La iniciativa de Edgardo Araya permitiría que productores certificados con hasta 100 bovinos movilicen su ganado con una guía en papel, sin depender obligatoriamente de plataformas digitales.
El diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya Sibaja, junto con otros seis diputados de su fracción, presentó un proyecto de ley (expediente 25.897) que busca permitir que los micro y pequeños ganaderos certificados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) puedan movilizar sus animales mediante una guía oficial en formato físico, sin estar obligados a utilizar plataformas digitales para ese trámite.
La propuesta define como microganadero a la persona física o jurídica dedicada a la actividad ganadera que posea entre una y 25 cabezas de ganado bovino o bufalino, y como pequeño productor ganadero a quien tenga más de 25 y hasta 100 cabezas.
La iniciativa reforma la Ley 8799, Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación, de 2010, para establecer expresamente que la guía oficial de movilización pueda emitirse en formato físico o digital. Actualmente, la normativa reglamentaria define esa guía como un formulario digital autorizado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Argumentos del proyecto
Según la exposición de motivos, la implementación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad Bovina y Bufalina y de herramientas como Trazar-Agro genera dificultades para pequeños productores en zonas con problemas de conectividad o menores niveles de alfabetización digital.
El texto señala que el Poder Ejecutivo contempló un subsidio para los dispositivos de identificación de productores con hatos de hasta 25 cabezas, pero sostiene que ese apoyo no resuelve las dificultades asociadas con la emisión digital de las guías de movilización.
La exposición de motivos cita datos del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) según los cuales el acceso a internet fijo ronda el 60% de los hogares en las regiones Brunca y Huetar Norte. También señala que 79,9% de los usuarios rurales depende exclusivamente de planes de datos móviles. Estas cifras forman parte de la argumentación utilizada por los proponentes para justificar la reforma.
Formato digital sería opcional para productores certificados
El proyecto adiciona un artículo 6 bis a la Ley 8799. Las personas clasificadas y certificadas como micro o pequeños ganaderos podrían escoger entre utilizar la guía oficial en formato físico o los mecanismos digitales habilitados por Senasa.
La guía física tendría plena validez jurídica cuando cumpla los requisitos legales y reglamentarios, y las autoridades no podrían desconocerla únicamente porque no se encuentre registrada en una plataforma digital o porque el productor no utilice herramientas de trazabilidad electrónica.
La posibilidad de utilizar herramientas digitales seguiría abierta de forma voluntaria, por ejemplo, cuando el productor las requiera para sus actividades comerciales, para cumplir exigencias de compradores o para acceder a determinados mercados.
Para acogerse a este régimen, el productor tendría que contar con una certificación vigente del MAG, emitida mediante sus agencias de extensión agropecuaria y el registro de Pequeño y Mediano Productor Agropecuario (PYMPA).
El MAG comprobaría el tamaño del hato mediante declaraciones juradas e inspecciones físicas o muestreos cuando lo considere necesario. Tendría un plazo máximo de 30 días hábiles desde la presentación completa de la solicitud para resolverla.
La certificación tendría una vigencia de dos años, sería gratuita y podría tramitarse por medios físicos o digitales. Los productores tendrían que informar al MAG, dentro de un máximo de 15 días hábiles, cualquier cambio en el tamaño de su hato que modifique su clasificación.
Quienes utilicen una guía física también tendrían que portar la certificación física que acredite su condición de micro o pequeño ganadero.
Fiscalización y trazabilidad
La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización del MAG, Senasa, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, independientemente de que el productor utilice una guía física o digital.
Las autoridades podrían revisar las guías, comprobar la vigencia de las certificaciones, realizar inspecciones en fincas y verificar tanto la identificación y las marcas del ganado como su correspondencia con la información consignada en los documentos de movilización.
El proyecto establece además que utilizar una guía oficial en formato físico no constituiría, por sí solo, una irregularidad ni un indicio de falsedad o de la comisión de un delito.
La propuesta no elimina la obligación general de identificación y registro de los animales dentro del sistema nacional de trazabilidad. Sin embargo, el articulado no establece un mecanismo para incorporar posteriormente al sistema digital los movimientos realizados exclusivamente mediante guías físicas.
Un transitorio permitiría acogerse al nuevo procedimiento a productores que, cuando entre en vigencia la eventual ley, ya operen con permisos, registros o autorizaciones del MAG o de Senasa, así como a quienes tengan trámites pendientes.
El expediente fue presentado el 5 de noviembre. Debido a que la Asamblea Legislativa se encuentra en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere convocatoria del Poder Ejecutivo para avanzar durante este periodo.
