Los resultados de la más reciente convocatoria al examen de incorporación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica deben abrir una discusión sobre la formación de los futuros profesionales en Derecho del país. De las 1.251 personas que realizaron la prueba, solamente 125 aprobaron; es decir, el 10% alcanzó la calificación requerida.
El promedio general fue de 64,27 y la calificación más alta alcanzó 95,41. Más allá de estos resultados, las cifras plantean una pregunta de fondo: ¿están preparando las universidades a los futuros abogados para responder a las exigencias reales del ejercicio profesional o es un reflejo de la calidad educativa que arrastramos?
No se trata de buscar un único responsable. Una tasa de aprobación de esta magnitud obliga a revisar cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se evalúan las competencias jurídicas en Costa Rica.
Una brecha entre el aula y la profesión
El examen de incorporación no debería entenderse como una prueba de memorización. El ejercicio del Derecho exige interpretar normas, identificar problemas jurídicos, construir argumentos y aplicar conocimientos a situaciones concretas.
Estas competencias no se desarrollan únicamente mediante la lectura de leyes y códigos. Requieren pensamiento crítico, análisis de casos, discusión, resolución de problemas y evaluaciones que permitan comprobar si el estudiante comprende cómo funciona el ordenamiento jurídico.
Cuando nueve de cada diez aspirantes no superan una evaluación de incorporación, resulta razonable preguntarse si existe una distancia entre los contenidos impartidos en las aulas y las habilidades que demanda la profesión.
Por eso, el diálogo anunciado por el Colegio con las universidades representa una oportunidad para revisar los programas académicos, la actualización de los contenidos y las metodologías de enseñanza. La discusión debe partir de la evidencia y no convertirse en una búsqueda de culpables.
La formación no puede depender de un examen
La calidad de una carrera de Derecho tampoco puede medirse exclusivamente por el porcentaje de aprobación en una prueba. Aunque este indicador es relevante, la formación de un abogado comprende conocimientos jurídicos, pensamiento crítico, capacidad de investigación, argumentación y criterio ético.
El examen debe funcionar como una referencia para identificar oportunidades de mejora, no como el único objetivo de la enseñanza universitaria.
Esto implica actualizar los programas conforme a los cambios legislativos y jurisprudenciales, fortalecer la formación práctica y evaluar continuamente el aprendizaje. También supone aprovechar herramientas tecnológicas que faciliten la práctica y la retroalimentación, sin perder de vista que ninguna plataforma sustituye el criterio docente ni el razonamiento jurídico.
Este proceso debe comenzar desde los primeros cursos. La formación jurídica requiere integrar teoría y práctica de manera continua, desarrollar la capacidad de análisis y fortalecer la aplicación de los conocimientos a situaciones reales. La preparación para el ejercicio profesional no puede concentrarse en las semanas previas al examen de incorporación.
Una responsabilidad compartida
Las universidades deben garantizar programas rigurosos, docentes actualizados y metodologías que conecten el conocimiento con la práctica. Los estudiantes, por su parte, deben asumir un papel activo en su preparación y comprender que el aprendizaje del Derecho exige disciplina y actualización permanente. Al Colegio profesional le corresponde mantener evaluaciones transparentes y coherentes con las competencias que demanda el ejercicio de la abogacía.
La discusión debe trascender los resultados de una prueba. Costa Rica necesita abogados capaces de interpretar la legislación, defender derechos, resolver conflictos y contribuir al funcionamiento de sus instituciones. La calidad de su formación tiene consecuencias que van mucho más allá de las aulas, pues también incide en la confianza ciudadana y en la seguridad jurídica.
Que solamente el 10% de los aspirantes haya aprobado debe ser un punto de partida para revisar la formación jurídica y la calidad educativa en el país. El desafío no consiste únicamente en elevar el porcentaje de aprobación de la próxima convocatoria, sino en formar profesionales con conocimientos, capacidad de análisis y responsabilidad ética.
