Las comparecencias realizadas durante septiembre han incorporado nuevos elementos a la discusión del expediente 25.542, entre ellos la procedencia de mercancías provenientes de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
En un artículo anterior publicado en este medio nos referimos a dos criterios remitidos a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa durante el trámite del expediente 25.542, correspondiente al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Costa Rica e Israel.
Uno de esos documentos fue elaborado por el economista Luis Paulino Vargas Solís y el otro por quien escribe estas líneas. Ambos cuestionaron la conveniencia del tratado desde perspectivas distintas: Vargas concentró su análisis en la dimensión económica y comercial, mientras nuestro criterio abordó principalmente las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica y el contexto jurídico existente alrededor de los territorios palestinos ocupados.
Desde entonces, el trámite legislativo ha avanzado y han aparecido nuevos elementos que permiten precisar algunas de aquellas interrogantes.
Un tercer criterio crítico
A los dos documentos mencionados se suma el criterio remitido el 4 de agosto por Wajiha Sasa Marín, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica.
Su escrito plantea, entre otros asuntos, las implicaciones que podría tener el acuerdo comercial frente a las obligaciones de terceros Estados respecto de los territorios palestinos ocupados y sostiene que la discusión comercial no puede desvincularse completamente del derecho internacional aplicable.
Los tres documentos pueden consultarse de forma íntegra:
— Criterio remitido por Wajiha Sasa Marín.
— Criterio de Luis Paulino Vargas Solís.
— Criterio remitido por Nicolás Boeglin.
La procedencia de los productos entra en la discusión
Uno de los asuntos que ha adquirido mayor concreción durante las audiencias legislativas es la procedencia de las mercancías que eventualmente podrían beneficiarse del TLC.
El pasado 3 de septiembre, durante la comparecencia de la gerente general de Procomer, Laura López Salazar, la diputada Joselyn Sáenz Núñez consultó si Costa Rica posee capacidad técnica para determinar que productos certificados como israelíes no provengan de asentamientos ubicados en territorio palestino ocupado.
Según reportó Delfino.cr, López respondió que Procomer únicamente verifica el origen de mercancías costarricenses destinadas a exportación y que desconocía si otras instituciones nacionales tienen esa capacidad respecto de bienes importados.
La interrogante resulta relevante porque la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024, se refirió a la obligación de los Estados de distinguir, en sus relaciones económicas y comerciales con Israel, entre su territorio y los territorios palestinos ocupados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había formulado anteriormente una diferenciación semejante mediante su resolución 2334 de 2016.
La cuestión tampoco es únicamente teórica. Durante septiembre, Delfino.cr informó que doce países occidentales avanzaron con medidas dirigidas a restringir el comercio procedente de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.
Todo ello plantea una pregunta concreta para el trámite costarricense: ¿qué mecanismos permitirían determinar el origen efectivo de las mercancías que podrían acogerse a las preferencias comerciales previstas por el tratado?
La Comisión decide a quién escuchar
El 10 de septiembre la Comisión de Relaciones Internacionales discutió dos mociones para recibir en audiencia a Wajiha Sasa Marín y a quien suscribe estas líneas.
Ambas fueron rechazadas por cinco votos contra tres. Las apoyaron las diputadas Joselyn Sáenz Núñez, Andrea Valverde Palavicini e Iztarú Alfaro Guerrero, mientras cinco integrantes del oficialismo votaron en contra. Una de las posiciones expresadas durante la sesión sostuvo que la situación entre Israel y Palestina no estaba directamente relacionada con el contenido comercial del tratado y que la Comisión debía concentrarse en sus aspectos técnicos, jurídicos y económicos.
En esa misma sesión, sin embargo, los legisladores aprobaron por unanimidad convocar a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, para abordar componentes del acuerdo relacionados, entre otros asuntos, con ciberseguridad. La comparecencia del MICITT está prevista para este jueves 24 de septiembre.
El canciller Manuel Tovar Rivera y la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, estaban convocados para el 10 de septiembre, pero ambos comunicaron que no podían asistir. La Comisión acordó reprogramar sus comparecencias para el próximo 1.º de octubre. La Comisión también amplió en 60 días hábiles el plazo para rendir informe sobre el expediente, por lo que la discusión continuará después de esas audiencias.
Una convocatoria desde la sociedad civil
En paralelo al trámite legislativo, organizaciones y personas que se oponen a la aprobación del TLC han convocado a quienes compartan esa posición a asistir este jueves a las barras de la Comisión de Relaciones Internacionales. La convocatoria difundida esta semana propone llegar a la Asamblea Legislativa a las 12:30 p. m., antes del inicio de la sesión previsto para la 1 p. m. También es posible manifestar la oposición al tratado sumándose a la campaña en línea de la Plataforma de lucha contra el TLC con Israel.
La existencia de esta movilización refleja que la discusión alrededor del expediente ya no se limita a las valoraciones económicas que normalmente acompañan un tratado comercial. Las audiencias realizadas durante septiembre han incorporado preguntas sobre certificación de origen, territorios ocupados, ciberseguridad y obligaciones internacionales que probablemente volverán a aparecer cuando comparezcan las autoridades directamente responsables de la política exterior y comercial del país.
Será particularmente relevante conocer el próximo 1.º de octubre qué respuestas ofrecen Cancillería y Comex sobre esos aspectos y qué valoración hace finalmente la Asamblea Legislativa antes de decidir sobre el expediente 25.542. Si desea conocer más sobre el contexto en torno a este tratado le invito a leer la entrada en mi blog titulada El TLC suscrito entre Costa Rica e Israel: algunas opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa que relativizan su supuesta conveniencia así como a escuchar mi participación en el espacio de Museo Dialoga, en el capítulo “El TLC entre Costa Rica e Israel".