El proyecto busca mejorar la valoración de riesgos (fuga, obstaculización y peligro a víctimas), incorporando criterios sobre criminalidad organizada y evidencia digital Además, exige mayor justificación judicial así como reforzar el análisis de medidas alternativas menos gravosas a la prisión preventiva. Blinda un refuerzo del elemento de peligrosidad para la víctima que deben considerar los jueces.