En la quietud de la madrugada, mientras el campo costarricense aún duerme, las mujeres rurales ya están en pie, dispuestas a enfrentar una nueva jornada en la que se entrelazan el esfuerzo, la esperanza y el amor por su tierra. Sus faenas son distintas, pero comparten una realidad: gran parte de la vida económica, social y comunitaria de los territorios depende de mujeres cuyo trabajo resulta indispensable, aunque su presencia no siempre se traduzca en reconocimiento, representación y poder para decidir.
Las mujeres producen, transforman y comercializan alimentos, conservan semillas, transmiten conocimientos, impulsan emprendimientos, participan en asociaciones, sostienen organizaciones y contribuyen a proteger los recursos naturales. También cuidan a sus familias y acompañan procesos comunitarios que requieren tiempo, compromiso y una enorme capacidad de organización.
Sin embargo, cuando las decisiones sobre el desarrollo de sus territorios llegan a las mesas de negociación, debemos preguntarnos: ¿cuántas de estas mujeres tienen una oportunidad real de ocupar esos espacios y ejercer desde allí su liderazgo?
La participación de las mujeres no puede medirse únicamente por su asistencia a reuniones, su presencia en actividades institucionales o su colaboración en proyectos de la comunidad. Participar también significa tener voz en la definición de prioridades, capacidad para proponer soluciones, acceso a los recursos y posibilidades reales de ocupar puestos donde se toman decisiones.
Porque una cosa es invitar a las mujeres a una mesa y otra muy distinta es reconocerlas como protagonistas con capacidad para dirigirla.
En las comunidades rurales, el liderazgo femenino no nació en una oficina pública ni depende de un nombramiento institucional. Se ha construido durante años desde las asociaciones de desarrollo, las organizaciones productivas, los grupos de mujeres, las Asadas, las iniciativas ambientales y los espacios de participación ciudadana. Las mujeres han aprendido a gestionar proyectos, administrar recursos, construir acuerdos, resolver conflictos y articular esfuerzos entre instituciones y comunidades; conocen las necesidades de sus territorios porque las experimentan cotidianamente.
No obstante, ese conocimiento no siempre recibe el mismo reconocimiento que otras formas de experiencia consideradas tradicionalmente más cercanas al ejercicio del poder. En ocasiones, se espera que las mujeres colaboren, organicen, convoquen y sostengan los procesos, pero no necesariamente que presidan las organizaciones, representen a sus comunidades ante las instituciones o encabecen las negociaciones donde se distribuyen oportunidades y recursos.
Esta realidad merece una reflexión, pues la democracia no se fortalece únicamente porque existan mecanismos de participación ciudadana; también requiere que esos mecanismos permitan una representación efectiva de los distintos sectores de la sociedad.
Si las mujeres forman parte de la vida productiva y comunitaria del país, sus perspectivas deben estar presentes en los espacios donde se define el rumbo del desarrollo nacional. No se trata de desplazar a nadie ni de convertir la participación en una competencia entre hombres y mujeres. Se trata de reconocer que el liderazgo y las capacidades no dependen del género y que ninguna comunidad puede aprovechar plenamente su potencial si parte de sus integrantes encuentra obstáculos para acceder a puestos de decisión.
Presidir no debería ser una excepción extraordinaria para las mujeres; debe ser una posibilidad real, respaldada por condiciones de igualdad, formación, oportunidades y reconocimiento.
La discusión adquiere una dimensión todavía más importante cuando hablamos de seguridad alimentaria. La producción de alimentos no comienza en los supermercados ni termina cuando los productos llegan a los hogares. Detrás de cada alimento existe una cadena de trabajo que involucra la producción, la transformación, el almacenamiento, la comercialización y el abastecimiento de las comunidades.
En todas esas etapas participan mujeres rurales que, desde sus fincas, emprendimientos y organizaciones, contribuyen a mantener viva la economía local y a fortalecer los sistemas alimentarios del país. Sin embargo, para que ese aporte se traduzca en mejores condiciones de vida, no basta con reconocer su esfuerzo. También se necesitan oportunidades para acceder a financiamiento, capacitación técnica, tierra, tecnología, mercados y procesos de encadenamiento productivo que permitan generar ingresos sostenibles, así como condiciones que les permitan desarrollar sus negocios, comercializar sus productos, agregar valor a su producción y participar en igualdad de oportunidades en las decisiones que afectan al sector agropecuario.
Por eso, la seguridad alimentaria debe comprenderse también desde una perspectiva territorial y de género. No podemos hablar de sistemas alimentarios sostenibles sin escuchar a quienes participan directamente en su construcción, conocen las dificultades de producir en el campo y enfrentan las consecuencias de los cambios económicos y ambientales.
Las políticas públicas deben reconocer a las mujeres rurales como productoras, empresarias, dirigentes y actoras estratégicas del desarrollo, no solamente como beneficiarias de programas sociales.
Su experiencia puede contribuir a mejorar la planificación agrícola, fortalecer los mercados locales, promover el consumo de productos nacionales y construir respuestas más adecuadas ante los efectos del cambio climático sobre la producción y el abastecimiento de alimentos.
Costa Rica cuenta con instrumentos institucionales que reconocen la importancia del desarrollo rural y la igualdad de género, pero la existencia de políticas, planes y espacios de participación no elimina automáticamente las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer su liderazgo.
Las mujeres sostienen sus comunidades con trabajo, conocimiento y compromiso, impulsando proyectos, defendiendo el agua, protegiendo los bosques, produciendo alimentos y construyendo oportunidades en lugares donde el acceso a servicios y recursos continúa siendo un desafío. Sin embargo, todavía enfrentan barreras que limitan su acceso a los espacios de decisión. Las responsabilidades de cuido, la falta de recursos y las desigualdades culturales dificultan su participación en condiciones de igualdad.
Superar estas barreras exige más que reconocer su aporte; requiere garantizar oportunidades reales de liderazgo, acceso a recursos e incidencia en las políticas públicas. Las instituciones deben asumir su responsabilidad mediante acciones concretas que permitan transformar las necesidades de las mujeres en respuestas efectivas.
El desarrollo rural no puede construirse plenamente si quienes contribuyen a sostenerlo permanecen al margen de las decisiones que determinan su futuro. Las mujeres rurales no necesitan únicamente reconocimiento por lo que hacen, sino oportunidades para decidir, dirigir y transformar sus territorios.