin necesidad de entregarle el control a nadie.
Porque llevamos demasiados años viviendo en ese extraño universo costarricense donde todos estamos de acuerdo en una cosa: el sistema no funciona, pero queremos cambiarlo sin alterar los privilegios de nadie. Y así, simplemente, no se puede progresar.