Organizaciones sindicales denuncian que el Poder Ejecutivo dejó vencer el plazo otorgado por la Sala IV para tramitar la propuesta que designó a Rocío Alfaro Molina como representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS.
Organizaciones sindicales y sociales anunciaron este viernes 9 de octubre que presentaron ante la Sala Constitucional una solicitud para declarar en desobediencia y desacato al Consejo de Gobierno, al denunciar que el Poder Ejecutivo dejó vencer el plazo otorgado por ese tribunal para tramitar la propuesta que designó a Rocío Alfaro Molina como representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El anuncio se realizó durante una concentración de representantes sindicales frente a las instalaciones centrales de la CCSS, donde las organizaciones presentaron un manifiesto en el que acusaron al Gobierno de irrespetar la autonomía sindical, la independencia de la CCSS y las resoluciones de la Sala Constitucional.
El conflicto por el nombramiento sindical
En junio del presente año, el movimiento sindical eligió a la exdiputada frenteamplista para integrar la Junta Directiva de la CCSS durante el periodo 2026-2030. Posteriormente, el Consejo de Gobierno rechazó la designación tras cuestionar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo.
Ante esa decisión, representantes sindicales recurrieron a la Sala Constitucional y, el 13 de agosto, el tribunal anuló por unanimidad el acuerdo que rechazó la designación.
La Sala determinó que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS impide al Poder Ejecutivo impugnar las designaciones realizadas por los sectores laboral y patronal para integrar la Junta Directiva. La disposición establece que corresponde a esos sectores elegir a sus representantes.
En medio de la controversia, el Gobierno designó temporalmente a Róger Rivera Mora como representante del sector sindical. Sin embargo, el 25 de setiembre la Sala Constitucional anuló ese nombramiento y ordenó al Consejo de Gobierno adoptar, en un plazo máximo de ocho días, las medidas necesarias para tramitar la propuesta sindical que designó a Alfaro.
Las organizaciones sostienen que ese plazo venció sin que el Ejecutivo completara el procedimiento. Ante ello, anunciaron que solicitarán al tribunal una declaratoria de desobediencia y la ejecución forzosa de la sentencia.
Alfaro Molina comentó este viernes:
Hoy mismo se presentará en la Sala una solicitud para que se declare en desobediencia y en desacato al Consejo de Gobierno, pero además llamaremos muy prontamente a todas las organizaciones sindicales y sociales para defender, si es preciso, en las calles la democracia costarricense y la Caja Costarricense del Seguro Social".
La representante sindical también denunció que, durante la actividad, se cerraron los accesos al edificio de la CCSS, una situación que, según afirmó, afectó tanto a personas que acudían a realizar trámites como a trabajadores que pretendían ingresar a sus puestos.
Organizaciones denuncian afectación de derechos sindicales
En el manifiesto, las agrupaciones sostuvieron que la negativa del Consejo de Gobierno a formalizar la representación elegida por los trabajadores vulnera la libertad sindical reconocida en el artículo 60 de la Constitución Política.
También invocaron los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical, el derecho de sindicación y la negociación colectiva, para cuestionar la intervención del Ejecutivo en la designación realizada por las organizaciones de trabajadores.
Las agrupaciones señalaron que el conflicto no se limita al nombramiento de una integrante de la Junta Directiva, sino que involucra, según su posición, el respeto a las decisiones de los sectores representados y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Alfaro Molina aseguró además que existe preocupación por el funcionamiento de la seguridad social y la autonomía de la CCSS.
Cuestionamientos por funcionamiento de la Junta Directiva
Alfaro también cuestionó que la Junta Directiva de la CCSS continúe funcionando sin la representación de los trabajadores, particularmente cuando la institución enfrenta decisiones relacionadas con pensiones, infraestructura hospitalaria y listas de espera.
La dirigente sostuvo que la integración actual del órgano limita las decisiones que puede adoptar y afirmó que sus integrantes sesionan bajo la figura jurídica del “funcionario de hecho”.
La conformación no integral con la que ahora están dejando a la Junta Directiva de la Caja no le permite tomar las decisiones urgentes que la ciudadanía requiere. Están tomando decisiones que solo pueden ser consideradas de emergencia porque tienen que sesionar bajo la figura de funcionario de hecho".
Alfaro Molina también cuestionó la convocatoria de una mesa técnica para discutir modificaciones al sistema de pensiones sin que el movimiento sindical cuente con representación en la Junta Directiva.