En la película japonesa El mal no existe, una empresa pretende construir en una comunidad rural un complejo de glamping: esa forma glamorosa de acampar, sin los inconvenientes de acampar. Durante una consulta a los vecinos, estos preguntan por las aguas residuales. Los facilitadores, más familiarizados con espectáculos que con temas ambientales, explican que los especialistas no pudieron asistir por problemas de agenda. Los vecinos, en cambio, sí llegaron, y con muchas preguntas.
Me acordé de esa escena al leer la crónica de Delfino.cr sobre el conversatorio celebrado en Turrúcares el pasado 4 de noviembre. Allí no se discutía un glamping, sino nada más y nada menos que un relleno sanitario. Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, llegó acompañado por los ministros de Educación, Obras Públicas y Transportes y Salud. Todo un despliegue de autoridades para una reunión comunitaria.
Detrás de aquella reunión había un conflicto de años. En 2011, la Municipalidad de Alajuela otorgó permisos de uso de suelo para un relleno sanitario en Bajo Pita, promovido por la empresa de manejo de residuos EBI. Después, la propia municipalidad acudió a los tribunales para cuestionar esos permisos. La empresa inició un arbitraje internacional contra Costa Rica, en el que reclama una indemnización millonaria. Ahora el Gobierno busca una salida: que la municipalidad retire sus demandas y EBI desista del reclamo internacional.
Los representantes del Gobierno llegaron con una oferta tentadora: un colegio técnico, puentes, carreteras, centros de cuido. Había, eso sí, una condición. La municipalidad debía retirar las demandas judiciales. Además, como en las mejores promociones comerciales, tenía fecha de vencimiento: antes de que Hacienda pagara la defensa en el arbitraje. Después, se acababa la promoción.
Incluso cuando el ministro de Educación propuso valorar la compra del terreno del colegio, Chaves le pidió esperar la decisión municipal. Primero el relleno, después el colegio. Curiosa manera de establecer prioridades educativas.
Había ministros para hablar de colegios, carreteras y salud, pero faltaba el de Ambiente. Una ausencia llamativa, tratándose de un relleno sanitario. Los vecinos, en cambio, sí tenían preguntas. Preguntaron por las nacientes, los pozos, el corredor biológico y los camiones cargados de basura que circularían por sus comunidades. Pero nadie había llegado preparado para responderlas en detalle. Quien se tome el trabajo de buscar encontrará algunas respuestas en los estudios del proyecto. Pero eso no exime a las autoridades de explicárselas a los vecinos.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), otorgó la viabilidad ambiental en 2016, restablecida en 2018. Uno de los análisis recogidos en esa resolución advertía que las excavaciones aumentarían de baja a media la vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación.
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) consideró posible desarrollar el proyecto, pero sujeto a la implementación de medidas para evitar que los contaminantes del relleno lleguen a las aguas subterráneas. La protección del agua dependerá, por tanto, no solo de lo que se diseñe, sino de cómo se construya, opere y vigile el relleno durante décadas.
Y aquí importa quién estará a cargo. Según reportajes de La Nación y Semanario Universidad, EBI ha enfrentado problemas en otras instalaciones del país por contaminación, deslizamientos de basura y deficiencias en su operación. ¿Qué garantías hay de que esos problemas no se repitan en Turrúcares?
Nadie quiere un basurero al lado de su casa. Antes de pedirle a una comunidad que acepte uno, EBI y las autoridades ambientales deben dar respuestas claras sobre los riesgos, las medidas de protección y la vigilancia de su operación. No basta prometer una operación conforme a las buenas prácticas: hay que demostrar cómo se alcanzarán.
Mientras esas preguntas siguen pendientes, el Gobierno ofrece puentes y un colegio. Obras necesarias, sin duda, pero que deberían responder a las necesidades de la comunidad, no utilizarse para conseguir que se retiren las demandas judiciales. Tampoco modifican la permeabilidad de las rocas, el flujo subterráneo o una posible contaminación de las aguas subterráneas. La geología, por desgracia para los negociadores, no acepta obras públicas como forma de pago.
