CCSS busca recuperar pagos realizados a Marta Esquivel por encima del tope salarial, mientras la diputada reclama a la institución al menos ₡119 millones.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó remitir a juicio el proceso de lesividad promovido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, por los pagos salariales que recibió cuando ejerció la presidencia ejecutiva de la institución y que la Contraloría General de la República (CGR) consideró superiores al límite permitido por ley.
La decisión se produjo este martes, una vez concluidas las distintas etapas de la audiencia preliminar. Según confirmó el Poder Judicial a La Nación, el expediente será enviado a la sección de juicio que corresponda, donde posteriormente se fijará la fecha para recibir la prueba testimonial admitida y, una vez concluido el debate, dictar sentencia.
El caso se tramita bajo el expediente 24-003261-1027-CA. Se trata de un proceso contencioso administrativo y no de un juicio penal: la CCSS pretende que el tribunal anule el acto administrativo mediante el cual se fijó el salario de Esquivel y que, si esa nulidad queda firme, reconozca el derecho de la institución a recuperar las sumas eventualmente pagadas de más.
La controversia surgió en diciembre de 2023, cuando la Contraloría determinó que la CCSS pagaba a Esquivel ₡7.158.848 mensuales desde su nombramiento como presidenta ejecutiva, el 20 de setiembre de 2022, pese a que el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública establecía un límite equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala salarial, que entonces correspondía a ₡5.565.000 mensuales.
El órgano contralor ordenó a la Caja ajustar la remuneración y realizar las gestiones necesarias para recuperar los pagos que consideró realizados en exceso, incluidos los efectos sobre aguinaldo, salario escolar, cargas sociales y otros componentes. La Junta Directiva de la CCSS acordó el 19 de marzo de 2024 iniciar un proceso de lesividad contra la acción de personal N.° 435077-2022, mediante la cual se había registrado el salario de la entonces jerarca.
La Caja ha explicado que el proceso de lesividad resulta necesario porque no puede cobrar administrativamente las sumas discutidas mientras un tribunal no declare nulo el acto que originó el pago.
Esquivel, por su parte, cuestiona la actuación de la CCSS y durante la audiencia preliminar de este martes sostuvo que el ajuste de su salario se realizó "sin ninguna fundamentación" y ha alegado que la acción de personal que la Caja pretende anular no corresponde al documento que recibió al asumir el cargo. También sostiene que la remuneración fue definida mediante acuerdos previos de la Junta Directiva que no fueron impugnados oportunamente.
La actual diputada también presentó una contrademanda contra la CCSS dentro del mismo proceso y reclama una indemnización de al menos ₡119 millones. Entre sus pretensiones figuran las diferencias salariales que dejó de recibir después del ajuste aplicado por la institución, así como indemnizaciones por los daños que asegura haber sufrido a raíz del caso.
Esquivel reclama, entre otros rubros, ₡3 millones por cada mes transcurrido desde diciembre de 2023 hasta que exista una resolución firme, por la afectación que atribuye al proceso sobre su honor y reputación, además de ₡20 millones por daño moral subjetivo. También solicita intereses, indexación, costas y ajustes sobre componentes asociados al salario, por lo que el monto final de su pretensión dependerá de lo que resuelva el tribunal y de la duración del litigio.
