Legisladores del PLN, PUSC y Frente Amplio cuestionaron que el Gobierno ofreciera inversiones a cambio de retirar procesos judiciales contra un relleno sanitario.
Cuatro diputados de tres partidos de oposición cuestionaron este jueves al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por condicionar inversiones públicas en Turrúcares de Alajuela a que la Municipalidad retire los procesos judiciales contra los permisos otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita, proyecto impulsado por la empresa EBI.
Los cuestionamientos provinieron de Álvaro Ramírez Bogantes y Janice Sandí Morales, del Partido Liberación Nacional (PLN); Sigrid Segura Artavia, del Frente Amplio (FA); y Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Los tres primeros utilizaron el espacio de control político de la Asamblea Legislativa para pronunciarse, mientras que Gordienko reaccionó por separado.
Las críticas surgieron después de que Chaves encabezara ayer miércoles un conversatorio con vecinos, autoridades municipales y jerarcas gubernamentales, durante el cual ofreció inversiones en carreteras, puentes, infraestructura educativa, centros de atención infantil y servicios para personas adultas mayores. El ministro condicionó el inicio de esas inversiones a que el Concejo Municipal de Alajuela desista de sus acciones judiciales contra los permisos del relleno sanitario.
Durante la actividad, Chaves también advirtió que retiraría el ofrecimiento cuando el Ministerio de Hacienda tuviera que desembolsar aproximadamente ₡2000 millones para financiar la defensa de Costa Rica en un arbitraje internacional promovido por la empresa, que el jerarca estima podría representar un riesgo económico de hasta $150 millones para el Estado.
PLN denuncia "chantaje y extorsión política"
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez Bogantes, calificó el encuentro como un intento de presionar a los habitantes de Turrúcares para aceptar un proyecto que parte de la comunidad rechaza por sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.
Lo que el Gobierno presentó como un diálogo con la comunidad de Turrúcares terminó convirtiéndose en un ejercicio de chantaje y extorsión política inaceptable".
Ramírez sostuvo que las carreteras, los puentes, las escuelas, los Ebáis y demás instalaciones comunales constituyen obligaciones públicas y no beneficios que los funcionarios puedan ofrecer a cambio de determinadas decisiones.
Las carreteras, los puentes, las escuelas, los EBAIS, los parques y las demás obras no son favores ni del ministro de la Presidencia ni de ningún funcionario público. Tampoco pueden ser moneda de cambio para negociar la voluntad de los ciudadanos. Son obligaciones del Estado financiadas con impuestos de todos los costarricenses".
El legislador también cuestionó las advertencias de Chaves sobre el arbitraje internacional y, particularmente, la disponibilidad de los ₡2000 millones que el Gobierno afirma necesitar para contratar su defensa jurídica.
Según Ramírez, esos recursos no figuran en el presupuesto extraordinario ni en el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), institución responsable de coordinar la defensa del país en controversias internacionales de inversión.
El jefe del PLN recordó que la Municipalidad de Alajuela inició actuaciones para anular los permisos de uso de suelo del proyecto por presuntas irregularidades relacionadas con el plan regulador del cantón. Asimismo, advirtió que retirar los procesos judiciales no implicaría necesariamente una autorización automática para construir el relleno sanitario.
Ramírez planteó dudas sobre los intereses que motivan la intervención gubernamental y pidió aclarar si las actuaciones responden a la defensa del bienestar colectivo o a los intereses de la empresa privada. También atribuyó la crisis nacional de disposición de residuos a la falta de planificación y decisiones de las autoridades.
Las comunidades no están en venta. Ningún puente, ninguna carretera, ninguna obra pública justifican que se pretenda comprar la voluntad de los ciudadanos".
Frente Amplio cuestiona vínculos de exgerente de EBI con financiamiento oficialista
La diputada Sigrid Segura Artavia, del Frente Amplio, también calificó el ofrecimiento gubernamental como un chantaje y cuestionó que las necesidades de la comunidad se utilicen para conseguir el retiro de procesos judiciales relacionados con una empresa privada.
Segura recordó que visitó Turrúcares el pasado 25 de septiembre y afirmó que los terrenos donde se pretende desarrollar el relleno sanitario se encuentran junto al corredor biológico Garcimuñoz. También cuestionó que Chaves ordenara al ministro de Educación Pública suspender las gestiones para valorar la adquisición de un terreno destinado a construir un colegio técnico profesional.
Es decir, si quieren colegio, primero basurero, si quieren carreteras, primero basurero, si quieren centros de cuido primero basurero".
La frenteamplista sostuvo que las actuaciones del ministro justifican solicitar explicaciones sobre posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones y planteó interrogantes sobre los intereses que podrían estar detrás de su intervención.
¿Por qué le urge tanto al ministro Chaves este basurero? ¿Qué compromisos tiene? ¿Acaso le debe cariñitos a alguien?".
Segura también recordó que Juan Carlos Obando Umaña, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica, donó ₡5 millones a la campaña presidencial de Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), según informó La Nación el 15 de enero de 2026.
La legisladora mencionó además los antecedentes judiciales de Obando, quien fue condenado en 2010 a un año de prisión por cohecho impropio, en la modalidad de penalidad del corruptor, por entregar una dádiva al entonces alcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán, durante las gestiones relacionadas con un proyecto de relleno sanitario de EBI en ese cantón. La condena quedó firme en 2011.
Obando también trabajó como gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, empresa vinculada con el proyecto minero de Crucitas, que perdió un arbitraje internacional contra Costa Rica.
Segura utilizó esos antecedentes para cuestionar si las actuaciones gubernamentales buscan favorecer indebidamente a personas vinculadas con el financiamiento de la campaña oficialista y pidió explicaciones sobre un eventual tráfico de influencias o abuso de autoridad.
La diputada cerró su intervención reclamando respeto para los habitantes de Turrúcares y rechazando que las inversiones sociales se utilicen para condicionar las decisiones de una comunidad.
Las carreteras, los colegios, los centros de cuido no son regalos del gobierno, son obras que se construyen con la plata de todos los costarricenses. Turrúcares no está a la venta y Costa Rica tampoco".
Sandí cuestiona irregularidades en permisos y advierte sobre riesgos sanitarios
La diputada liberacionista Janice Sandí Morales también denunció que Chaves utilizara las necesidades de infraestructura de Turrúcares como instrumento de presión para conseguir que la Municipalidad retire los procesos judiciales contra los permisos del proyecto.
Eso, señores, no es una moneda de cambio. Eso es inversión social necesaria. Y justamente por eso no puede usarse como un vulgar chantaje".
Sandí destacó que las acciones judiciales municipales responden a cuestionamientos sobre la legalidad de las autorizaciones otorgadas para desarrollar el relleno sanitario. Según afirmó, una auditoría municipal determinó que cuatro permisos de uso de suelo fueron tramitados y aprobados el mismo 6 de septiembre de 2011, pese a que el procedimiento normalmente requiere varios meses.
La legisladora agregó que los permisos correspondían a una actividad industrial en terrenos donde el plan regulador establece usos agrícolas y zonas de protección. Por ello, defendió que los cuestionamientos sobre esas autorizaciones sean examinados por las autoridades competentes.
Denunciar e investigar no es un estorbo. Eso es transparencia y fortalece la confianza de las instituciones en la democracia".
Sandí, médica de profesión, también advirtió sobre los posibles riesgos ambientales y sanitarios asociados con una gestión inadecuada de los residuos sólidos. Mencionó denuncias de comunidades de Desamparados y Aserrí por malos olores y tránsito de camiones recolectores, así como un colapso de material ocurrido en 2017 en el relleno sanitario de La Carpio, que, según recordó, afectó el río Virilla.
La diputada señaló que la exposición a contaminantes puede producirse mediante el aire, el agua, los suelos o los alimentos, y pidió prestar especial atención a niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y trabajadores que manipulan residuos.
Por eso me parece indignante lo que vimos anoche, una coerción, una extorsión desde el Ministerio de Hacienda para que una comunidad acepte vivir con un relleno sanitario en beneficio de una empresa extranjera y se exponga a graves problemas de salud pública si no se gestiona adecuadamente".
Sandí también cuestionó la política nacional de manejo de residuos. Afirmó que Costa Rica produce aproximadamente cuatro millones de kilogramos de basura diarios y recicla apenas el 4%, cifras que utilizó para reclamar mayores esfuerzos gubernamentales en reducción, reutilización y valorización de desechos.
Entre las alternativas que mencionó figuran el compostaje industrial y la digestión anaerobia, un proceso que permite descomponer materia orgánica sin oxígeno para producir biogás y otros materiales aprovechables.
La liberacionista sostuvo que la solución requiere planificación y diálogo con las comunidades, y rechazó que las inversiones públicas estén supeditadas al abandono de acciones judiciales.
PUSC critica trato a los vecinos y pide diálogo
Por su parte, la diputada Abril Gordienko López, del PUSC, calificó de "totalmente inadecuada" la dinámica del conversatorio y cuestionó que Chaves asumiera el protagonismo de una discusión en la que, a su criterio, debieron tener mayor participación las autoridades de Salud y Ambiente.
La legisladora también criticó que el Gobierno ofreciera carreteras, puentes, infraestructura para el CEN-CINAI, instalaciones deportivas y servicios para personas adultas mayores como parte de una negociación relacionada con la aceptación del relleno sanitario.
Gordienko cuestionó además la actitud de Chaves hacia algunas personas que manifestaron su oposición al proyecto y sostuvo que los habitantes tenían derecho a expresar sus preocupaciones sin recibir un trato agresivo.
Realmente no sé cuán bajo se puede caer. Comprendo perfectamente el enojo de la comunidad de Turrúcares que los lleguen a tratar de esa forma, a ofenderlos con una actitud totalmente agresiva, con tal de acallar su oposición y su derecho a expresarse como comunidad, que es lo que quieren para ellos mismos".
La diputada reconoció que Costa Rica necesita resolver la crisis de disposición de residuos sólidos, pero rechazó que la solución se imponga mediante ofrecimientos condicionados a las comunidades afectadas.
Sin duda, la crisis de los desechos sólidos hay que resolverla, pero no es esa la manera. Hay que sentarse a dialogar, no a imponer".
Gobierno mantiene oferta condicionada a decisión municipal
Durante el conversatorio del miércoles, Chaves defendió su propuesta argumentando que Costa Rica enfrenta un riesgo económico por el arbitraje internacional relacionado con los permisos de EBI y que la Municipalidad debe resolver las controversias que, según su criterio, originó al otorgar y posteriormente cuestionar las autorizaciones.
El ministro sostuvo que las inversiones ofrecidas servirían para compensar a Turrúcares por aceptar una instalación de disposición de residuos y aseguró que el Gobierno estaba dispuesto a formalizar los compromisos una vez que el Concejo Municipal adoptara las decisiones necesarias.
Chaves también manifestó que el Gobierno no iniciaría determinadas gestiones, como los avalúos de terrenos para infraestructura educativa, mientras la Municipalidad no resolviera la controversia con la empresa.
El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, describió durante la actividad el ofrecimiento gubernamental como un "trueque" y sostuvo que los habitantes de Turrúcares debían tener participación en la decisión.
El conversatorio concluyó sin que el Concejo Municipal acordara retirar las acciones judiciales, sin un convenio firmado sobre las inversiones anunciadas y sin una resolución definitiva sobre la construcción del relleno sanitario.
