Auditoría encontró falta de estudios de mercado, justificaciones insuficientes para contratar sin licitación y deficiencias en los controles internos de la institución.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó incumplimientos generalizados de la legislación de contratación pública en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), relacionados con compras realizadas mediante procedimientos de excepción, una modalidad que permite contratar bienes y servicios sin recurrir a los concursos ordinarios únicamente cuando se cumplen determinadas condiciones legales.
Los hallazgos constan en el informe DFOE-CIU-IAD-00005-2026, emitido este martes 3 de noviembre, en el que el órgano contralor examinó las contrataciones por excepción efectuadas entre enero de 2023 y marzo de 2026. Durante ese periodo, el Cosevi tramitó 216 procedimientos de esta naturaleza y adjudicó 175 por un monto total de ₡3.210,5 millones.
La auditoría examinó una muestra de 36 expedientes, de los cuales 30 correspondían a contrataciones adjudicadas y seis a procedimientos declarados infructuosos o revocados. Los 30 contratos adjudicados representaban ₡2.184,2 millones, equivalentes al 68,03% del monto total contratado mediante excepciones durante el periodo estudiado.
El análisis reveló que 24 de los 30 expedientes adjudicados (80%) carecían de evidencia de estudios o sondeos de mercado para determinar si los precios pactados eran razonables. Además, 25 expedientes (83,33%) no contaban con informes que justificaran adecuadamente las decisiones iniciales mediante criterios técnicos, jurídicos o financieros.
Estas deficiencias impidieron comprobar si los procedimientos excepcionales eran efectivamente la mejor alternativa para satisfacer las necesidades institucionales y si las compras se efectuaron en las condiciones más favorables de precio y calidad.
La Contraloría advirtió que las irregularidades responden, entre otros factores, a deficiencias en la planificación de las compras, ausencia de regulaciones internas específicas, falta de capacitación y decisiones adoptadas por funcionarios sin una delegación formal de competencias.
Contrataciones con proveedor único sin acreditar exclusividad
Uno de los principales hallazgos corresponde a las contrataciones realizadas bajo la figura de proveedor único, que permite prescindir de un concurso cuando solamente una empresa o persona puede suministrar determinado bien o servicio.
De los 12 expedientes examinados bajo esta modalidad, 11 (91,67%) carecían de evidencia de estudios de mercado y de la debida fundamentación legal y financiera para demostrar que la contratación directa era la alternativa más adecuada.
En esos mismos 11 casos, el Cosevi justificó la utilización del procedimiento mediante argumentos de conveniencia institucional, como la afinidad con determinadas marcas o la necesidad de mantener garantías previamente adquiridas, sin demostrar que solamente existiera un proveedor capaz de satisfacer la necesidad.
La Contraloría también identificó cinco expedientes en los que no encontró la publicación de la invitación correspondiente en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) o se omitieron especificaciones técnicas exigidas por la normativa.
En otro procedimiento, relacionado con la actualización y migración tecnológica de programas informáticos, la institución estableció requisitos que podían limitar la competencia, al exigir a los interesados un conocimiento previo y exhaustivo de servicios, reglas administrativas e informes específicos del Cosevi.
Usaron estudio de mercado de ₡3 millones para justificar compra de ₡397 millones
La auditoría también encontró deficiencias en contrataciones entre entidades públicas, una modalidad que permite contratar directamente con otras instituciones estatales cuando se cumplen los requisitos establecidos por ley.
En seis de los diez expedientes examinados bajo esta figura, el Cosevi no acreditó que la entidad contratada tuviera la capacidad técnica para ejecutar al menos el 70% de las obligaciones contractuales, ni presentó los análisis legales y financieros necesarios para justificar el procedimiento excepcional.
Uno de los casos más llamativos corresponde a una contratación de servicios de internet para la cual el Cosevi pretendía adquirir una conexión con capacidad de 750 megabits por segundo y un presupuesto de ₡397 millones.
Sin embargo, en lugar de elaborar un estudio de mercado ajustado a esas necesidades, la institución utilizó uno preparado por otra entidad pública para contratar un servicio de apenas 40 megabits por segundo, cuyo presupuesto era de ₡3 millones.
La Contraloría señaló que ambos requerimientos tenían dimensiones completamente distintas, por lo que el estudio utilizado no permitía justificar adecuadamente las condiciones de la contratación pretendida.
También encontró que el Cosevi recurrió a la excepción de contratación entre entes públicos para contratar a una fundación que, por su naturaleza jurídica, es una entidad privada de utilidad pública y no podía acogerse a esa modalidad.
En otro caso, correspondiente a una contratación con una universidad pública durante 2026, la institución fundamentó el procedimiento en la antigua Ley de Contratación Administrativa, número 7494, pese a que esa legislación ya había sido derogada.
Deficiencias en capacitaciones, publicidad y mantenimiento
Las irregularidades también alcanzaron las contrataciones de capacitación, publicidad y mantenimiento de equipos.
En tres de los cuatro expedientes de capacitación examinados, la Contraloría encontró que los cursos habían sido diseñados específicamente para atender necesidades internas del Cosevi, pese a que se contrataban mediante una excepción prevista para capacitaciones abiertas al público.
En los cuatro expedientes faltaban las justificaciones legales, técnicas y financieras exigidas para respaldar las decisiones de contratación.
Por otra parte, en las tres contrataciones de medios de comunicación examinadas no se encontraron análisis que demostraran que los proveedores seleccionados eran la mejor opción para atender las necesidades institucionales. Tampoco existían estudios financieros que respaldaran la razonabilidad de los precios.
El órgano contralor también cuestionó una contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo rutinario de un montacargas, que el Cosevi tramitó mediante la figura de reparaciones indeterminadas, reservada para situaciones en las que resulta imposible establecer anticipadamente los trabajos requeridos.
Según la auditoría, las labores previstas, como cambios de filtros y aceites, eran conocidas de antemano y no correspondían a reparaciones complejas que requirieran desmontar maquinaria para identificar daños ocultos.
Además, la institución justificó la contratación mediante una supuesta urgencia relacionada con inspecciones vencidas desde 2022, pese a que se trataba de necesidades previsibles que debieron incorporarse oportunamente en su planificación anual.
Más del 80% del personal carecía de capacitación sobre estudios de mercado
La Contraloría identificó que las deficiencias en los procedimientos de contratación estaban relacionadas con la falta de lineamientos internos que establecieran las responsabilidades y los controles aplicables a cada etapa de las compras por excepción.
La institución tampoco contaba con un plan formal de capacitación sobre la Ley General de Contratación Pública, que entró en vigor en diciembre de 2022.
De los 190 funcionarios del Cosevi con un perfil activo en el Sicop, 115 (60%) carecían de formación sobre el nuevo marco legal de contratación pública, mientras que 156 (82%) no habían recibido capacitación sobre la elaboración de estudios de mercado ni sobre la adecuada justificación de las contrataciones por excepción.
El informe también señala que el Cosevi permitía que distintas unidades administrativas emitieran las decisiones iniciales de contratación sin contar necesariamente con una delegación formal de competencias por parte del jerarca institucional.
Para la Contraloría, estas circunstancias debilitaron los controles previos y dificultaron verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación.
El órgano fiscalizador advirtió que la ausencia de justificaciones y estudios de mercado no permite garantizar que los precios contratados fueran razonables y expone a la institución a riesgos de sobrecostos, utilización ineficiente de los recursos públicos y restricciones injustificadas a la participación de otros proveedores.
Aunque el informe identifica estos riesgos, no establece que todas las contrataciones examinadas presentaran sobreprecios ni cuantifica un perjuicio económico efectivo para la Hacienda Pública.
Contraloría ordena corregir los procedimientos
Ante los hallazgos, la Contraloría emitió dos disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a las autoridades del Cosevi.
La primera ordena a la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial establecer y oficializar una normativa interna que regule los procedimientos de contratación por excepción, con una definición precisa de las responsabilidades, los plazos, los controles y las metodologías para evaluar precios.
La nueva regulación deberá definir cuáles funcionarios están autorizados para aprobar las decisiones iniciales y establecer controles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de tramitar cada contratación. Además, la Proveeduría Institucional deberá actuar como filtro final para rechazar solicitudes que carezcan de la documentación o justificación correspondiente.
La Junta Directiva deberá acreditar la aprobación de esa normativa a más tardar el 29 de enero de 2027 y presentar un informe de avance sobre su implementación antes del 30 de setiembre de ese mismo año.
La segunda disposición está dirigida al director ejecutivo del Cosevi, Jeffrey Cervantes Bermúdez, a quien se le ordenó elaborar, oficializar e implementar un plan permanente de capacitación para los funcionarios involucrados en las contrataciones por excepción.
El plan deberá abordar los requisitos legales de estos procedimientos, la elaboración de estudios de mercado, la evaluación de precios y los mecanismos para comprobar el aprovechamiento de las capacitaciones.
La institución tendrá plazo hasta el 26 de febrero de 2027 para acreditar la aprobación del plan y hasta el 30 de agosto de ese año para presentar un informe sobre su implementación.
La Contraloría recordó que sus disposiciones son de acatamiento obligatorio y que su incumplimiento injustificado puede generar responsabilidades para los funcionarios correspondientes. Además, se reservó la potestad de verificar la aplicación efectiva de las medidas ordenadas.
