El jerarca del Ministerio Público continuará en el cargo hasta 2030 tras recibir el respaldo de los 21 magistrados participantes.
La Corte Suprema de Justicia reeligió este lunes 19 de octubre, por unanimidad, a Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República para un segundo y último periodo de cuatro años, luego de una extensa sesión de Corte Plena en la que el jerarca del Ministerio Público presentó su informe de labores correspondiente al periodo 2022-2026 y respondió preguntas de los magistrados sobre los resultados de su gestión, la independencia institucional, la persecución del crimen organizado y las dificultades presupuestarias que enfrenta la institución.
Díaz recibió el respaldo de los 21 magistrados y magistradas participantes, con lo cual podrá mantenerse al frente del Ministerio Público hasta octubre de 2030. Para conseguir la reelección necesitaba al menos 12 votos favorables, equivalentes a la mayoría absoluta de los 22 integrantes de Corte Plena, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, reformado en 2023 para establecer una única posibilidad de reelección por un periodo igual.
La decisión se produjo casi cuatro años después de que Díaz asumiera el cargo, el 31 de octubre de 2022, cuando resultó electo con 15 votos. A diferencia de aquella ocasión, en la que participó en un concurso público con otros aspirantes, esta vez la Corte resolvió directamente sobre su continuidad, mediante una votación pública y razonada en la que cada magistrado tuvo la oportunidad de explicar su decisión.
El respaldo necesario para garantizar su permanencia se alcanzó cuando la magistrada de la Sala Segunda Roxana Chacón Artavia anunció su voto favorable y señaló expresamente que constituía el duodécimo apoyo. Chacón justificó su decisión por los resultados obtenidos contra el narcotráfico y el crimen organizado, aunque reconoció que permanecen desafíos importantes en la atención de los delitos sexuales y la violencia contra las mujeres. Los restantes magistrados continuaron justificando sus posiciones hasta completar la unanimidad.
Respaldo unánime, pero con observaciones
Aunque ninguno de los magistrados votó contra la reelección, los razonamientos evidenciaron diferencias sobre la forma en que Díaz ha ejercido públicamente sus funciones. Uno de los señalamientos más relevantes provino de la magistrada constitucional Anamari Garro Vargas, quien cuestionó determinadas declaraciones del fiscal general relacionadas con asuntos políticos.
Garro advirtió que la discusión sobre la continuidad del jerarca no debía interpretarse como una confrontación entre posiciones partidarias. Explicó que fundamentaría su voto en el desempeño de Díaz, pero consideró necesario señalar que algunas de sus manifestaciones públicas excedieron las atribuciones establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La magistrada sostuvo que corresponde a otras autoridades realizar determinadas valoraciones políticas y recordó una intervención de Díaz durante la sesión de Corte Plena del 7 de septiembre de 2026, cuando las autoridades judiciales expusieron sus preocupaciones sobre las normas de ejecución presupuestaria. A su juicio, mientras otros jerarcas defendieron las necesidades institucionales mediante datos concretos, el fiscal dedicó parte de su participación a interpretaciones de naturaleza política.
Estas manifestaciones exceden sus funciones, son innecesarias y competen a otros. No es un asunto de modo ni de estilo, sino de contenido".
Garro aclaró que sus reparos no implicaban cuestionar la objetividad con la que Díaz dirige las investigaciones penales. Por el contrario, reconoció su compromiso con el Ministerio Público y anunció que votaría favorablemente, con la expectativa de que el fiscal modifique ese aspecto de su actuación durante el nuevo periodo.
La posición de Garro recibió respuestas de otros integrantes de Corte Plena. El magistrado de la Sala Tercera Rafael Segura Bonilla defendió la participación pública del fiscal en asuntos presupuestarios y consideró que las autoridades judiciales no pueden permanecer ajenas a las circunstancias que afectan su funcionamiento. Por su parte, la magistrada Patricia Solano Castro manifestó su desacuerdo con la interpretación restrictiva de Garro y recordó que, según su lectura de la jurisprudencia constitucional, las personas funcionarias judiciales conservan sus derechos individuales y pueden expresar determinadas valoraciones públicas.
También hubo diferencias sobre las restricciones legales para anunciar anticipadamente un voto. El magistrado constitucional Luis Fernando Salazar Alvarado explicó que había evitado adelantar su decisión por la prohibición contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de los compromisos de voto en nombramientos. Solano, en cambio, sostuvo que esa restricción no debía interpretarse de la misma manera cuando se trataba de la reelección de una persona que ya ocupa el cargo.
Pese a estas diferencias, Salazar también respaldó la continuidad de Díaz, especialmente por los avances en cooperación internacional y lucha contra el narcotráfico. No obstante, le pidió reforzar los mecanismos de control para que las investigaciones más rezagadas, particularmente aquellas de mayor relevancia pública, puedan resolverse sin mayores demoras.
Independencia del Ministerio Público y lucha contra el crimen organizado
La independencia funcional de la Fiscalía General fue uno de los argumentos más reiterados durante la votación. Magistrados como Jorge Araya García, Ingrid Hess Herrera, Patricia Vargas González y Jorge Leiva Poveda destacaron la importancia de mantener una persecución penal ajena a presiones externas y respaldaron la actuación del fiscal frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Durante el interrogatorio previo a la votación, el magistrado Rafael Segura preguntó directamente a Díaz qué medidas garantizaban la independencia del Ministerio Público frente a las presiones políticas y económicas. El fiscal respondió que durante su administración la institución no había cedido ante presiones y aseguró que continuaría defendiendo su autonomía.
Díaz aprovechó esa respuesta para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, representan determinadas expresiones del populismo para el Estado de derecho. El jerarca defendió la necesidad de preservar la Constitución Política y la separación de poderes, y reiteró que la Fiscalía General debe investigar los delitos con independencia de la identidad o posición de las personas involucradas.
En su exposición de resultados, el fiscal destacó las investigaciones relacionadas con narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción y delincuencia organizada. Señaló que la cooperación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió desarrollar investigaciones conjuntas, fortalecer el intercambio de información y avanzar en la persecución de estructuras criminales con operaciones internacionales.
También explicó que el Ministerio Público inició una segunda etapa de cooperación enfocada en identificar a los denominados "narcotraficantes invisibles", personas que, según su descripción, pueden presentarse públicamente como empresarios o profesionales mientras presuntamente participan en actividades de narcotráfico. Díaz indicó que esta estrategia busca investigar no solo a quienes ejecutan directamente las operaciones de tráfico de drogas, sino también a las estructuras financieras y logísticas que facilitan su funcionamiento.
La magistrada Patricia Vargas pidió al fiscal explicar el papel que desempeñan las autoridades costarricenses en estas investigaciones internacionales. Díaz respondió que no se limitan a recibir información de agencias extranjeras, sino que existe un trabajo conjunto de planificación e investigación en el que participan el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y sus contrapartes internacionales.
Preguntas sobre rezago, desestimaciones y nombramientos
El informe de gestión también dio lugar a preguntas sobre los resultados administrativos de la Fiscalía General. Díaz reportó que entre 2022 y 2025 el Ministerio Público concluyó más de 993.000 expedientes, frente a aproximadamente 951.000 que ingresaron durante ese periodo, aunque reconoció que persisten elevados volúmenes de trabajo y dificultades para disminuir las causas pendientes.
La presidenta en ejercicio de la Corte, Damaris Vargas Vásquez, cuestionó que el circulante del Ministerio Público pasara de 70.796 asuntos en 2022 a 77.130 en agosto de 2026, mientras que las causas en rezago alcanzaron las 15.120. Vargas preguntó qué medidas estructurales, distintas de los planes extraordinarios de descongestionamiento, proponía Díaz para reducir sostenidamente esas cifras y qué metas cuantificables asumiría durante un segundo periodo.
El fiscal respondió que la Unidad de Capacitación y Supervisión ya trabaja en la resolución de expedientes antiguos y especialmente complejos, pero reconoció que las limitaciones presupuestarias han dificultado mejorar los resultados. Explicó que la imposibilidad de sustituir personal durante vacaciones e incapacidades afectó la capacidad operativa de distintas fiscalías y obligó a adoptar medidas de administración de recursos.
Vargas también pidió explicaciones sobre los mecanismos utilizados para evaluar la calidad jurídica y probatoria de las decisiones conclusivas, tomando en cuenta que durante 2025 el Ministerio Público registró 100.785 desestimaciones frente a 36.143 acusaciones. Díaz señaló que anteriormente se implementó un sistema de supervisión mediante funcionarios distribuidos en diferentes circuitos judiciales, pero que este debió suspenderse por razones presupuestarias. Actualmente, indicó, la supervisión se desarrolla principalmente desde la unidad especializada y de manera más limitada.
Otro de los asuntos discutidos fue la estabilidad del personal fiscal. El magistrado Jorge Olaso Álvarez consultó sobre el reglamento para el nombramiento en propiedad de fiscales, una propuesta que, según explicó Díaz, ya fue presentada a las autoridades judiciales e incorpora requisitos diferenciados para fiscales auxiliares, fiscales y fiscales adjuntos. La magistrada Patricia Vargas también solicitó explicaciones sobre la idoneidad de las personas nombradas en propiedad durante la administración actual.
Díaz defendió los procedimientos utilizados y afirmó que las designaciones se apoyaron en recomendaciones de fiscales adjuntos, valoraciones de trayectoria y, más recientemente, discusiones participativas dentro del Consejo Fiscal. Señaló que una de sus prioridades ha sido reducir el interinazgo y dar estabilidad laboral a los funcionarios del Ministerio Público.
Advertencias sobre el presupuesto de 2027
La discusión presupuestaria ocupó otra parte importante del interrogatorio. Ante una consulta de la magistrada Patricia Solano sobre el eventual recorte de casi ₡30.000 millones al presupuesto judicial para 2027, Díaz advirtió que las restricciones podrían afectar gravemente el funcionamiento del Ministerio Público y del OIJ, con consecuencias directas para la ciudadanía.
Entre los ejemplos mencionados, el fiscal señaló el riesgo de no contar con recursos suficientes para pagar licencias informáticas, mantener los sistemas de correo electrónico institucional, sustituir personal, adquirir equipos de protección y cubrir los gastos necesarios para desarrollar investigaciones. También advirtió sobre la posibilidad de cerrar o trasladar despachos judiciales en localidades como Cóbano, Garabito y Quepos si no se dispone de dinero para pagar los alquileres.
Díaz sostuvo que esas restricciones también podrían afectar la atención de víctimas, el pago de servicios de traducción para personas indígenas, la protección de testigos y la realización de peritajes. Sus advertencias estuvieron planteadas como posibles consecuencias de una reducción presupuestaria, no como cierres o suspensiones de servicios ya ejecutados.
La falta de peritos contables también fue señalada durante la audiencia como uno de los principales obstáculos para investigar delitos complejos. Díaz explicó que actualmente se requieren esos especialistas no solo para casos de corrupción o delincuencia económica, sino también para las investigaciones paralelas por legitimación de capitales que acompañan cada vez más los casos de narcotráfico.
Compromisos para los próximos cuatro años
Durante la presentación de su informe, Díaz identificó como prioridades para un eventual segundo periodo el fortalecimiento de la persecución de estructuras criminales, la reducción del rezago, la estabilidad del personal, la cooperación internacional y la modernización tecnológica del Ministerio Público. También insistió en la necesidad de avanzar hacia un sistema informático único para las fiscalías, pues actualmente conviven diferentes plataformas y procedimientos de gestión de expedientes.
Los magistrados también plantearon inquietudes sobre justicia restaurativa, atención a víctimas y testigos, transparencia institucional y distribución de las cargas de trabajo. El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas pidió revisar los datos sobre reuniones restaurativas, debido a diferencias entre las cifras presentadas por Díaz y las registradas en otro sistema institucional. El fiscal reiteró su compromiso de ampliar el uso de esos mecanismos y continuar desarrollando políticas de justicia abierta.
En su razonamiento final, la presidenta en ejercicio Damaris Vargas explicó que su voto favorable se fundamentaba en los resultados documentados de la gestión, los indicadores de desempeño y las actuaciones de fortalecimiento institucional, sin atribuir automáticamente al fiscal los logros que corresponden al trabajo colectivo de las fiscalías y del OIJ. También insistió en que la independencia del Ministerio Público debe mantenerse ajena a intereses político-partidarios y que la continuidad de Díaz no elimina la obligación de exigir resultados verificables, transparencia y mejoras en el servicio.
Votación
Sala Constitucional
- Ingrid Hess Herrera: A favor de la reelección
- Anamari Garro Vargas: A favor de la reelección
- Jorge Araya García: A favor de la reelección
- Luis Fernando Salazar Alvarado: A favor de la reelección
- Paul Rueda Leal: A favor de la reelección
- Fernando Castillo Víquez: A favor de la reelección
- Fernando Cruz Castro: Ausente (para efectos de sesiones de Corte Plena, la Sala IV no tiene magistrados suplentes habilitados)
Sala Tercera
- Aisen Herrera López (suplente en la plaza vacante dejada por Sandra Zúñiga): A favor de la reelección
- Rafael Segura Bonilla: A favor de la reelección
- Patricia Vargas González: A favor de la reelección
- Gerardo Rubén Alfaro Vargas: A favor de la reelección
- Patricia Solano Castro: A favor de la reelección
Sala Segunda
- Roxana Chacón Artavia: A favor de la reelección (acá se cumple el 12° voto necesario para la reelección)
- Jorge Olaso Álvarez: A favor de la reelección
- Julia Varela Araya: A favor de la reelección
- Orlando Aguirre Gómez: A favor de la reelección
- Luis Porfirio Sánchez Rodríguez: A favor de la reelección
Sala Primera:
- Lindsay Rodríguez Cubero (suplente): A favor de la reelección
- Guillermo Guilá Alvarado (suplente): A favor de la reelección
- Damaris Vargas Vásquez: A favor de la reelección
- Carlos Guillermo Zamora Campos: A favor de la reelección
- Jorge Leiva Poveda: A favor de la reelección
- Luis Guillermo Rivas Loáiciga: Ausente
- Iris Rocío Rojas Morales: Ausente