La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el presupuesto nacional para el año 2027, por aproximadamente ₡12,4 billones, con los votos de los 31 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), luego de tres sesiones de discusión en los que la oposición cuestionó las reducciones presupuestarias en educación, seguridad, programas sociales y Poder Judicial, así como las modificaciones incorporadas durante su trámite en comisión.
El expediente 25.754 recibió 31 votos a favor y 23 en contra. La totalidad de la bancada oficialista respaldó el presupuesto, mientras que los votos negativos provinieron de 14 diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Frente Amplio, una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y una de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Las únicas tres diputaciones ausentes durante la votación fueron los liberacionistas Víctor Hidalgo Solís, Ronald Campos Villegas y Mangell Mc Lean Villalobos, quienes sí participaron en la discusión del expediente durante las sesiones anteriores. De esta manera, el oficialismo consiguió aprobar el presupuesto en primer debate sin necesitar votos de otras fracciones.
La aprobación ocurrió después de una discusión iniciada el lunes 2 de noviembre, durante la cual las diputaciones opositoras consumieron prácticamente todo su tiempo disponible para cuestionar las asignaciones presupuestarias, mientras el oficialismo reservó sus principales intervenciones para el cierre del debate, cuando sus adversarios disponían de pocos minutos para responder.
El proyecto original presentado por el Ministerio de Hacienda contemplaba una reducción nominal del 3,1%, equivalente a ₡392.839,5 millones, respecto al presupuesto autorizado y actualizado a agosto de 2026. Durante el trámite en comisión se hicieron modificaciones que redistribuyeron recursos entre diferentes instituciones y programas.
El texto aprobado conserva, además, disposiciones que condicionan la utilización de casi ₡29.844 millones del Poder Judicial al cumplimiento de requisitos administrativos, auditorías y autorizaciones, además de establecer restricciones para trasladar recursos entre partidas y ocupar plazas vacantes.
Estas disposiciones, cuestionadas por la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, constituyeron uno de los principales puntos de conflicto del trámite legislativo, tanto por sus posibles consecuencias para los servicios judiciales como por la controversia sobre su constitucionalidad.
Un presupuesto de ₡12,4 billones financiado en un 38% mediante deuda
El proyecto original presentado por el Ministerio de Hacienda asciende a aproximadamente ₡12,419 billones, equivalentes al 22,3% del producto interno bruto (PIB) proyectado para 2027.
La propuesta representa una disminución de ₡392.839,5 millones respecto a los recursos autorizados a agosto de 2026, una comparación que incorpora las modificaciones presupuestarias aprobadas durante los primeros ocho meses del año.
De acuerdo con el dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aproximadamente el 37,69% del financiamiento previsto proviene del endeudamiento, mientras que los ingresos corrientes representan alrededor del 62,25%.
El servicio de la deuda pública continúa concentrando una parte considerable de los recursos presupuestarios, debido a las obligaciones de pago de intereses y amortizaciones que debe atender el Estado. Aunque el monto total disminuye nominalmente, el Ejecutivo explicó durante el trámite legislativo que la reducción se concentra principalmente en menores amortizaciones de deuda, relacionadas con operaciones de gestión de pasivos y cambios en las condiciones de financiamiento.
Esto significa que la disminución del presupuesto total no equivale a una reducción de la misma magnitud en los recursos disponibles para prestar servicios públicos, aunque determinadas instituciones y programas sí enfrentan reducciones en sus asignaciones.
El Ejecutivo defendió que la propuesta cumple con la regla fiscal, al mantener el crecimiento de los gastos sujetos a esa restricción por debajo del límite permitido.
La Contraloría General de la República, sin embargo, advirtió durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre riesgos relacionados con las necesidades de financiamiento, el crecimiento de los intereses de la deuda, las obligaciones del Estado con la seguridad social y determinadas disposiciones presupuestarias.
Comisión de Hacendarios modificó recursos de universidades, seguridad e inversión social
El presupuesto llegó al Plenario después de una extensa discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que celebró audiencias con autoridades de ministerios, instituciones públicas, universidades y órganos de control.
La comisión aprobó el dictamen afirmativo de mayoría el 20 de octubre, por seis votos a favor y cinco en contra. El oficialismo respaldó el expediente, mientras las diputaciones del PLN y del Frente Amplio votaron negativamente.
Durante ese trámite se presentaron 137 mociones de fondo, pero la discusión terminó al vencerse el plazo reglamentario, cuando todavía quedaban numerosas propuestas sin votar. Según señaló la diputada Abril Gordienko López durante la discusión plenaria, de las 114 mociones presentadas por la oposición, solamente 13 llegaron a votarse, mientras que las otras 101 se tuvieron por rechazadas sin una votación individual.
Uno de los principales cambios fue la aprobación de una moción promovida por el diputado oficialista Nogui Acosta Jaén para trasladar aproximadamente ₡8048 millones de recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondientes a compromisos de años anteriores, hacia el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el propósito de financiar obligaciones patronales con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
La moción fue inicialmente rechazada por seis votos contra cinco, luego de que la diputada oficialista Kattia Ulate Alvarado votara junto con la oposición. Sin embargo, el resultado se revirtió mediante una revisión posterior, que permitió aprobar la modificación por seis votos contra cinco.
Las universidades públicas cuestionaron la decisión y advirtieron sobre posibles afectaciones a sus programas de expansión regional, matrícula y becas.
Durante la discusión plenaria, diputaciones opositoras señalaron que la Universidad Nacional podría ver comprometidos 417 nuevos cupos de expansión regional, mientras que el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia habían anunciado ajustes en procesos relacionados con admisión y becas.
El oficialismo defendió la reasignación al señalar que las universidades mantienen recursos acumulados de ejercicios anteriores y que corresponde utilizar esas disponibilidades de manera eficiente.
Otra modificación aprobada en comisión trasladó aproximadamente ₡52.701 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para financiar el tramo central de la carretera a San Carlos, mediante recursos provenientes de menores amortizaciones de deuda pública.
La moción fue respaldada por unanimidad. Acosta explicó que el movimiento permitiría financiar la obra con recursos presupuestarios nacionales, ante las dificultades surgidas para utilizar financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También se aprobaron movimientos por aproximadamente ₡8381 millones para fortalecer la seguridad fronteriza, aérea y marítima, mediante el financiamiento de nuevas plazas policiales y sus respectivas cargas sociales. Esta modificación generó cuestionamientos porque una parte de los recursos se obtuvo de partidas relacionadas con obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Redistribución de ₡250.000 millones enfrentó a programas sociales
Una de las modificaciones más controvertidas fue la aprobación de una moción que redistribuyó aproximadamente ₡250.069 millones entre programas financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La propuesta contempló reducciones en determinadas transferencias relacionadas con los Cen-Cinai, el financiamiento de atención sanitaria a personas en condición de calle, los bonos de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y programas administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
A cambio, se reforzaron partidas vinculadas con el Régimen No Contributivo de Pensiones, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el programa Avancemos, comedores escolares y otros mecanismos de protección social.
La modificación fue respaldada por diputaciones oficialistas y liberacionistas, aunque estas últimas manifestaron reparos sobre la necesidad de disminuir determinadas transferencias para fortalecer otras.
Las representantes del PLN defendieron su voto favorable al señalar que algunas instituciones y programas requerían financiamiento adicional urgente, pero cuestionaron que el Gobierno propusiera obtener esos recursos mediante reducciones a otras áreas de atención social.
La diputada liberacionista Diana Murillo Murillo aseguró durante la discusión en comisión que su respaldo había sido un voto de protesta, pues consideraba inaceptable tener que escoger entre financiar unos programas sociales y reducir las asignaciones de otros.
El Frente Amplio se opuso a la forma de financiamiento y cuestionó que el fortalecimiento de unas poblaciones vulnerables implicara disminuir las asignaciones originalmente previstas para otras.
Las restricciones al Poder Judicial concentraron el conflicto
Además de las reducciones presupuestarias cuestionadas durante el trámite, el proyecto conserva cuatro normas de ejecución relacionadas con la administración de recursos del Poder Judicial.
La norma 9 condiciona la utilización de aproximadamente ₡29.843,8 millones, correspondientes a distintas partidas judiciales, al cumplimiento de requisitos vinculados con auditorías, certificaciones y autorizaciones.
Entre las condiciones se encuentran la presentación de información financiera auditada del fideicomiso inmobiliario judicial, verificaciones de la Contraloría General de la República y la intervención de órganos legislativos para autorizar la utilización de recursos.
Otras disposiciones establecen restricciones a los movimientos presupuestarios del Poder Judicial y requisitos adicionales relacionados con la utilización de plazas vacantes, incluidas verificaciones técnicas y autorizaciones externas.
Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, cuestionó estas disposiciones y advirtió de posibles consecuencias para la continuidad de los servicios judiciales.
Las autoridades judiciales señalaron que algunas plazas registradas como vacantes se encuentran ocupadas temporalmente mediante nombramientos interinos. En total, se refirieron a 2463 plazas en esa condición, por lo que advirtieron que las restricciones podrían afectar la continuidad de funciones que actualmente desempeña personal judicial.
La Corte también cuestionó el condicionamiento de recursos destinados a servicios operativos, infraestructura y otras necesidades institucionales.
La Contraloría General de la República manifestó reparos jurídicos sobre varias de las normas de ejecución, al considerar que algunas podrían exceder el contenido propio de una ley presupuestaria o interferir con competencias institucionales.
Durante el trámite en comisión, las diputaciones opositoras presentaron mociones para eliminar o modificar estas disposiciones, pero fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
El principal argumento de la oposición es que las normas introducen mecanismos de control que podrían comprometer la independencia judicial y dificultar las actividades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y otras dependencias. El oficialismo, por su parte, sostiene que las medidas buscan fortalecer la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.
Oficialismo esperó hasta el final para defender el presupuesto
La discusión plenaria comenzó el lunes 2 de noviembre y estuvo marcada por extensas intervenciones de las diputaciones opositoras, que cuestionaron las prioridades presupuestarias del Gobierno y reclamaron que la bancada oficialista no respondiera a sus señalamientos.
Durante las primeras jornadas, diputados del PLN, el Frente Amplio y otras bancadas opositoras concentraron sus intervenciones en educación, universidades, seguridad ciudadana, protección social, ambiente y financiamiento de la CCSS.
El martes 3 de noviembre, el diputado frenteamplista Edgardo Araya Sibaja cuestionó esta situación y afirmó ante el Plenario:
En democracia hay silencios escandalosos y estamos ante uno, estamos ante no un debate democrático, estamos ante un monólogo, porque aquí estamos todos el bloque democrático señalándole a la ciudadanía costarricense los graves problemas, los graves retrocesos, las graves inconstitucionalidades que tiene este presupuesto de la República".
La bancada de Pueblo Soberano, que dispone de 31 escaños y cuenta por sí sola con la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, reservó sus principales discursos para el jueves, cuando las diputaciones opositoras habían agotado prácticamente todo su tiempo de uso de la palabra.
La decisión permitió que los legisladores oficialistas concentraran sus respuestas hacia el cierre de la discusión, aunque algunos diputados de oposición todavía dispusieron de minutos para replicar y cuestionar sus argumentos.
Los oficialistas Ariel Mora Fallas, Royner Mora Ruiz, Kattia Calvo Cruz y Nogui Acosta Jaén encabezaron la defensa del proyecto y los ataques a la oposición por los discursos que habían hecho los días previos.
Nogui Acosta defendió presupuesto y cuestionó superávits universitarios
El diputado Nogui Acosta Jaén, exministro de Hacienda y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, defendió el presupuesto al señalar que las instituciones públicas deben ajustar sus necesidades de gasto a los ingresos que realmente puede obtener el Estado.
Acosta cuestionó que las diputaciones opositoras utilizaran comparaciones presupuestarias sin considerar las modificaciones aprobadas en comisión y la ejecución histórica de los recursos.
En educación, aseguró que el presupuesto original del MEP presentaba una reducción del 0,7%, pero que después de las modificaciones realizadas por los diputados se registraba un aumento del 0,1%.
El oficialista también defendió la reducción de recursos universitarios al señalar que varias instituciones mantienen superávits acumulados y deben utilizar esos fondos antes de solicitar mayores asignaciones.
Como ejemplos, mencionó disponibilidades presupuestarias de aproximadamente ₡67.000 millones en la Universidad de Costa Rica, ₡18.000 millones en la Universidad Nacional y ₡11.000 millones en el Tecnológico de Costa Rica.
Estas cifras fueron utilizadas por Acosta para cuestionar la distribución interna de los recursos universitarios, particularmente entre las sedes centrales y regionales. La existencia de superávits, sin embargo, no significa necesariamente que todos esos recursos estén disponibles para financiar cualquier gasto, pues corresponde distinguir entre fondos libres y recursos comprometidos para obligaciones o proyectos específicos.
Respecto al Poder Judicial, Acosta sostuvo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar cómo distribuye su presupuesto entre las distintas dependencias, incluido el OIJ y el Ministerio Público.
En vivienda, defendió que el presupuesto previsto para bonos habitacionales supera el monto transferido en 2022, mientras que las diputaciones opositoras cuestionaron la reducción respecto a las asignaciones de 2026.
Acosta también defendió la redistribución de recursos para fortalecer las pensiones no contributivas y cuestionó la oposición al proyecto que pretende destinar parte de las contribuciones patronales que actualmente recibe el Banco Popular hacia ese régimen.
El legislador insistió en que la disciplina fiscal resulta necesaria para evitar un crecimiento insostenible de la deuda pública y señaló que las solicitudes de mayores recursos deben acompañarse de propuestas concretas para financiarlas.
En su intervención final, el exministro sostuvo que las personas deben comprender que los impuestos necesitan recaudarse, los préstamos deben conseguirse y los gastos públicos deben financiarse con recursos disponibles.
También cuestionó que las instituciones mantengan excedentes en entidades bancarias mientras el Estado necesita endeudarse para financiar sus transferencias, y defendió la necesidad de introducir reformas que permitan mejorar la gestión de la liquidez pública.
Oficialismo defendió construcción de morgue judicial en la Zona Sur
El diputado oficialista Ariel Mora Fallas dedicó buena parte de su intervención a defender los avances en la construcción del complejo forense de Buenos Aires de Puntarenas, proyecto cuestionado durante la discusión por las restricciones presupuestarias impuestas al Poder Judicial.
Mora presentó antecedentes de la iniciativa, mostró un video de la administración de Rodrigo Chaves Robles y afirmó que el proyecto cuenta con un contrato refrendado por la Contraloría General de la República y que las obras ya comenzaron.
El legislador destacó las gestiones realizadas durante la administración anterior para financiar diseños, resolver necesidades de abastecimiento de agua y permitir el avance del proyecto.
También sostuvo que, si se requieren recursos para etapas adicionales, el Poder Judicial podría buscar financiamiento mediante su fideicomiso inmobiliario. Afirmó que, si la construcción llegara a detenerse, la responsabilidad correspondería al Poder Judicial.
Su compañero de bancada Royner Mora Ruiz respaldó estas afirmaciones y acusó a la oposición de presentar información incorrecta sobre el estado del proyecto.
La diputada liberacionista Diana Murillo Murillo respondió que las gestiones para construir la morgue comenzaron muchos años antes de la administración Chaves Robles y recordó que, durante su paso por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), participó en las negociaciones para donar el terreno donde se desarrollaría la obra.
Murillo rechazó que los avances pudieran atribuirse exclusivamente a una administración y advirtió que las restricciones presupuestarias podrían dificultar la continuidad del proyecto.
Calvo defendió los recortes por baja ejecución de recursos
La diputada oficialista Kattia Calvo Cruz defendió los ajustes presupuestarios al señalar que varias instituciones reciben recursos superiores a los que históricamente han logrado ejecutar.
Calvo sostuvo que no resulta razonable continuar asignando partidas que permanecen sin utilizar y defendió que los recursos públicos deben distribuirse conforme a necesidades acreditadas y capacidades de ejecución.
En particular, aseguró que las reducciones a los Cen-Cinai se calcularon considerando los niveles históricos de gasto y cuestionó las advertencias opositoras sobre las consecuencias de esas modificaciones.
También criticó la administración de fondos universitarios y cuestionó el uso de recursos mediante fundaciones vinculadas con instituciones públicas.
La legisladora rechazó que el silencio inicial de su bancada respondiera a una incapacidad para defender el presupuesto y sostuvo que el oficialismo había optado por escuchar los argumentos de sus adversarios antes de responder.
La oposición, sin embargo, insistió en que la subejecución de determinadas partidas no demuestra necesariamente la inexistencia de necesidades institucionales, especialmente cuando existen listas de espera, infraestructura deteriorada y servicios pendientes de ampliar.
Oposición cuestionó recortes en educación, seguridad y programas sociales
Durante los tres días de discusión, diputaciones del PLN, Frente Amplio y otras bancadas opositoras cuestionaron las prioridades del presupuesto y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para servicios públicos esenciales.
En educación, señalaron que el presupuesto original del MEP contemplaba una reducción cercana a los ₡19.000 millones respecto al año anterior y cuestionaron el incumplimiento del mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación estatal.
También recordaron las órdenes sanitarias pendientes en cientos de escuelas y colegios, los problemas de infraestructura educativa y la existencia de estudiantes que cumplen los requisitos para recibir becas Avancemos, pero todavía no han sido incorporados al programa.
Las diputaciones opositoras criticaron además las disminuciones en recursos para cultura, capacitación docente, conectividad y universidades públicas.
En seguridad, cuestionaron la reducción de asignaciones originales para patrullas, motocicletas, equipo de protección policial, materiales y suministros, así como las restricciones que podrían afectar la capacidad operativa del OIJ y el Ministerio Público.
En programas sociales, las críticas se concentraron en la redistribución de recursos del Fodesaf y en las disminuciones previstas para determinadas partidas de los Cen-Cinai, vivienda, atención de personas en condición de calle y otros programas.
En agricultura y ambiente, el diputado frenteamplista Edgardo Araya Sibaja cuestionó las reducciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), particularmente por sus posibles consecuencias para la asistencia técnica a pequeños productores y la protección de áreas silvestres.
Por su parte, diputaciones liberacionistas insistieron en que la reducción de recursos para programas educativos y sociales debía analizarse junto con las necesidades insatisfechas de la población y no únicamente en función de los porcentajes de ejecución presupuestaria.
Contraloría advirtió sobre obligaciones del Estado con la CCSS
Otro de los principales cuestionamientos se relaciona con la diferencia entre los recursos que la Caja Costarricense de Seguro Social estima necesarios para atender obligaciones estatales y los montos incorporados por el Ministerio de Hacienda.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Contraloría General de la República advirtió que la propuesta presupuestaria presentaba diferencias importantes respecto a las necesidades de financiamiento identificadas por la CCSS.
El órgano contralor señaló riesgos asociados con las obligaciones por aseguramiento de poblaciones cubiertas por el Estado, las contribuciones complementarias para personas trabajadoras independientes y otros compromisos de los regímenes de salud y pensiones.
También advirtió sobre la necesidad de atender los saldos acumulados de la deuda estatal con la institución y establecer mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de sus servicios.
Durante el debate plenario, la diputada del PLN Karol Matamoros Montoya cuestionó que el proyecto no incorporara suficientes recursos para cubrir las obligaciones identificadas por la Caja y advirtió que el faltante podría agravar la presión financiera sobre la institución.
Matamoros también criticó que determinadas modificaciones presupuestarias reforzaran programas sociales mediante reducciones a otras transferencias relacionadas con la seguridad social.
Controversia constitucional por la mayoría requerida en segundo debate
Antes de la votación de este jueves, la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, resolvió que el presupuesto debía tramitarse bajo las disposiciones especiales que regulan la aprobación de la ley presupuestaria y que no correspondía exigir una mayoría calificada de 38 votos.
La decisión provocó una apelación presentada por diputaciones opositoras, que sostuvieron que el artículo 167 de la Constitución Política obliga a consultar a la Corte Suprema de Justicia los proyectos relacionados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial, y exige el voto favorable de dos terceras partes del total de integrantes de la Asamblea Legislativa para apartarse de su criterio.
La diputada del Frente Amplio María Eugenia Román Mora cuestionó que la presidencia legislativa utilizara la ausencia de una consulta formal a la Corte Suprema de Justicia como fundamento para descartar la aplicación de esa disposición constitucional.
Según explicó, aceptar esa interpretación permitiría que la Asamblea Legislativa evitara la obligación de consultar a la Corte simplemente omitiendo el trámite, incluso cuando el órgano judicial hubiera advertido expresamente que una iniciativa afecta su funcionamiento.
Román también cuestionó el tiempo que tardó la Asamblea en remitir el expediente a la Sala Constitucional, pese a la existencia de dos consultas facultativas de constitucionalidad sobre el presupuesto. La legisladora sostuvo que el Congreso debía respetar los plazos previstos en el Reglamento legislativo y esperar el pronunciamiento de la Sala antes de completar el trámite en segundo debate.
Por su parte, el diputado José María Villalta Flórez-Estrada, también del Frente Amplio, argumentó que las disposiciones cuestionadas no son simples reglas para administrar partidas presupuestarias, sino normas que modifican las condiciones bajo las cuales el Poder Judicial puede utilizar los recursos autorizados.
Villalta señaló que las normas 9, 10, 11 y 12 introducen controles adicionales sobre decisiones administrativas del Poder Judicial y atribuyen a órganos externos facultades relacionadas con la ejecución presupuestaria, los movimientos de recursos y la ocupación de plazas.
El legislador sostuvo que estas características hacen aplicable el artículo 167 constitucional, independientemente de que la Asamblea Legislativa hubiera omitido consultar formalmente a la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta Jiménez Fallas defendió su interpretación al señalar que ningún órgano legislativo realizó una consulta oficial a la Corte conforme al procedimiento establecido en la Constitución y que el oficio remitido por el Poder Judicial no podía equipararse a una respuesta vinculante derivada de ese trámite.
Según la presidencia, el presupuesto constituye una ley especial cuya aprobación es obligatoria para garantizar el funcionamiento del Estado y, por tanto, corresponde aplicar las disposiciones constitucionales que regulan específicamente su tramitación y las reglas generales de votación.
La apelación fue rechazada por 31 votos contra 23.
Después del rechazo, las diputaciones opositoras solicitaron revisar la votación para intentar que el Plenario reconsiderara la resolución.
El diputado del PLN Álvaro Ramírez Bogantes recordó que la Corte Suprema de Justicia había remitido el oficio NSP-207-2026, del 20 de octubre, en el cual desarrolló sus objeciones al contenido del presupuesto.
Ramírez sostuvo que ese documento demuestra que el Poder Judicial manifestó oportunamente su oposición a las normas que condicionan la utilización de sus recursos y que la ausencia de una consulta formal no debía utilizarse para desconocer ese pronunciamiento.
A su vez, el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya Sibaja advirtió que una eventual aprobación definitiva del presupuesto sin la mayoría calificada podría generar cuestionamientos posteriores sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo.
La revisión también fue rechazada por 31 votos contra 23, con lo cual quedó firme la resolución de la presidencia y el Plenario procedió a votar el presupuesto en primer debate.
La aprobación en primer debate con 31 votos no constituye, por sí misma, un vicio de procedimiento por falta de mayoría calificada. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido que, cuando un proyecto de ley requiere una mayoría reforzada, esta debe alcanzarse en la votación definitiva en segundo debate, sin que necesariamente deba reunirse desde el primero.
Tras aprobar el presupuesto en primer debate, la presidenta legislativa señaló el lunes 9 de noviembre para iniciar su discusión en segundo debate, a pesar de que hay tres consultas de constitucionalidad en contra del proyecto presentadas.
A pesar de que la Constitución dispone como plazo máximo a finales de noviembre para que el proyecto esté definitivamente aprobado por el Congreso, el oficialismo pretende acelerar lo más posible la discusión sobre ese tema y pasar a otros asuntos de la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 25.619 "Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales".
— La Comisión de Relaciones Internacionales dictaminó afirmativamente el expediente 25.746 "Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe".
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
