Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Dolores que nos atraviesan el alma, que nos dejan un nudo en la garganta y que nos obligan a preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo.
La muerte de Julián, un niño de apenas cuatro años en Alajuela, es uno de ellos.
¡Cómo dueles, Julián!
Duele imaginar los juegos que quedaron pendientes, las risas que ya no escucharemos, los abrazos que no recibió y todos esos sueños que nunca tendrá la oportunidad de cumplir.
Duele pensar que un niño tan pequeño, que apenas comenzaba a descubrir el mundo, haya encontrado la muerte en circunstancias que hoy investiga la justicia.
Pero hay algo que duele todavía más: saber que su situación había sido conocida por instituciones llamadas a protegerlo y que, meses después, estamos lamentando su muerte.
Y entonces surge una pregunta que no podemos seguir evadiendo: ¿cuántos Julianes y Julianas están sufriendo hoy en silencio, esperando que alguien los escuche, les crea y los proteja?
Porque Julián no es solamente el rostro de una tragedia. Su historia nos enfrenta a una realidad que Costa Rica necesita mirar de frente.
Durante los primeros nueve meses de 2026, la Caja Costarricense de Seguro Social registró 3.752 diagnósticos relacionados con posibles situaciones de maltrato infantil. De ellos, 1.514 correspondieron a abuso físico y 1.116 a abuso sexual.
Estamos hablando de casi 14 registros diarios relacionados con violencia contra personas menores de edad. No necesariamente de 14 víctimas distintas cada día, porque una misma atención puede generar varios diagnósticos, pero sí de una realidad que debería estremecernos.
En ese mismo período, el Patronato Nacional de la Infancia atendió a 3.112 personas menores de edad por agresión física. Y solamente durante el primer semestre del año recibió 49.988 denuncias por distintas vulneraciones de derechos.
Los datos del Hospital Nacional de Niños son igualmente dolorosos. Entre enero y junio de este año, su Servicio de Trabajo Social atendió 351 interconsultas relacionadas con violencia contra personas menores de edad. De ellas, 288 correspondieron a situaciones de negligencia y 34 a abuso sexual.
Detrás de cada una de estas cifras hay un rostro. Un Julián. Una Juliana. Una infancia que merece ser vivida sin miedo.
Son niños que deberían estar jugando en un parque, aprendiendo a leer, descubriendo sus talentos o soñando con lo que quieren ser cuando crezcan.
Sin embargo, algunos conocen demasiado pronto el miedo, el dolor, el abandono y la violencia.
Y no podemos olvidar a quienes nunca aparecen en las estadísticas. A los niños que no llegan a un hospital, a las niñas que tienen miedo de contar lo que les sucede, a quienes guardan silencio porque la persona que debería protegerlos es precisamente quien les hace daño.
¿Cuántas historias permanecen escondidas detrás de las puertas de nuestros hogares? ¿Cuántas señales de alerta dejamos pasar porque preferimos pensar que nada grave está ocurriendo? ¿Cuántas infancias se están perdiendo mientras los adultos discutimos procedimientos, competencias y responsabilidades?
En el caso de Julián, el Ministerio de Educación Pública trasladó una denuncia al PANI en junio de este año. Según explicó la institución, se realizaron valoraciones con participación de otras entidades y los informes no identificaron elementos suficientes para acreditar una situación de riesgo. En setiembre, el expediente fue archivado.
Hoy existe una investigación sobre esas actuaciones, además del proceso judicial relacionado con su muerte. Es indispensable que ambas investigaciones avancen con rigurosidad, transparencia y respeto al debido proceso. No podemos adelantar responsabilidades, pero tampoco conformarnos con respuestas que no permitan comprender qué ocurrió.
Porque el verdadero sentido de un sistema de protección no está solamente en atender denuncias. Está en reconocer los riesgos y evitar que el daño se repita.
Costa Rica tiene una larga tradición de defensa de los derechos humanos. Hemos construido instituciones, aprobado legislación y asumido compromisos internacionales para proteger a nuestra niñez.
Pero debemos tener el valor de reconocer que la existencia de leyes e instituciones no garantiza, por sí sola, que todos nuestros niños estén seguros.
Durante mi gestión como diputada impulsé la Ley 10.476, de Prevención, Detección Temprana y Respuesta de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia. Lo hice convencida de que proteger a nuestra niñez exige mucho más que buenas intenciones. Requiere instituciones capaces de comunicarse, compartir información, identificar factores de riesgo y dar seguimiento a las denuncias.
Esta legislación contempla un Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección de la Niñez y Adolescencia, precisamente para fortalecer esa respuesta.
Hoy debemos preguntarnos cómo se está implementando, qué resultados está generando y qué obstáculos persisten para garantizar una protección efectiva. Porque, entonces, ¿de qué sirven las leyes si no se implementan, si no se convierten en acciones concretas y si no logran proteger a quienes más las necesitan?
Las leyes no pueden quedarse en el papel ni convertirse en simples declaraciones de buenas intenciones. Su verdadero valor está en su cumplimiento, en la capacidad de las instituciones para actuar de manera articulada y, sobre todo, en los resultados que generan.
Una ley que no se ejecuta es una promesa incumplida. Y cuando hablamos de la protección de nuestra niñez, las consecuencias de esa promesa incumplida pueden ser irreparables.
No basta con legislar para proteger. Hay que garantizar que esa protección llegue a tiempo, antes de que una alerta se convierta en tragedia. Porque cuando hablamos de niños y niñas, el tiempo importa. Una alerta que no recibe seguimiento oportuno puede significar que una situación de violencia continúe. Una intervención tardía puede tener consecuencias irreparables.
También debemos comprender que la violencia contra la niñez no es únicamente un problema institucional. Es una herida social que nos involucra a todos.
Nos corresponde construir familias donde el amor nunca se confunda con el maltrato, comunidades que no permanezcan indiferentes y centros educativos donde los niños encuentren personas dispuestas a escucharlos y ayudarlos.
Necesitamos fortalecer los servicios de salud, la atención psicológica, el acompañamiento familiar y las redes comunitarias de protección. Y necesitamos un Estado que no solamente responda cuando ocurre una tragedia, sino que invierta en prevención, que acompañe a las familias en situaciones de vulnerabilidad y que garantice recursos suficientes a las instituciones encargadas de proteger a la niñez.
Porque la violencia infantil deja heridas que no siempre son visibles. Hay golpes que desaparecen de la piel, pero cuyas consecuencias emocionales pueden acompañar a una persona durante toda su vida. Y hay heridas que, lamentablemente, nunca tienen oportunidad de sanar.
¡Cómo dueles, Julián!
Pero también duelen esos otros Julianes y Julianas cuyos nombres desconocemos. Los que hoy sienten miedo al regresar a casa. Los que lloran en silencio. Los que esperan que alguien note su tristeza. Los que necesitan que una persona adulta les diga, con hechos y no solamente con palabras, que no están solos.
No podemos permitir que la muerte de Julián se convierta en una noticia más, en una indignación pasajera o en una discusión que desaparezca cuando surja otro acontecimiento nacional.
Su historia debe llevarnos a exigir respuestas, revisar nuestros mecanismos de protección y asumir una responsabilidad que va mucho más allá de cualquier institución.
Porque el bienestar de nuestra niñez no puede depender de la suerte de encontrar a alguien que escuche una denuncia, comprenda una señal o actúe antes de que sea demasiado tarde.
Un país se define también por la manera en que cuida a quienes todavía no tienen la fuerza ni las herramientas para defenderse por sí mismos.
Julián tenía apenas cuatro años. Merecía una infancia llena de oportunidades, cariño y protección.
No podemos cambiar su historia. Pero sí podemos decidir qué hacemos como sociedad frente a ella.
Que su nombre no se pierda entre expedientes, cifras y titulares.
Que nos recuerde que cada niño importa, que cada niña merece ser escuchada y que ninguna señal de violencia debería parecernos insignificante.
Porque mientras exista un Julián o una Juliana sufriendo en silencio, nuestra tarea como sociedad seguirá pendiente.
¡Cómo dueles, Julián!
Y cuánto debería dolernos saber que todavía hay tantos niños y niñas esperando que lleguemos a tiempo.
