El Tribunal Contencioso Administrativo determinó que el acuerdo del Concejo era de mero trámite y señaló que el alcalde tenía un interés personal en uno de los asuntos relacionados con pagos retroactivos de anualidades.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó un veto presentado por el alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez Quirós, contra un acuerdo mediante el cual seis regidores solicitaron a la Administración Municipal información y aclaraciones sobre diferentes asuntos financieros y administrativos.
La resolución, dictada el 6 de noviembre, corresponde al expediente 26-002538-1027-CA y analiza el veto planteado contra el acuerdo 35 aprobado por el Concejo Municipal de Paraíso el 14 de abril de 2026.
La moción fue presentada por los regidores propietarios Luis Diego Calderón Sánchez, Aldo Mata Coghi, Agustín Siles Solano, Silvia Arce Araya, Milanny Obando Mora y Jaime Coto Espinoza, y quedó aprobada con seis votos a favor y uno en contra.
Qué información había solicitado el Concejo
El acuerdo reunió solicitudes relacionadas con diferentes asuntos pendientes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Entre ellas figuraban aclaraciones sobre pagos retroactivos de anualidades y aumentos salariales, incluyendo bases salariales, formas de cálculo, evaluaciones de desempeño y pagos realizados a funcionarios de elección popular.
Los regidores también solicitaron información sobre facturas de la empresa CONANSA y un criterio jurídico acerca de la tramitación y prórrogas de una licitación, con el fin de determinar si las facturas se ajustaban al procedimiento correspondiente.
El acuerdo incluyó además requerimientos relacionados con las tarifas del acueducto municipal. El Concejo pidió a la Administración atender un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y aclarar si mantendría una negativa a suministrar información adicional para que la comisión pudiera resolver con los elementos disponibles.
Álvarez presentó el veto el 17 de abril y pidió al Concejo dejar sin efecto el acuerdo. Argumentó razones de ilegalidad e inoportunidad y solicitó que la Comisión de Hacienda y Presupuesto realizara el análisis técnico y jurídico que, a su criterio, correspondía antes de emitir dictámenes sobre asuntos tarifarios y de hacienda municipal.
Al respecto, el regidor Calderón señaló:
El Alcalde pretendía con el veto no dar más información y detener las discusiones de dichos temas en las comisiones municipales donde se analizaron los mismos. Parte de esta situación impidió terminar los análisis correspondientes y no aprobar el pliego tarifario del acueducto municipal donde proponía un incremento del 48% en la tarifa hídrica del cantón".
Tribunal determinó que acuerdo no podía vetarse
El Tribunal concluyó que el acuerdo no tomaba decisiones de fondo, sino que recopilaba solicitudes de información, aclaraciones y ampliaciones necesarias para asuntos todavía en trámite ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
La resolución recuerda que este tipo de acuerdos de mero trámite no están sujetos al veto del alcalde, de acuerdo con el artículo 169 del Código Municipal.
El Tribunal también determinó que Álvarez tenía interés personal en el apartado relacionado con el pago retroactivo de anualidades, pues entre la información requerida figuraban pagos efectuados a funcionarios o exfuncionarios de elección popular. El Código Municipal también excluye del veto los asuntos en los que el alcalde tenga interés personal directo o indirecto.
Con base en esas razones, el juez Rodrigo Huertas Durán rechazó el veto interpuesto por el alcalde. La sentencia no resolvió el fondo de los cuestionamientos planteados por los regidores sobre tarifas, anualidades o contrataciones, sino únicamente la procedencia del veto contra el acuerdo que solicitaba esas aclaraciones.
