Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030 contempla 53 proyectos de inversión pública y requiere poco más de ₡9 billones durante los próximos cuatro años.
El Gobierno presentó este martes el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, que establece las principales metas que deberán cumplir las instituciones públicas durante la Administración Fernández Delgado, entre ellas reducir la pobreza al 14,4%, bajar la tasa de homicidios a 15,3 por cada 100.000 habitantes y aumentar al 76% la escolaridad neta en educación diversificada.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) informó que el plan contiene ocho metas nacionales, 49 metas sectoriales, 169 intervenciones públicas, 246 metas de intervención y 53 proyectos de inversión pública. La estimación presupuestaria de las acciones incorporadas supera los ₡9 billones entre 2027 y 2030, equivalentes, en promedio anual, al 3,7% del producto interno bruto (PIB) nominal.
En materia económica, el Ejecutivo plantea alcanzar en 2030 un crecimiento real del PIB del 3,9%. La línea base utilizada por el propio plan para 2025 es de 4,6%. También pretende elevar el Índice de Competitividad Nacional de 56,2 puntos en 2025 a 61,2 puntos cuatro años después.
Las metas sociales incluyen reducir el porcentaje de hogares en pobreza de 15,2% en 2025 a 14,4% en 2030, mientras que el desempleo abierto deberá pasar de 6,7% a 6,2%. Para este último indicador, el Gobierno estableció una meta diferenciada de 5,9% para los hombres y 6,3% para las mujeres.
El plan también propone reducir el coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad de ingresos, de 0,495 a 0,491. En educación, la Administración se fijó una de las variaciones más amplias entre sus indicadores nacionales: aumentar la escolaridad neta en educación diversificada tradicional del 60% registrado como línea base en 2025 al 76% en 2030.
En seguridad ciudadana, la meta oficial consiste en reducir la tasa de homicidios dolosos de 16,8 a 15,3 por cada 100.000 habitantes. Entre las intervenciones incluidas aparecen la implementación del programa Cero Ocio para personas privadas de libertad, la gestión del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) y la puesta en operación del C5, además de programas preventivos de violencia dirigidos a más de 760.000 estudiantes de primaria.
La octava meta nacional corresponde a la descarbonización. El Gobierno pretende reducir de 0,293 a 0,180 la razón de emisiones de dióxido de carbono equivalente respecto al PIB, como indicador del avance hacia una economía con menor intensidad de emisiones.
El componente de inversión pública comprende 53 proyectos y la presentación oficial calcula en más de ₡2,5 billones los recursos asociados a infraestructura vial, movilidad, puertos, hospitales e infraestructura digital. Entre las metas incluidas figura alcanzar un avance del 74% en la ampliación y mejoramiento de la carretera San José-San Ramón, completar la carretera a San Carlos entre Bernardo Soto y Florencia y finalizar la ampliación y rehabilitación de la ruta 1 entre Barranca y Limonal.
También se plantea construir o rehabilitar un total acumulado de 83 puentes, alcanzar un avance del 80% en el Tren Rápido de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana y otro 80% en el proyecto Agua para la Bajura. En infraestructura portuaria, el plan fija como objetivos alcanzar un 45% de avance en la Marina y Terminal de Cruceros de Limón y un 53% en la modernización de Puerto Caldera.
En salud, el Ejecutivo busca alcanzar una cobertura del Seguro de Salud equivalente al 95% de la población y avanzar en proyectos como el nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón y el servicio de hemato-oncología del Hospital Calderón Guardia. El plan incorpora además más de 10 proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento, atención anual para más de 180.000 personas en servicios de nutrición preventiva y acciones de promoción del crecimiento y desarrollo para más de 65.000 niños y niñas.
Las metas educativas comprenden atender necesidades de infraestructura en 368 centros educativos, intervenir al menos el 40% de los centros con orden sanitaria, abrir 10 nuevos colegios científicos y beneficiar a más de 85.000 estudiantes mediante programas de educación técnica y carreras de diplomado del MEP, INA, Colegio Universitario de Cartago y Colegio Universitario de Limón. El Ejecutivo también pretende duplicar la cantidad de centros que aplican la Estrategia Nacional STEM y que el 75% de los estudiantes graduados de educación diversificada alcance un nivel B1 o superior de inglés en escucha y lectura.
En materia social, el PNDIP establece como metas beneficiar a más de 45.000 hogares con el Bono Familiar de Vivienda, otorgar 20.000 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo y llevar servicios de telecomunicaciones a los 24 territorios indígenas. También contempla mantener una cobertura de 370.000 estudiantes mediante el subsidio Avancemos.
El Gobierno aseguró que formuló el documento después de cuatro procesos de consulta que incluyeron participación ciudadana, organizaciones sociales, academia, sector privado, Agencias Regionales de Desarrollo y Comités Intersectoriales Regionales. Según Mideplan, el 59% de las metas se vincula directamente con el Plan Estratégico Nacional 2050, mientras que el 23% incorpora criterios de género, el 30,5% contiene desagregaciones regionales y el 32% se relaciona expresamente con los Planes Regionales de Desarrollo.
La ministra de Planificación, Carla Morales Rojas, señaló que la programación presupuestaria de las instituciones deberá ajustarse a las prioridades incluidas en el documento.
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 8131, la planificación sin presupuesto es demagogia y el presupuesto sin planificación es gasto estéril. Por lo tanto, los Planes Operativos Institucionales (POI) y cada colón invertido por la Hacienda Pública deberán responder indiscutiblemente a los objetivos de este plan para cumplir la promesa de desarrollo contraída con la Patria".
Mideplan dijo que dará seguimiento al cumplimiento de las metas mediante informes semestrales y anuales.