Su desalojo en Madrid activó protestas, decretos de urgencia y una huelga general por el precio de los alquileres.
María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, dos semanas después de que una comisión judicial ejecutara el desalojo del piso en el que vivió durante cerca de siete décadas. La mujer, de 87 años, se convirtió en uno de los rostros más visibles de la crisis de vivienda en España, donde el aumento de los alquileres, la falta de vivienda asequible y los desahucios de personas vulnerables han generado una ola de movilizaciones.
El caso ocurrió en el distrito madrileño de Retiro, una zona céntrica y de alta demanda residencial. Maricarmen vivía en una casa alquilada mediante un contrato de renta antigua, una figura heredada de legislaciones anteriores que permitía mantener alquileres muy por debajo del precio actual de mercado y que, durante décadas, dio estabilidad a muchas familias inquilinas.
La disputa legal se originó porque el contrato procedía de 1956, cuando lo firmó el padre de Maricarmen. Tras la muerte de él, el alquiler pasó a su madre y, después, a ella. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 limitó ese tipo de subrogaciones familiares, es decir, la posibilidad de que un contrato antiguo pasara de una generación a otra, y los tribunales españoles terminaron dando la razón a la empresa propietaria del piso.
La vivienda llegó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., empresa que adquirió el inmueble ocupado por Maricarmen. La compañía sostuvo que actuó dentro de la ley y rechazó la etiqueta de “fondo buitre”, usada por colectivos de vivienda para referirse a empresas o fondos que compran inmuebles o deudas con descuento para obtener rentabilidad. Las organizaciones sociales, por su parte, señalaron que el caso mostraba cómo el mercado inmobiliario podía expulsar a personas mayores de hogares en los que habían vivido toda su vida.
Uno de los puntos que más indignación generó fue el precio del alquiler. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras que durante las negociaciones apareció una propuesta de nuevo contrato por 1.650 euros, una cifra imposible de asumir con una pensión de alrededor de 1.350 o 1.400 euros, según distintas fuentes periodísticas. También circularon referencias a montos de entre 2.500 y 2.650 euros como precio de mercado, aunque la empresa negó que hubiera exigido formalmente esa cantidad como renta vigente.
El 23 de septiembre, cientos de activistas acudieron al edificio para intentar frenar el desalojo. La Policía Nacional apartó a las personas concentradas y la comisión judicial ejecutó el lanzamiento poco antes de la 1:00 p. m. Maricarmen salió en camilla hacia el hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
La imagen de una mujer de 87 años saliendo en camilla del piso en el que había vivido desde mediados del siglo XX aceleró una reacción social que ya venía creciendo en España. Activistas instalaron una acampada en la Puerta del Sol, uno de los lugares más simbólicos de Madrid, y las protestas se extendieron a otras ciudades bajo consignas contra los desahucios, los fondos inmobiliarios y los alquileres inasumibles.
El caso no terminó con el desalojo. Días después, y tras una mediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, Urbagestión aceptó que Maricarmen regresara al piso con un nuevo alquiler cercano al que venía pagando. Sin embargo, la mujer murió antes de poder volver a su casa.
En España, comprar vivienda resulta cada vez más difícil para la población joven y alquilar en solitario consume casi todo el salario promedio de una persona joven, según el Consejo de la Juventud de España. El mismo organismo situó la emancipación juvenil en mínimos históricos, con una edad media para independizarse superior a los 30 años.
La presión también responde a un problema de oferta. El Banco de España calcula un déficit de cientos de miles de viviendas, concentrado sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas, mientras el mercado del alquiler recibe cada vez más demanda de personas que no pueden comprar casa. Esa combinación elevó los precios y convirtió la vivienda en uno de los principales asuntos sociales y políticos del país.
La muerte de Maricarmen coincidió con una respuesta política de emergencia. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó nuevos reales decretos-ley para reforzar la protección de personas vulnerables frente a desahucios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, limitar determinadas compras especulativas y ampliar la estabilidad de los contratos de arrendamiento. Como España se encuentra en un contexto de elecciones anticipadas, esas medidas deberán pasar por la Diputación Permanente del Congreso.
El conflicto también llegó al terreno sindical. Las principales centrales españolas y organizaciones de inquilinos convocaron una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre, antes de las elecciones anticipadas previstas para el 29 de noviembre. La convocatoria busca convertir el acceso a la vivienda en el eje del debate público y presionar por medidas que frenen los desahucios y contengan los precios del alquiler.