Cuando la burocracia avanza, pero una niña sigue sin ser localizada, el tiempo deja de medirse en días y comienza a medirse en infancia perdida.
Hay una pregunta que debería incomodar profundamente a cualquier sociedad que se considere defensora de los derechos humanos: ¿cómo es posible que una niña pueda permanecer sin ser localizada durante tanto tiempo, mientras múltiples instituciones conocen su situación y continúan tramitando documentos sobre su caso?
En Costa Rica, un padre lleva años intentando obtener una respuesta que debería ser elemental: ¿dónde está su hija y en qué condiciones se encuentra?
No está pidiendo privilegios. No pretende colocarse por encima de la ley. No reclama que se desconozcan los derechos de otras personas.
Está pidiendo que se proteja a una niña.
Una niña que no eligió los conflictos entre adultos. Que no redactó demandas, no interpuso recursos judiciales ni decidió cruzar fronteras. Una niña cuya infancia continúa transcurriendo, aunque las instituciones todavía no hayan logrado esclarecer su situación.
Una historia que comenzó con advertencias
En 2023, antes de que su hija fuera trasladada de Costa Rica hacia Nicaragua, su padre asegura haber advertido a las autoridades costarricenses sobre el riesgo de que esto ocurriera.
Acudió al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) buscando protección. Solicitó intervención institucional y alertó sobre una situación que consideraba peligrosa para los derechos de su hija.
Posteriormente, el traslado internacional que temía terminó produciéndose.
Desde entonces, el caso ha atravesado procedimientos administrativos, gestiones diplomáticas, procesos judiciales y solicitudes de cooperación internacional.
Pero la situación se volvió todavía más angustiante cuando, a finales de 2024, el padre perdió todo contacto con su hija.
Desde ese momento, afirma no haber podido conocer de forma verificable dónde se encuentra ni cuáles son sus condiciones de vida.
Y aquí surge una cuestión fundamental: cuando se desconoce el paradero de una persona menor de edad, ¿puede la respuesta del Estado limitarse a explicar qué institución tiene competencia y cuál debe realizar el siguiente trámite?
La infancia no entiende de burocracia
Las instituciones trabajan con expedientes, oficios, plazos, competencias y procedimientos.
Los niños, en cambio, viven en tiempo real.
Cada día que transcurre es un día de su infancia que no regresará.
Cada cumpleaños celebrado en ausencia, cada conversación imposible y cada abrazo que no ocurre representan pérdidas que ninguna resolución judicial podrá devolver.
La distancia entre un padre y su hija no es solamente geográfica. Cuando no existe comunicación ni certeza sobre su bienestar, se convierte también en una herida humana y en una preocupación que exige atención institucional.
Es necesario reconocer que los procedimientos legales requieren garantías, análisis y respeto al debido proceso. Pero también es indispensable comprender que la urgencia de proteger a una niña no desaparece porque las instituciones necesiten tiempo para resolver sus diferencias o determinar sus competencias.
Una actuación administrativa puede estar formalmente concluida y, sin embargo, el problema humano que debía atender puede permanecer completamente abierto.
Un oficio enviado no equivale a una niña localizada.
Una respuesta institucional no equivale necesariamente a protección efectiva.
Y una resolución judicial, por importante que sea, no debería confundirse con la solución material de una situación que continúa sin esclarecerse.
¿Quién responde cuando todos han intervenido, pero nadie puede decir dónde está?
Este caso plantea interrogantes que deberían trascender la experiencia de una sola familia:
- ¿Qué ocurre cuando un padre advierte un riesgo y ese riesgo posteriormente se materializa?
- ¿Cómo se evalúa la eficacia de la intervención preventiva de las instituciones encargadas de proteger a la niñez?
- ¿Qué mecanismos existen para verificar que las solicitudes de cooperación internacional produzcan resultados concretos?
- ¿Quién coordina los esfuerzos cuando una niña vinculada a procedimientos en dos países deja de estar localizable para uno de sus progenitores?
Y, sobre todo, ¿qué debe hacerse cuando transcurre el tiempo sin que se consiga información verificable sobre su bienestar?
Estas preguntas no buscan sustituir investigaciones por acusaciones ni establecer responsabilidades jurídicas sin pruebas.
Buscan algo mucho más importante: exigir explicaciones, transparencia, coordinación y resultados.
Porque la protección de la infancia no puede medirse exclusivamente por la cantidad de documentos producidos.
Debe medirse también por la capacidad de prevenir daños, responder ante riesgos y proteger efectivamente a quienes no pueden defenderse por sí mismos.
El interés superior de la niñez no puede ser solamente una frase
Costa Rica ha asumido compromisos nacionales e internacionales para garantizar los derechos de las personas menores de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, entre otros principios, el interés superior de la niñez, su derecho a la protección y, salvo las excepciones necesarias para su bienestar, su derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores.
Estos compromisos tienen un significado mucho más profundo que su inclusión en sentencias, informes y discursos oficiales.
Obligan a colocar a los niños en el centro de las decisiones.
Una niña no puede ser tratada como un objeto de disputa entre adultos ni como un elemento secundario dentro de un conflicto de competencias institucionales.
Tiene derechos propios.
Tiene una dignidad que merece respeto.
Tiene una historia, sentimientos, necesidades afectivas y un futuro que requiere protección.
Y precisamente porque es una niña, no debería cargar con las consecuencias de la lentitud, la descoordinación o las posibles omisiones de quienes tienen el deber de velar por ella.
Un padre no debería tener que convertirse en investigador para saber si su hija está bien
Hay otra dimensión de esta historia que merece atención.
Cuando una familia enfrenta una situación semejante, además de soportar la incertidumbre, puede verse obligada a aprender procedimientos judiciales, buscar asistencia legal en otros países, presentar recursos, estudiar normas internacionales e insistir una y otra vez ante distintas dependencias.
El padre de esta niña ha recorrido ese camino.
Pero ¿cuántas familias cuentan con los conocimientos, el dinero, el tiempo y la fortaleza emocional necesarios para sostener durante años una búsqueda de respuestas?
¿Cuántas terminan agotadas antes de conseguir que su situación sea verdaderamente atendida?
Los derechos fundamentales no deberían depender de la capacidad de resistencia de quien los reclama.
Tampoco debería ser necesario convertir el dolor familiar en una campaña pública para conseguir atención institucional.
La protección debe funcionar incluso cuando nadie está observando, cuando no hay cámaras, cuando no existe presión mediática y cuando el ciudadano que solicita ayuda carece de influencia política.
Una pregunta para Costa Rica y Nicaragua
Este caso también interpela a dos Estados.
Cuando la situación de una niña involucra a Costa Rica y Nicaragua, la cooperación entre sus autoridades no debería convertirse en un laberinto del que ninguna familia consiga salir.
Las diferencias políticas, las fronteras y los procedimientos internos no pueden borrar las obligaciones de protección que corresponden a cada Estado dentro de sus competencias.
Localizar a una niña y verificar su bienestar no debería ser una aspiración extraordinaria.
Debería constituir una prioridad compartida, desarrollada mediante los mecanismos legales y diplomáticos correspondientes.
No se trata de exigir resultados imposibles ni de desconocer las limitaciones reales de las autoridades.
Se trata de exigir que todos los recursos jurídicamente disponibles sean utilizados con diligencia, coordinación y sentido de urgencia.
El silencio también tiene consecuencias
Mientras este caso permanece sin una respuesta definitiva, una niña continúa creciendo.
Su padre no sabe cuántos momentos importantes de su vida han pasado sin que pudiera acompañarla.
No sabe cuándo podrá volver a escuchar su voz.
Y lo más doloroso es que tampoco cuenta con información verificable que le permita tener tranquilidad respecto de su situación.
Ante semejante incertidumbre, la indiferencia social no debería ser una opción.
La sociedad costarricense debe preguntarse qué clase de sistema de protección desea construir.
Uno que responda únicamente cuando la tragedia ya ocurrió o uno capaz de actuar con eficacia frente a las señales de riesgo.
Uno que contabilice oficios enviados o uno que también exija verificar sus resultados.
Uno que considere suficiente cumplir formalidades o uno que comprenda que detrás de cada expediente de niñez existe una vida irrepetible.
No pido que me devuelvan el tiempo. Pido que no se siga perdiendo.
Como padre, no puedo recuperar los días que he pasado lejos de mi hija.
No puedo reconstruir los cumpleaños, las conversaciones ni los momentos cotidianos que la separación nos ha arrebatado.
Tampoco puedo afirmar aquello que desconozco sobre su situación actual.
Pero sí puedo exigir que su bienestar sea verificado, que sus derechos sean protegidos y que las instituciones no permitan que su caso quede atrapado indefinidamente entre procedimientos.
Mi lucha no debería interpretarse solamente como la insistencia de un padre que desea reencontrarse con su hija.
Es también una exigencia legítima de que el Estado cumpla su función primordial frente a quienes se encuentran en condición de especial vulnerabilidad.
No pido que se condene a nadie sin un debido proceso. No pido que se ignore la ley. Pido que la ley sirva para proteger a una niña y no termine convirtiéndose en una explicación interminable de por qué todavía no ha sido posible hacerlo.
Porque llegará el día en que esta niña sea suficientemente grande para comprender parte de lo ocurrido. Y entonces podría hacer una pregunta que ninguna autoridad debería tomar a la ligera:
Si todos sabían que mi papá me estaba buscando, ¿por qué pasó tanto tiempo sin que pudieran decirle dónde estaba?.
Ojalá, cuando llegue ese momento, Costa Rica pueda ofrecerle una respuesta digna. Una respuesta respaldada por acciones, no solamente por documentos. Porque este editorial no trata únicamente de un padre que busca a su hija.
Trata de una niña que tiene derecho a ser protegida, incluso cuando su voz no alcanza a llegar hasta nosotros.
Y de una sociedad que debe decidir si seguirá acostumbrándose a leer estas historias o si finalmente comenzará a exigir que no se repitan.
No se busca un expediente. No se busca una estadística. No se busca protagonismo.
Se busca a una niña.
Y mientras no se conozca de manera verificable su situación, ninguna institución debería considerar que el problema está resuelto.