El proyecto está listo para segundo debate pero está próximo a vencer. El lunes se votaría una moción para darle cuatro años más de plazo legislativo.
El subjefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada Espinoza, confirmó este jueves que su bancada mantiene conversaciones con el Partido Liberación Nacional (PLN) para buscar acuerdos alrededor del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414, cuya aprobación definitiva continúa pendiente por falta de votos en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa, que propone abrir el mercado eléctrico costarricense y modificar la organización del sector, fue aprobada en primer debate el 26 de mayo con 27 votos a favor y 24 en contra. Sin embargo, requiere una mayoría calificada de 38 votos para superar el segundo debate, debido a que crea una nueva institución autónoma. El PPSO cuenta con 31 diputaciones, por lo que necesita el respaldo de al menos siete legisladores de otras bancadas, suponiendo que todos sus integrantes voten favorablemente.
Quesada confirmó el acercamiento con los verdiblancos y señaló que las conversaciones también incluyen propuestas relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones del sector eléctrico.
"Mencionar que en efecto, hemos tenido un acercamiento con la fracción del Partido Liberación Nacional para hablar de este proyecto y en general del fortalecimiento del sector eléctrico y las instituciones que están involucradas", afirmó el legislador.
El subjefe oficialista aseguró que las negociaciones continúan y que ambas fracciones mantienen una disposición constructiva, aunque evitó revelar cuáles son las propuestas que se encuentran en discusión o si existe algún principio de acuerdo que permita reunir los votos necesarios.
"Aún mantenemos ese diálogo con la fracción del Partido de Liberación Nacional. Importante mencionar que ese diálogo se está llevando de una manera muy constructiva por parte de ambas fracciones", indicó.
Quesada añadió que, como el proceso de negociación todavía no concluye, no desea adelantar criterios sobre "el detalle de las propuestas de acuerdo que tenemos en este momento sobre la mesa". También expresó que el oficialismo está interesado en alcanzar resultados favorables en las próximas semanas.
El lunes se votará la ampliación del plazo
El anuncio se produce cuando faltan seis días para que venza el plazo cuatrienal del expediente 23.414, presentado el 21 de octubre de 2022. El artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que los proyectos deben archivarse cuando transcurren cuatro años desde su presentación sin haber concluido el trámite, salvo que el plenario apruebe una ampliación del plazo.
Durante la reunión de jefaturas de fracción celebrada este jueves se informó que la moción para ampliar el plazo cuatrienal del proyecto de armonización eléctrica será sometida a votación el próximo lunes 19 de octubre, dos días antes de su vencimiento.
Quesada confirmó que el oficialismo respaldará esa ampliación para mantener vigente el expediente mientras continúan las negociaciones con Liberación Nacional.
"En ese contexto y con el fin de que el expediente de armonización no se archive. Vamos a aprobar una ampliación del plazo con el objetivo de que en las próximas semanas podamos tener resultados favorables", declaró.
La ampliación requiere el respaldo de al menos 29 diputados, mayoría absoluta de los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa, y debe votarse antes del vencimiento del plazo.
Acercamiento tras meses de diferencias
Las conversaciones representan un cambio en el tono de las relaciones entre ambas bancadas alrededor de la reforma eléctrica. En mayo, el PLN votó en contra del expediente al considerar que la propuesta debilitaba al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), afectaba el principio de solidaridad del sistema eléctrico y no ofrecía suficientes herramientas para fortalecer a las empresas distribuidoras y las cooperativas.
El pasado 14 de septiembre, Liberación Nacional presentó cuatro proyectos de ley como alternativa a la propuesta oficialista. La principal diferencia radica en la operación del sistema eléctrico: mientras el expediente 23.414 plantea trasladar funciones del ICE a un nuevo Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), la propuesta liberacionista pretende mantener esa responsabilidad dentro del ICE mediante un órgano con autonomía técnica y operativa.
En aquella ocasión, Quesada rechazó públicamente la propuesta presentada por el PLN y afirmó que el oficialismo no acompañaría lo que calificó como un "mamarracho". El legislador acusó entonces a la bancada verdiblanca de intentar conservar el funcionamiento actual del sector eléctrico, mientras defendió la apertura del mercado como una vía para mejorar la competitividad y reducir las tarifas.
La principal iniciativa liberacionista, tramitada bajo el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional, propone ampliar de manera limitada la participación de generadores privados, modificar las reglas para exportar electricidad, fortalecer a las empresas públicas y establecer mecanismos de protección tarifaria.
Por ahora, Quesada no precisó si las conversaciones incluyen modificaciones al expediente 23.414, la incorporación de elementos de la propuesta liberacionista o acuerdos sobre otros proyectos del sector eléctrico. Tampoco confirmó que el PLN haya comprometido votos para la aprobación definitiva.
El subjefe oficialista insistió en que existe interés de distintos sectores para que la Asamblea Legislativa avance con la reforma. "Lo estamos abordando con toda la responsabilidad del caso, teniendo claro que todos los sectores, las cámaras empresariales, las empresas distribuidoras del país, todas han levantado la voz para solicitarle a esta Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de armonización eléctrica", afirmó.
La discusión ocurre en medio de posiciones enfrentadas sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense. Mientras cámaras empresariales y organizaciones de generadores privados han solicitado aprobar la reforma, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y varias organizaciones sindicales del ICE han expresado su oposición por los posibles efectos del nuevo modelo sobre la institucionalidad pública y las tarifas.