Me inquieta escuchar una respuesta que aparece cuando cuestiono alguna conducta del oficialismo: «Antes robaban más». A veces viene acompañada de otra afirmación: «Este gobierno nos abrió los ojos». Entiendo el desencanto con los partidos tradicionales y la satisfacción de ver cuestionadas figuras que parecían intocables. Ese malestar merece respeto y explicaciones. Lo que me cuesta comprender es por qué aquel despertar tendría que terminar donde comienza la responsabilidad de los nuevos gobernantes. Si aprendimos a reconocer los abusos del poder, deberíamos identificarlos también entre quienes apoyamos.
La corrupción del pasado merece investigación, sanción y memoria. Quienes gobernaron durante décadas deben responder por sus decisiones, pero ninguna de esas responsabilidades concede indulgencias a sus sucesores. Incluso si demostráramos que una administración anterior robó más, seguiría pendiente explicar lo ocurrido en la actual. Usada como respuesta automática, la comparación transforma el rechazo a la corrupción en una negociación sobre cuánta estamos dispuestos a tolerar.
La investigación sobre polarización afectiva ayuda a comprender esa dificultad: la discrepancia puede convertirse en aversión hacia quienes pertenecen al otro grupo. Bajo esa lógica, reconocer una falta propia se siente como concederle una victoria al adversario. Aparece entonces una falsa disyuntiva: respaldar al gobernante o querer que regresen quienes nos decepcionaron. Queda excluida una posibilidad perfectamente coherente: haber votado por un cambio y exigir que cumpla lo prometido.
Propongo una prueba sencilla: conservar los hechos y cambiar el nombre del protagonista. Antes de defender una explicación, preguntémonos si la aceptaríamos de un partido que rechazamos. Antes de exigir una renuncia, pensemos si la reclamaríamos a alguien por quien votamos. El ejercicio no determina culpabilidades; permite examinar si nuestro criterio depende de la evidencia o de nuestra afinidad política.
Apliquemos la prueba a un caso reciente. Juan Carlos Tam Cheong, conocido también como Guobin Tam Zhang, fue detenido el 2 de octubre con fines de extradición a Estados Unidos, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Había asistido a la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández y aparecía fotografiado con Pilar Cisneros. Cisneros manifestó que no lo conocía, que nunca había hablado con él y que aquella noche pudo haberse tomado unas 300 fotografías. Mayuli Ortega informó que la revisión de los registros financieros del partido no encontró aportes relacionados con él.
El 5 de octubre, Fernández puso en duda la autenticidad de la fotografía. Sin embargo, Cisneros ya había reconocido la imagen y situado la escena, según su recuerdo, en la celebración electoral. La fotografía no demuestra complicidad: compartir una imagen con una persona no significa conocer sus actividades ni participar en ellas.
Ahora cambiemos los nombres. Si el detenido hubiera aparecido en la celebración de otro partido, junto a una de sus figuras, ¿qué explicaciones habría pedido el oficialismo? Si dos dirigentes de esa agrupación hubieran ofrecido respuestas distintas sobre la imagen, ¿habría considerado suficiente cerrar la discusión? La pregunta también corresponde a la oposición: ¿respetaría con igual firmeza la presunción de inocencia si la fotografía involucrara a alguien de sus propias filas?
México permite aplicar el mismo ejercicio cuando entra en juego otro argumento: la defensa de la soberanía. Rubén Rocha Moya fue acusado por autoridades estadounidenses de presuntos delitos de narcotráfico y armas. El 21 de agosto regresó a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, alegando falta de pruebas. Gobernación aclaró que las investigaciones seguían abiertas. Sheinbaum y Morena rechazaron su retorno; al día siguiente volvió a solicitar licencia.
Este episodio ofrece una referencia concreta: un partido gobernante puede poner límites a uno de los suyos sin renunciar a exigir pruebas ni a defender la soberanía. Desconocemos cuánto pesaron la convicción y el costo político, pero el rechazo al regreso de Rocha muestra que la pertenencia partidaria no obliga a respaldar cada decisión de un aliado. Si pedimos esa capacidad de rectificación a nuestros adversarios, debemos reconocerla cuando aparece y exigirla también a quienes apoyamos.
Los dos casos tienen alcances distintos y no permiten inferir culpabilidades equivalentes. Comparten, para esta discusión, una exigencia ciudadana: evaluar las respuestas sin acomodar el criterio al partido involucrado. Ante posibles vínculos del crimen organizado con la política, necesitamos investigaciones independientes y explicaciones comprobables. Cuando respondemos «antes robaban más», dejamos sin contestar precisamente las preguntas que podrían aclarar lo ocurrido.
Haber abierto los ojos debería ayudarnos a mirar con mayor claridad, especialmente cuando lo que vemos nos incomoda. Esa exigencia empieza por aplicar a quienes apoyamos el criterio que reservamos para sus adversarios. Si solo reconocemos los abusos de quienes rechazamos, todavía nos queda mucho por aprender sobre el poder.