Una moción de revisión permitió al oficialismo aprobar por seis votos contra cinco el traslado de recursos universitarios para financiar obligaciones con Jupema.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) consiguió aprobar la noche del lunes una rebaja de ₡8.048.128.252 al financiamiento de las cinco universidades públicas para 2027, después de que una diputada oficialista votara por equivocación contra la propuesta durante la sesión de la mañana y provocara su rechazo inicial en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La decisión se produjo mediante una moción de revisión que permitió someter nuevamente a votación la propuesta presentada por el diputado Nogui Acosta Jaén, jefe de fracción del PPSO y presidente de la comisión. Los seis representantes oficialistas respaldaron finalmente el recorte, mientras que los tres integrantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y los dos del Frente Amplio (FA) votaron en contra.
La moción 16 modifica el proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027, que se tramita bajo el expediente 25.754. Su objetivo es trasladar los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al Ministerio de Educación Pública (MEP), para atender contribuciones patronales destinadas a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Una votación rechazada y posteriormente revertida
Durante la sesión de la mañana del lunes, la propuesta recibió cinco votos a favor y seis en contra. La diputada oficialista Kattia María Ulate Alvarado se sumó a los cinco legisladores opositores, lo que impidió alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el traslado de recursos.
Después de la votación, Ulate reconoció públicamente que se había equivocado al emitir su voto y reafirmó su respaldo a la posición de la bancada oficialista. Acosta anunció que utilizarían el mecanismo de revisión para intentar modificar el resultado.
El presidente de la comisión prolongó la sesión nocturna y modificó el orden previsto para conocer las mociones de revisión, que inicialmente quedarían para después de resolver las 137 mociones de fondo presentadas al presupuesto.
La oposición cuestionó la prolongación de la jornada y el cambio en la organización del debate. Finalmente, a las 10:07 p. m., el oficialismo logró aprobar la revisión y posteriormente la moción de recorte, ambas con el respaldo de sus seis representantes.
Recorte afecta recursos comprometidos con las universidades
La rebaja aprobada corresponde a recursos del FEES cuya transferencia se había postergado y que formaban parte de un acuerdo alcanzado el 20 de noviembre de 2025 entre representantes del Poder Ejecutivo y del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en la Comisión de Enlace.
Según el desglose divulgado durante la discusión presupuestaria, la medida representa aproximadamente ₡1.899 millones menos para cada una de cuatro universidades: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Para la Universidad Técnica Nacional (UTN), la reducción ronda los ₡448 millones.
La moción se suma a otras dos propuestas del oficialismo que también buscan reducir asignaciones a la educación superior. La moción 104 propone rebajar ₡8.918 millones adicionales de los gastos operativos de cuatro universidades estatales, mientras que la moción 105 plantea retirar recursos destinados a actividades académicas organizadas por la UCR mediante un convenio con el MEP, entre ellas ferias y olimpiadas de matemáticas. La aprobación de la moción 16 no implica que esas otras iniciativas también hayan sido aprobadas.
Los rectores de las universidades públicas advirtieron que las reducciones propuestas afectarían la oferta académica, los cupos de nuevo ingreso y el funcionamiento de distintas sedes regionales. Entre las consecuencias señaladas figuran dificultades para abrir nuevas carreras y mantener servicios educativos fuera de la Gran Área Metropolitana.
La decisión ocurrió en vísperas de una marcha nacional convocada para este martes 20 de octubre por universidades, organizaciones estudiantiles y sindicatos, en rechazo a los recortes presupuestarios para la educación y otros servicios públicos.
Otros movimientos aprobados al presupuesto de 2027
Además de la rebaja al FEES, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre otras seis mociones que modifican las asignaciones previstas para infraestructura vial, seguridad pública, pensiones y funcionamiento de instituciones estatales.
Uno de los movimientos de mayor cuantía corresponde a la moción 10, que traslada ₡52.701.043.899 de la amortización de deuda pública interna al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El dinero se incorporaría al programa de atención de infraestructura vial para financiar la adjudicación del diseño y construcción del tramo central de la ruta nacional 35, correspondiente a la carretera a San Carlos.
El documento establece que la asignación contempla la totalidad de los recursos requeridos, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), para la contratación identificada como CR-L1151-P00004. La aprobación presupuestaria permitiría disponer de esos fondos durante 2027.
Recursos para plazas policiales y cambios en Hacienda
La moción 17, aprobada el lunes, establece movimientos presupuestarios por ₡8.380.992.458. De esa suma, ₡4.190.496.229 se asignarían al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer los servicios de seguridad fronteriza, aérea y marítima, mientras que una cantidad idéntica permanecería destinada al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante un cambio en su fuente de financiamiento.
En concreto, la propuesta rebaja ₡4.190,5 millones de la amortización de títulos de deuda interna y otro tanto de una transferencia presupuestaria a la CCSS. Posteriormente, incorpora la primera cantidad a Seguridad Pública y repone la segunda en la partida de pensiones de la Caja, pero con una fuente de financiamiento distinta. El desglose de recursos humanos de la moción contempla 262 puestos policiales, distribuidos entre agentes, suboficiales, guardacostas, pilotos y otros cargos especializados.
El incremento presupuestario para Seguridad Pública se divide entre los programas de seguridad fronteriza, con ₡2.216,6 millones; seguridad aérea, con ₡496,4 millones; y seguridad marítima, con ₡1.477,5 millones.
Por otra parte, la moción 8 dispone una reorganización de ₡138.436.452 dentro del Ministerio de Hacienda. La modificación reduce recursos asociados a 20 puestos de oficiales de seguridad del Servicio Civil, adscritos a las actividades centrales de la institución, y crea nueve puestos para la Policía de Control Fiscal, con sus respectivas asignaciones salariales y cargas patronales.
Casi ₡1.920 millones adicionales para pensiones no contributivas
La comisión también aprobó dos mociones que trasladan en conjunto ₡1.919.914.665 del presupuesto de la Asamblea Legislativa al programa del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para financiar el déficit del Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones que administra la CCSS.
La moción 11 rebaja ₡229,1 millones del presupuesto legislativo: ₡175 millones de la partida de dietas y ₡54,1 millones de gastos de representación personal. La totalidad de los recursos se asignaría al financiamiento de las pensiones no contributivas.
A su vez, la moción 12 reduce otros ₡1.690.814.665 de diferentes partidas de la Asamblea Legislativa, incluidas remuneraciones, alquileres, servicios informáticos, mantenimiento de instalaciones, equipos y otros bienes. Entre las reducciones figuran ₡160 millones para alquiler de edificios, ₡134 millones para equipo de cómputo y ₡208,3 millones para mantenimiento de equipos y sistemas de información.
Finalmente, la moción 13 redistribuye ₡20 millones dentro del presupuesto de la Asamblea Legislativa. La propuesta retira esos recursos de la partida de servicios en ciencias económicas y sociales, que contempla actividades como auditorías externas y consultorías institucionales, y los incorpora a la subpartida de intereses moratorios y multas.
La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene como fecha límite este martes 20 de octubre para dictaminar el expediente. Posteriormente, el proyecto deberá pasar al plenario legislativo, donde los diputados tendrán que discutirlo y votarlo en dos debates, con plazo constitucional hasta el 30 de noviembre.