Crea un capítulo de Violencia Sexual Digital dentro de la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres, que fija una pena de 4 a 8 años a la difusión y creación no consentida de contenido íntimo o sexual; y de 2 a 4 años por amenaza de difusión de contenido íntimo y/o sexual. En ambos casos se establece un agravante (un tercio adicional a la pena) en caso de que la persona afectada sea menor de edad o con discapacidad, así como si hay animó de lucro.